Un triunfo para la libertad de expresión en materia de crímenes del pasado

El pasado mes de septiembre el ex capitán del Ejército, Billy Joya, presentó una querella en contra del diputado Jorge Cálix, quien, en el contexto de las actuales ejecuciones arbitrarias, le recordó sus antecedentes como fundador del Escuadrón de la Muerte 3-16, que durante los años 80 ejecutó una política de terror en contra de quienes eran considerados enemigos políticos.

Dicha política implicó la ejecución de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de centenares de personas, las cuales fueron documentadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en su informe titulado “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993”. Todos estos crímenes se encuentran en absoluta impunidad.

La semana pasada, el magistrado Jorge Abilio Serrano, nombrado juez natural por la Corte Suprema de Justicia para conocer dicha querella, la declaró inadmisible, lo cual tiene varios elementos de suma importancia. En primer lugar, se viene abajo la estrategia de quienes son señalados como responsables de graves violaciones a derechos humanos para silenciar a quienes denunciamos su impunidad.

En segundo lugar, deja claro que los crímenes del pasado y la responsabilidad de Billy Joya es un discurso de interés público que goza de un especial nivel de protección en el marco del derecho a la libertad de expresión por su importancia crítica para el funcionamiento de la democracia, la cual no puede sostenerse sin un verdadero proceso de rendición de cuentas.

En tercer lugar, brinda una enorme oportunidad para posicionar en el debate público la exigencia al sistema de justicia de que reactive el impulso de investigaciones serias y efectivas que satisfagan el derecho de las víctimas y sus familiares, y de la sociedad de conocer las circunstancias que rodearon tales violaciones y la responsabilidad de las mismas.

Y en cuarto lugar, recuerda que, como lo señala el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado de Honduras tiene la obligación de “hacer frente a las atrocidades cometidas en el pasado, tener en cuenta las necesidades de las víctimas y su derecho a un recurso efectivo, e impedir que vuelvan a producirse”.

Nunca debemos olvidar que las víctimas de las violaciones a derechos humanos atribuidas a Billy Joya tienen el derecho a conocer la verdad de lo sucedido a través de investigaciones serias y efectivas que se concreten en la sanción de todos los responsables. Solo así es posible romper el silencio cómplice con estos crímenes y transitar hacia una verdadera democratización del país.