La llegada a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, vuelve a exponer una de las mayores deudas del sistema judicial hondureño: los casos de corrupción que marcaron su administración y que, pese a las investigaciones de la MACCIH y el Ministerio Público, terminaron estancados, archivados o con sobreseimientos. Su retorno reabre el debate sobre la impunidad y la capacidad del Estado para juzgar la corrupción al más alto nivel.