Pasan los días y el conflicto educativo lejos de solucionarse muestra signos de agudización. El gobierno y estudiantes no encuentran punto de partida para el diálogo y por el contrario han emprendido con fuerza medidas de presión.

Por una parte los estudiantes continúan con las tomas de los colegios públicos en San Pedro Sula y en otras regiones del país, mientras que la Secretaría de Educación, además de cerrar algunos institutos ahora ordenó la reubicación de los docentes para que se integren a otras labores en distintos centros.

La última semana dejó tomas de carreteras, represión policial, detenidos y procesos de privatización, el hábito del diálogo se perdió hace mucho, provocando que las tensiones aumenten.

Al movimiento estudiantil se han sumado padres y madres de familia y docentes, todos bajo las demandas básicas: que se modifique el mandato de alfabetización como requisito de graduación a nivel nacional, que todos los centros tengan la autonomía de presentar un proyecto de Trabajo Educativo Social y que el gobierno sea quien financie los procesos.

“La presión aumentará, creo que los padres y madres de familia están acompañando a los estudiantes, en una alianza para presionar al gobierno contra esta medida que nos afecta a todos.
Hemos coincidido padres, madres, estudiantes y docentes para hacer un análisis de la situación en los colegios y presentar un proyecto alternativo de Trabajo Educativo Social.

Además los alumnos no están preparados para alfabetizar, ese es un trabajo exclusivo para los docentes del país y no para los jóvenes que apenas están formándose en su lindero académico”, explicó uno de los padres que acompañó a los estudiantes a las protestas recientes.

Guadalupe Zúniga, madre de familia dijo: “no es justo lo que están haciendo porque el financiamiento cae sobre nosotros, imagínese que debemos darle a algunas personas hasta cien semanal, no  podemos con esta medida.
Ojalá las autoridades puedan rectificar, para nosotros es difícil ya que las responsabilidades económicas son innumerables. Exigimos que nos den cuenta sobre los fondos perdidos en la Secretaría de Educación y que nos digan por qué el gobierno no quiere financiar la alfabetización.

Nos unimos a la lucha estudiantil y los acompañaremos hasta que el gobierno tenga la disposición de dialogar”, concluyó.

Ante la falta de diálogo, surge la represión

“Condenamos esa actitud del gobierno de no querer dialogar sobre los problemas de la educación, y que por el contrario, su apuesta sea directa a sancionar, reprimir y a llevarse  a quien se le cruce en su camino; esto es una dictadura”, manifestó indignado un docente que acuerpó las protestas estudiantiles, pero que se reservó su nombre por miedo a ser sancionado por la departamental de Educación en Cortés.

Ante el conflicto varios sectores han buscado ser mediadores en el conflicto, para evitar acontecimientos como las represiones policiales contra los estudiantes, aún no hay resultados.

Uno de ellos es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en la zona norte, quien la semana pasada visitó a estudiantes y autoridades para hacerles un llamado al diálogo.

“Buscamos ser mediadores en este conflicto, ambas partes empiezan a dar pasos al diálogo pero sabemos que tanto alumnos como autoridades deben ceder en algunos aspectos.

Por el momento el gobierno dijo que los colegios pueden presentar proyectos alternos de Trabajo Social, esta semana hemos buscado a estudiantes y autoridades para proponer una fecha y sentarnos a conversar.

Fuimos testigos de la jornada de represión el pasado viernes, no queremos que se repita, la Policía no puede usar la fuerza y más en contra de menores de edad, la denuncia está interpuesta ante los organismos correspondientes.

Seguiremos vigilantes de posibles violaciones a derechos humanos que se puedan dar en este proceso”, culminó Wilfredo Castellanos titular de este organismo en el norte de Honduras.
Los estudiantes no se han salvado de la criminalización, y luego de la represión del pasado viernes, cinco jóvenes fueron puesto bajo las órdenes de los tribunales quienes los dejaron en libertad bajo medidas condicionantes.

Los alumnos que enfrentan criminalización son: Jorge Efraín Núñez Cruz, Javier Alexander Mejía, Marlon Miguel García, José Zavala y José Daniel Figueroa.

La abogada Merary Ávila de la Coalición contra la Impunidad, y quien acompañó el proceso judicial contra los alumnos manifestó: “Los estudiantes fueron liberados, pero bajo medidas condicionantes en las que deben ir a firmar mientras se realiza la primera audiencia programada para el 30 de mayo.

Rechazamos la criminalización de los estudiantes a quienes se les acusa de Asociación Ilícita y de ser los responsables de destruir una patrulla policial.

Tenemos pruebas testificales que esto no es así y vamos a dar la pelea en los tribunales y así evitar que se cometa una injusticia contra los estudiantes”.

Reasignación

Producto de este conflicto, el gobierno anunció en las últimas horas que reubicará a varios docentes a otros centros educativos del departamento de Cortés a raíz del cierre de los institutos tomados por los estudiantes.

El profesor Ángel Castillo condena tal mandato: “es un atropello a nuestra estabilidad laboral, el gobierno está pasando sobre nosotros y con la reubicación implica ir a zonas de riesgo, a sitios donde no estamos asignados por ley.

Hacemos un llamado a la base, a la dirigencia y a todo el magisterio para que se pronuncie contra esta nueva disposición, es necesario defender nuestros derechos y no dejar que este gobierno los violente sin impedimento alguno.

Lamentamos la poca disposición del gobierno de dialogar para buscar salidas consensuadas a los problemas en educación, el ministro lejos de buscar esa vía le apuesta a la represión y cree que sancionando las cosas se solventarán.
Los jóvenes están en todo su derecho de protestar, sabemos que tienen la razón y es ahí donde el gobierno debe sentarse a dialogar”, culminó.

Para el analista Julio Escoto, la situación que atraviesa el sistema educativo es lamentable, ya que la crisis se debe a la incapacidad de las personas que están frente a esas instituciones.

Escoto dijo a Radio Progreso que este es un problema estructural, por lo tanto el gobierno está obligado a combatirlo en todas sus facetas, pero lamenta que a simple vista se ve la falta de voluntad política.

La problemática en educación seguirá para los próximos días, a la espera de un diálogo entre ambas partes que daría paso a la primera etapa de solución al problema.