Más de 20 comunidades del sector Mezapa y Pajuiles en Tela, Atlántida, continúan su lucha en contra del proyecto hidroeléctrico “Los Planes”, de la empresa Centrales El Progreso “HIDROCEP”, propiedad del empresario Jason Hawit Bueso, quien ha sido denunciado ante el Ministerio Público por provocar daños irreversibles al ambiente.
El 22 de febrero, nuevamente la ciudadanía bloqueó el paso de la carretera CA-13, a la altura de Pajuiles, como medida de presión ante la lentitud de las autoridades de cancelar los trabajos de construcción de la empresa. Las comunidades también han denunciado al alcalde de Tela Mario Fuentes por abuso de autoridad, debido a que el edil aprobó en noviembre de 2016, en cabildo abierto con vicios de nulidad, la construcción de la represa.
La toma de carretera se desarrolló de forma pacífica y duró aproximadamente cuatro horas, hasta que la policía intervino logrando que las comunidades se reunieran ese mismo día en horas de la tarde con la gobernadora de Atlántida Francis Castro, la coordinadora de fiscales Marlene Martínez y un representante del Instituto de Conservación Forestal.
En la reunión representantes de las comunidades reiteraron las irregularidades cometidas tanto por la alcaldía como por autoridades del ambiente en el proceso de licenciamiento de la hidroeléctrica, así como en el incumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y la falta de información hacia las comunidades. Además se acordó realizar una inspección en el sitio el lunes 27 de febrero, suspender los trabajos en la hidroeléctrica y establecer un proceso de diálogo con las instancias nacionales y regionales.
Contexto
El municipio de Tela por su riqueza natural se ve constantemente amenazado por empresas extractivistas que sin importar el daño, la persecución y criminalización que ocasionan en las comunidades buscan instalar sus proyectos. Según datos de organizaciones ambientalistas solo en Atlántida existen 32 concesiones para explotación minera y 24 para represas hidroeléctricas.
En abril de 2016, el empresario Jason Hawit, comenzó a construir en la montaña un plantel para el cuarto de maquinaria de la hidroeléctrica. Esto implicó talar más de mil 200 árboles y contaminar con sedimento dos cuencas de agua que abastecen las comunidades de Pajuiles y Planes.
“A pesar que el Ministerio Público ordenó parar la maquinaria éstas continúan trabajando” Ernaldo Nataren del sector Mezapa en Tela, denuncio esto en el programa Foros Populares de Radio Progreso. El dirigente afirma que según el Instituto de Conservación Forestal, hasta el momento se han talado más de mil 200 árboles y que la empresa ha manipulado la situación sembrando zacate y arbustos en el lugar donde antes había caoba y robles de 30 años de edad.
En mayo de 2016, las comunidades realizaron la primera denuncia contra el empresario Jason Hawit por los daños ocasionado al ambiente. También se solicitó a la alcaldía de Tela la realización de un cabildo abierto para solucionar el problema ambiental. A raíz de esta denuncia la población se reunió en repetidas ocasiones con el edil Mario Fuentes, pero las promesas del funcionario quedaron en papel mojado.
Ante las presiones de la gente afectada por el proyecto, en junio de 2016, el alcalde convocó a un cabildo abierto pero él no se presentó. Únicamente lo hicieron los regidores. La acción del edil indignó más a la ciudadanía que inmediatamente se trasladó a protestar frente al palacio municipal, donde logaron que los regidores se comprometieran a convocar nuevamente a otro cabildo.
Fue hasta noviembre de 2016 que se realizó el cabildo en la comunidad de Miramar, una aldea ubicada en la parte alta del municipio, donde según la población es difícil el acceso y nada tiene que ver con el proyecto. En ese lugar, a pesar de la oposición Mario Fuentes aprobó la construcción de la represa. Un mes después las comunidades denunciaron por abuso de autoridad al alcalde e impugnaron el cabildo abierto.
En enero de 2017, el técnico ambientalista de fiscalía y el fiscal Randy Mejía junto a las comunidades levantaron un informe sobre la contaminación que la empresa ha provocado en el río. La fiscalía ordenó parar los trabajos de las máquinas en la zona. Ese mismo día por la noche el fiscal Randy sufrió un atentado a muerte a la altura del jardín botánico Lancetilla de Tela. “Hemos recibido amenazas y hostigamiento” agrega Ernaldo asegurando que no han recibido respuesta por parte de las autoridades.
Violado el derecho al agua
A pesar que existe una orden del Ministerio Público de parar los trabajos de la empresa, ésta sigue destruyendo sin misericordia la cordillera Nombre de Dios en Atlántida denuncia la población. Albertina López vive en Planes de Arena Blanca. Ella afirma que la empresa de Jason Hawit ha dañado el proyecto de agua de la comunidad y que ahora los vecinos se ven obligados a comprar agua embotellada.
“Antes tomábamos agua de tubo y hoy tenemos que conseguir 30 lempiras para comprar un botellón” expresa con indignación Albertina, una mujer que permanece en todas las acciones de protesta que convoca la comunidad. “El agua de la llave es puro lodo”, agrega confirmando que la llegada de la empresa ha cambiado para mal la vida de las comunidades.
“Honduras es firmante de convenios internacionales que reconocen el agua como derecho humano pero el gobierno incumple” manifiesta el investigador Pedro Landa del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación Eric. Pedro señala que las comunidades pueden ampararse en esos tratados y convenios para exigir la salida inmediata de la hidroeléctrica.
Las comunidades se oponen a la construcción de proyectos hidroeléctricos porque conocen ejemplos como el de Aguacatales en el departamento de La Paz, donde hace algunos años la diputada Gladys Aurora, vice presidenta del Congreso Nacional, llegó con cientos de promesas de prosperidad a cambio de instalar una represa hidroeléctrica. Al final lo logró, instaló su proyecto, pero las comunidades se quedaron sin río y sin tener acceso al agua.
