La defensa de los bienes naturales es sinónimo de amenazas, hostigamientos e incluso la muerte en Honduras. En momentos en que el gobierno, sin consultar a las comunidades, ha entregado muchos proyectos hidroeléctricos y mineros, en varias zonas del país, aumenta la resistencia de las comunidades y con ello las denuncias por amenazas.
Kevin Ramírez, es un habitante de la comunidad El Listón en Quimistán, Santa Bárbara, en el occidente del país. Él y los habitantes de la comunidad se oponen a la construcción de la represa hidroeléctrica Paso Viejo de la familia Canahuati.
“He tenido amenazas desde el 2012, empezaron con promociones de la represa de los Canahuati. El señor que me amenaza es de la comunidad. Él llegó a ofrecer comida, zinc, cemento, y ahora más porque se ha agarrado de la “Vida Mejor” y nos ha hecho la vida imposible” narró Kevin.
El ambientalista detalla que ha recibido amenazas y notas. Contó que en el mes de julio entró a su casa una persona de nombre Isaías Méndez, supuestamente a matarlo, y al no encontrarlo entonces agarró a su mujer, Dilcia Rodríguez, y le puso el machete en el cuello.
“Yo vine de la iglesia porque los martes nos reunimos del consejo comunitario para planear el mismo trabajo de defender el ambiente, el agua. Legué y vi a mi esposa estaba tirada en el suelo y no podía hablar, desde allí yo tuve que salir de la comunidad” dijo Kevin Ramírez.
Zozobra familiar
La represa que quiere construir “Paso Viejo” se alimentará de los ríos: Río Negro que nace en la aldea de Brisas del Río Negro. También del Río Listón, el más grande, y que baña la aldea Listón, y el Río Cuyamel que abastece de agua a comunidades como Paso Viejo. Las comunidades identifican a Jhony Canahuati como propietario del proyecto.
Uno de los primeros espacios que sufren tras que un defensor recibe amenazas, es la propia familia. Muchos ambientalistas en Honduras, tras recibir amenazas, tratan de mantener el tema oculto para no afectar la salud mental de quiénes los rodean. El caso de Kevin ha sido distinto.
“He tenido muchas amenazas, notas, mensajitos. Las primeras notas dicen que me daban 15 días sino que me van a ir a matar, entonces yo me preparé en esos días donde el suegro y mi papá, y la demás familia también se prepararon, pero en esa fecha no llegó la persona. Hoy lo que dicen que hay que sacarme, dicen “a este tigre hay que callarle el pico o hay que sacarlo de aquí sea como sea”, aseguró el ambientalista.
Ramírez aseguró que ha salido de su comunidad, puso la denuncia y no se ha hecho nada. “Después de eso ellos han hecho tiros cerca de la casa, en la calle, y mis hijos lo escuchan y me dicen “papa, es aquel hombre”. No podemos dormir a veces pensando en que van a ir hacer algo” dijo Kevin.
Círculo de poder e impunidad
Kevin Ramírez se ha visto en la necesidad de salir en dos ocasiones de su comunidad debido a que sus denuncias no prosperan por los compadrazgos, amistades y cruce de negocios que tienen los responsables de aplicar la justicia en el país.
La única respuesta a la denuncia que ha recibido Kevin es que en el Juzgado de Paz le ofrecieron una reconciliación entre las dos partes, algo que no acepta porque cree que con una reconciliación no habrá arreglo, sobre todo porque quiénes lo están amenazando son reconocidos activistas del Partido Nacional.
“La jueza se lleva bien con el juez de policía Camilo Arriaga, y Camilo Arriaga me manda para la DGIC, ellos me toman la denuncia, de allí me mandan de nuevo para la posta policial, y solo así, entonces yo en esa policía no confío” dijo Kevin Ramírez.
El 30 de septiembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Kevin medidas cautelares. El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Según lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente.
