El asesinato de diez periodistas, entre ellos trabajadores de los medios de comunicación y comunicadores sociales, y 94 agresiones a la libertad de expresión se registraron durante el 2014, detalla en su reciente informe el Comité por la Libre Expresión –C-LIBRE-. El asesinato Carlos Mejía Orellana, gerente de Mercadeo de Radio Progreso, hecho ocurrido el 11 de abril de 2014, se registra entre los diez asesinatos presentados por C-LIBRE.

El informe llamado “Contra el Silencio Forzado: la Lucha por la Libre Expresión”, rescata desde una perspectiva cualitativa hechos referidos a la violación a la libre expresión en Honduras, dijo Arnaldo Rodríguez, miembro de la junta directiva   de C-LIBRE.  El documento plantea, por primera vez, una separación a nivel territorial de violaciones que se dan en las zonas rurales y en las ciudades intermedias, no solo las agresiones y violencias registradas en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Entre los departamentos que presenta el mayor número de agresiones  está Francisco Morazán con 46, Cortés con 11, y le siguen Yoro y Colón. Las agresiones vienen de parte de las  autoridades estatales, lo que se convierte en una preocupación, ya que el Estado en vez de garantizar el derecho lo está violentando.

Según el informe, el 2014 Radio Globo recibió 15 agresiones, siendo el más agredido en ese y en el actual período, lo que indica un aumento de las agresiones, crímenes y amenazas contra la vida y el libre ejercicio de la comunicación.

El Estado sigue siendo el mayor violador de la libertad de expresión, citando los casos particulares de las amenazas de muerte contra el periodista David Romero Ellner, director de Radio Globo y de Globo TV; el Canal Cholusat Sur, que recibió una advertencia de cierre de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por transmitir denuncias de presuntos actos de corrupción cometidos por el gobierno y funcionarios públicos y el juicio del periodista Julio Ernesto Alvarado, querellado por la Decana de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Arnaldo Rodríguez agregó que: “el informe destaca 14 intimidaciones, 4 atentados, seis querellas, también represión judicial (6 casos) y  13 amenazas”. Además se hace énfasis de la restricción informativa en la cual se reportaron 6 casos, denunciándose principalmente a las municipalidades”.

El documento también señala que desde el ejecutivo se mantiene una situación de intimidación permanente hacia los medios de comunicación, con algunos casos que han terminado en homicidios. La escalada de violencia en contra de los periodistas y las periodistas se mantienen constantes desde el 2009, como parte de la nueva correlación represiva de fuerzas que se ha venido conformando en el marco de un Estado militarizado.

El informe añade que en la Honduras posgolpe de Estado, predomina una política de intimidación contra el ejercicio de la libertad de información y la libre expresión, llegando a recurrir a la vía judicial para eludir las denuncias de corrupción hechas por periodistas y defensores de derechos humanos.

Dicho informe cita los casos particulares de Albertina Manueles Pérez, indígena corresponsal de Radio Progreso que fue demandada por el delito de sedición; Alex Sabillón López, sobre quien C-Libre ha emitido tres alertas para proteger su vida y Gilberto Gálvez, periodista del municipio de La Paz, que enfrenta una querella de parte de la regidora Melida Isis Velásquez por difundir información pública.

Debido a las amenazas que ha recibido por informar al pueblo del departamento de La Paz, en la semana del periodista,  C-Libre  otorgó un reconocimiento al comunicador social Gilberto Gálvez. En declaraciones a Radio Progreso dijo sentirse agradecido pero además comprometido con la labor periodística. Relató que las amenazas que ha recibido, representa la persecución, que “no viene de ahora, sino del gobierno de Ricardo Maduro cuando había una corporación municipal que nosotros denunciamos por varios actos de corrupción, luego en el siguiente gobierno siguieron las amenazas”.

La falta de acción para controlar estos abusos hace al Estado cómplice de los mismos y tiene como resultado una restricción indirecta a la libertad de expresión. En los últimos cuatro años este derecho se ha visto altamente deteriorado en Honduras por la falta de justicia que permite la repetición de hechos, dijo Rodríguez.

Recomendaciones

Ana Ortega, presidenta de la Junta Directiva de C-Libre, planteó algunas recomendaciones, la principal está orientada en generar capacidades para que las organizaciones puedan movilizarse, generar apoyo, solidaridad y acompañamiento. Aunque remarcó que está debe ser labor del Estado y no organizaciones.

Al respecto, la periodista Sandra Maribel Sánchez, del equipo de prensa de Radio Progreso, subrayó que el mayor esfuerzo debe enfocarse en la investigación de los casos para atacar directamente la impunidad.

En ese sentido, el C-Libre organizó redes de periodistas rurales y llama a periodistas de las ciudades a la unidad y organizarse para no actuar de manera aislada. El año pasado se emitieron 15 alertas, se han quintuplicado las agresiones contra la libertad de expresión.