En El Progreso, Yoro, la ciudadanía mediante cabildo abierto buscará detener el cobro de peaje a la altura de la colonia Guadalupe de San Manuel, Cortés. Además se encuentran recolectando firmas para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Argumentando que dicho cobro atenta contra los derechos fundamentales de la población, en especial el derecho a la libre circulación contemplado en el artículo 81 de la Constitución de la República.

En el Valle de Sula, la construcción del “Corredor Turístico” está en manos de la empresa Autopista del Atlántico, SA, ADASA, quien sin permiso de construcción y operación municipal de la alcaldía de San Manuel, Cortés, construyó 6 casetas de peaje en la carretera que une a El Progreso, Yoro con San Pedro Sula. En un primer momento, Arturo Castro alcalde de San Manuel procedió a clausurar las casetas argumentando dicha ilegalidad.

Sin embargo, recientemente el edil de San Manuel aseguró en Radio Progreso,  que tras varias negociaciones con Roberto Ordoñez, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), se ha logrado que los habitantes de su municipio, a través de una identificación, no paguen peaje cada vez que circulen por la carretera concesionada, y que más allá de esa conquista no puede aspirar.

“Como hondureño estoy en contra de la privatización de las calles. Sin embargo como alcalde lo único que puedo hacer es velar por la seguridad económica de los habitantes de San Manuel” dijo el edil, al cuestionarle el objetivo de las negociaciones que ha realizado con el gobierno de Juan Orlando Hernández.

El cobro de peaje en el Valle de Sula está a la vuelta de la esquina. Actualmente la empresa concesionaria inició con las pruebas de cobro de la ciudadanía que diariamente transita por la autopista que va de El Progreso a la capital industrial.  A los conductores se les entrega el recibo del peaje y se les habla del supuesto beneficio que éste trae a la sociedad.

Los recibos de peaje están siendo emitidos a nombre de la municipalidad de La Lima, Cortés, sin que ésta lo haya autorizado y mucho menos vaya a recibir algún beneficio económico por lo recaudado en concepto de peaje. Al no contar con permisos municipales de San Manuel, los recibos son emitidos bajo la responsabilidad de La Lima.

Ricardo Rivas, regidor del Partido Anticorrupción, dice que han enviado una correspondencia para que se haga la modificación, pero lamenta que más allá de esa exigencia es imposible llegar porque ya es una determinación aprobada vía Congreso Nacional.

Exigen realización de cabildo abierto en El Progreso

Hace un mes la población indignada contra el cobro de peaje en el Valle de Sula, solicitó a la corporación municipal que encabeza Alexander López, del partido Liberal, la realización de un cabildo abierto para rechazar el cobro de peaje en las entradas y salidas del municipio.

Aunque El Progreso, no cuenta con casetas de peaje, su población tendrá que pagar por salir y entrar del mismo. Un cobro se realizará en la salida a San Pedro Sula, otro en carretera que va hacia Santa Rita y el tercero salida al puerto de Tela en Atlántida.

Ante las exigencias de la población indignada contra el peaje, la corporación municipal únicamente se limitó a invitar a la población a una audiencia municipal, para escuchar sus demandas. Roberto Zelaya gerente municipal, a quien han nombrado como vocero, asegura que ya se tomó en cuenta al sector que se opone al peaje, pero que no pueden hacer nada más porque esas casetas se enmarcan en un proyecto nacional. Además la realización de un cabildo abierto era una posibilidad y no una promesa de la alcaldía progreseña.

Sin embargo, Araminta Pereira regidora progreseña, dice que en sesión de corporación municipal se nombró una comisión para proponer fecha de cabildo abierto. “Estamos esperando la próxima sesión de corporación municipal para presentar una propuesta de fecha para el cabildo” aseguró la funcionaria en el programa Foros Populares que transmite Radio Progreso.

La ciudadanía que se opone al peaje está muy clara en sus razones: su construcción no fue consultada, el nuevo impuesto es el tiro de gracia a la precaria economía de las familias, no se ha construido ninguna vía alterna, tal como manda el derecho a la libre locomoción. Y por último, esa carretera fue construida con los impuestos de toda la sociedad hace muchos años y la empresa no ha invertido en ella.

Piedra puesta, piedra quitada

Los trabajos de construcción de las casetas de cobro en la carretera que une a El Progreso con Santa Rita, Yoro, comenzaron hace unas semanas. A pesar que en cabildo abierto la ciudadanía rechazó enérgicamente dicha construcción. La empresa hizo el traslado de materiales a la zona, pero la gente en una movilización los quemó y arrojó a la basura.

“Una piedra puesta, una piedra quitada” es el lema del pueblo de Santa Rita asegura Marlon Machado, representante de la Mesa de Indignación Ciudadana. “Nos hemos organizado todos los sectores para impedir este cobro” sigue diciendo el joven, aclarando que su municipio no es un lugar turístico, sino de gente que se gana la vida trabajando en otras ciudades o comercializando algunos productos de consumo popular.

Frente al proceso de privatización de los principales ejes carreteros en el país, la ciudadanía indignada se encuentra recolectando firmas para presentar ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucional contra el Decreto Legislativo número 204-2012 del diecinueve de diciembre de dos mil doce, publicado en La Gaceta número 33,070 del 8 de marzo de 2013.

La vigencia del Decreto 204-2012, aprobado por el Congreso nacional y que da vida   a la instalación de casetas de peaje, violenta flagrante y permanentemente, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 72, 79 y 81 de la Constitución de la República; artículos 13, 15 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículos 12, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos a la libertad de expresión del pensamiento; derecho a la reunión y manifestación pública y el derecho a libre circulación.

Al examinar los contratos y las condiciones bajo las cuales fue otorgada la concesión, tanto a Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V., como a Autopistas del Atlántico S.A. de C.V., no se encuentra en ninguna de sus disposiciones, la obligación de las sociedades concesionarias de construir o habilitar una vía alterna que ofrezca a las personas usuarias la opción de elegir si pagar o abstenerse de hacerlo, usando justamente dicha vía alterna.

La presentación de este recurso de inconstitucionalidad se convierte en una luz  de esperanza para la población,  que ve amenazada su precaria economía,  ante un gobierno que apuesta claramente a los procesos de privatización reduciendo al Estado a su mínima expresión.