Honduras, este país pequeñito que hasta hace poco, muchas personas de lo que llaman primer mundo apenas podían señalar en el mapa, se ha convertido en el país más peligroso para las personas que defienden sus tierras y bienes naturales. El asesinato de Berta hizo que la cifra resplandeciera más, el dato supera los cien activistas del medio ambiente asesinados, facilitado la caracterización del país como el más violento para los dirigentes comunitarios por la organización Global Witness. En este contexto fue asesinada esta semana Lesbia Yaneth Urquía.

Lesbia formaba parte de las bases del Consejo Indígena de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh), madre de dos hijas y un hijo, fue asesinada a machetazos en el municipio de Marcala, La Paz.

En este departamento existe una fuerte resistencia contra proyectos hidroeléctricos, especialmente tres represas que el esposo de la vicepresidenta del Congreso Nacional. Gladys Aurora López ha instalado sobre sus ríos. La Policía Nacional ha dicho que el primer móvil del asesinato es asalto, pues la bicicleta en la que ella se transportaba fue robada.

En 2009, durante el gobierno de Roberto Micheletti se aprobaron 111 concesiones de ríos para represas hidroeléctricas. El gobierno actual pretende que la matriz energética llegue a ser 30% con base en combustibles fósiles y el 70% renovable. Sin embargo se ha declarado incapaz de invertir para que la producción sea estatal y ha creado todo un marco jurídico para facilitar a empresarios nacionales y trasnacionales la generación de energía limpia.

Organizaciones como Copinh, que Berta fundó y lideró hasta el día de su asesinato, sostiene que las comunidades, especialmente las indígenas y afrodescendientes, no han sido consultadas en ese proceso y se ha generado una conflictividad que ha llevado a cientos de asesinatos, convirtiendo a Honduras ya no solo en un país violento en general, sino en el país más violento para quienes defienden la naturaleza.

“El asesinato de la Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de consulta llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se reealizaron en el municipio de Marcala los días 4 y 5 de julio.

Este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el Copinh”, dicta un comunicado de esta organización.

La vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora dijo en conferencia de prensa que procederá legalmente contra quienes la acusan por este asesinato y el conflicto en la zona.

Impacto internacional

El partido de izquierda en España, PODEMOS, expresó en un comunicado “condenamos el asesinato de Lesbia Janeth y nuestra repulsa de este tipo de situaciones que, lamentablemente, se han repetido en Honduras en los últimos años y especialmente desde el Golpe de Estado del 2009.

Es fundamental que el gobierno hondureño tome las medidas necesarias para terminar con el clima de impunidad en que se producen estos asesinatos”.

A la condena de este asesinato también se unió el M4, “desde nuestras Redes y Movimientos en México y Mesoamérica condenamos que estos hechos se sigan repitiendo, sin que el gobierno hondureño muestre la capacidad para garantizar la seguridad de los integrantes del COPINH y las organizaciones que defienden los derechos indígenas y de la madre tierra en ese país.

Condenamos también la falta de transparencia en las investigaciones del asesinato de la compañera Berta Cáceres y la negativa del gobierno hondureño en que se conforme un grupo de investigaciones independiente para este caso”.

El llamado de atención por parte de la comunidad internacional ha presionado al Estado de Honduras a dar, al menos, luces de justicia en el caso de Berta Cáceres principalmente, como también el caso de tantos y tantas defensoras amenazadas en el territorio.

Hoy, en entrevista exclusiva para Cholusat Sur, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, aceptó la responsabilidad del Estado en el asesinato de Cáceres. Dijo: “teníamos la responsabilidad de protegerla y se falló en eso. Cometimos varios errores, falló el seguimiento, falló la coordinación, es un problema que tenemos que corregir”.

Esto en el marco de una ley que se impulsa en Estados Unidos para reducir apoyos económicos a Honduras mientras persista la impunidad en este caso. La ley se llama ““Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”, fue introducido por un grupo de cinco demócratas, encabezados por Georgia Hank Johnson.

La iniciativa propone que la asistencia sólo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño sancione a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de otro centenar de activistas en el valle Aguán.

Además que se sancione a policías y militares acusados de violar derechos humanos y exima a las fuerzas armadas de labores policiales.

«Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato», establece el documento en la sección dos.

Un mensaje para los luchadores y luchadoras 

El coordinador de Copinh, Tomás Gómez expresó en Radio Progreso que el asesinato de Lesbia “es un mensaje más para decirle a los luchadores que no sigan porque viene fuertemente el monstruo con las uñas agarrando todo lo que se le pone por delante. Y que es capaz de asesinar, intimidar, destruir a los humanos”.

Gómez asegura que la funcionaria Gladys Aurora López la intimidó en varias ocasiones para que no se organizara en Copinh. “Nosotros no tenemos confianza en las investigaciones del gobierno porque ellos no van a decir nada que afecte a la administración pública ni a la empresa privada”, dijo.

Por su parte, Martin López, del Movimiento Indígena de La Paz en Honduras (Milpah), dijo que en la actualidad la lucha más fuerte  en su departamento es con la ley de ordenamiento territorial que no contempla la propiedad comunitaria, y la instalación de hidroeléctricas en sus ríos. “En este momento se está haciendo una socialización de la ley de consulta, pero nosotros creemos que ésta debe ir acompañada de la derogación de la ley de concesiones mineras e hidroeléctricas.

El primer autor intelectual es el presidente de la república porque vende los bienes comunes, después vienen las empresas trasnacionales, nacionales y algunos activistas del partido en el poder como Gladys aurora y su esposa. Hay un proceso de selección para asesinar a los líderes», dijo.

En este contexto, la sangre de quienes defienden a Honduras de las garras del capital extranjero se derrama bajo el fantasma de la persecución e impunidad.

VEA EL CASO DE LA PAZ PARA EL DOCUMENTAL GUARDIANA DE LOS RÍOS