Ayer a las 7 de la noche, tras salir de una reunión con el Relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de Derechos humanos, Michel Forst, dos defensoras de derechos humanos, feministas, fueron detenidas arbitrariamente por la policía nacional.

Karen Mejía y Gabriela Díaz acababan de salir de un debate sobre la situación de peligrosidad y persecución que viven los defensores y defensoras en Honduras. Tomaron un taxi a esa hora y minutos después eran forzadas a abordar una patrulla de policía acusadas de ser sospechosas de asalto contra el taxista. La policía indicó a medios de comunicación que podían filmar a las presuntas asaltantes, denigrándolas y negándoles el derecho a la defensa.

Mejía y Díaz, ambas profesionales y conocedoras de la ley denunciaron este acto intimidatorio y arbitrario, cosa que siempre molesta a la autoridad, una de las más peligrosas de la región.

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Es curioso, que Gabriela y Karen salían de una reunión donde se denunció ante un representante de Naciones Unidas, la estigmatización de los gobiernos y los medios de comunicación, la apertura y venta del territorio a las empresas transnacionales para la instalación de la industria extractiva como obstáculos para la implementación de protocolos que den protección a los defensores y defensoras de derechos humanos en los países del Triángulo Norte.

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En el marco de la visita académica a Honduras del Relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de Derechos humanos, Michel Forst, organizaciones debatieron sobre los avances y desafíos que enfrentan los países del Triángulo Norte –Honduras, Guatemala y El Salvador- para la protección de las defensoras y defensoras de los derechos humanos. La realidad sigue haciendo de las suyas, le pasó a Gabriela y a Karen y les seguirá pasando a quienes llevan su defensoría en todos los espacios.

El Relator Forst señaló que las defensoras y los defensores se enfrentan a situación de estigmatización desde los gobiernos y los medios de comunicación. Forst recomienda que el primer paso para una verdadera protección de las personas defensoras sea reconocer el rol positivo que tienen dentro de la sociedad.

“Hay pasos muy concretos que se pueden tomar, por ejemplo, en términos si hay defensores que reciben muchas amenazas de muerte y acoso están los programas de reubicación temporal que se pueden usar para que el defensor o la defensora salga del entorno de situación de riesgo”, recomendó el relator de la ONU.

Por su parte, Xavier Zabala, representante de la organización Protección Internacional, apunta que uno de los principales obstáculos para la protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos en el Triángulo Norte es la promoción y apertura de los gobiernos para la instalación de la industria extractiva.

“La situación es la misma con diferentes características según los países. Hoy veíamos que Honduras es el lugar más peligroso del mundo para la defensa de la tierra, y Guatemala será uno de los más peligros para poder ejercer esta función”, comparó.

Zabala detalló que en Guatemala existen alrededor de 150 defensores y defensoras de derechos humanos que enfrentan una “causa penal” por el resguardo del territorio.

Abraham Abrego, director ejecutivo de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en El Salvador, comenta que en los últimos años han incrementado las agresiones a los defensores y defensoras de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales: “ha habido asesinatos de los dirigentes de defienden derechos humanos LGBTI; y también el tema de la defensa del derechos medioambiental, hemos tenido asesinatos, agresiones, amenazas y criminalización contra activistas ambientales que han estado luchando contra la minería metálica, el problema salvadoreño es que no hay un marco legal de protección y no hay un reconocimiento de la calidad del defensor”.

En el caso de Honduras, en los últimos años las agresiones y ataques contra las mujeres que realizan la defensoría de derechos humanos ha ido en aumento en un contexto de inseguridad y militarización de la sociedad, apunta Daysi Flores, directora en Honduras de Asociadas por los Justo (JASS).

“Entre el 2012 y el 2014, en la región mesoamericana se han registrado 1, 688 casos de agresiones en contra de las defensoras y 318 de esos casos corresponden a Honduras. Además de la violencia política, las defensoras también enfrentan discriminación y violencia de género, nos enfrentamos a unos momentos a los que simple y sencillamente el uso del espacio público, por el hecho de ser mujer, es condenado”, expuso Flores.

En lo que va del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apunta que ha recibido información sobre el asesinato de por lo menos ocho defensores y defensoras en Honduras.

En un comunicado conjunto, los relatores las persona defensoras de los derechos humanos de la CIDH y la ONU urgieron que “el gobierno de Honduras debe adoptar y aplicar de manera inmediata medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos, para que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato”.

Por otra parte, el incidente contra Karen Mejía y Gabriela Díaz invita a las organizaciones defensoras de derechos humanos a estar más alerta que nunca. Honduras fue calificado como uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos, en un comunicado conjunto publicado recientemente por los relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst y José Orozco Henríquez.

«Nuestras compañeras fueron detenidas ilegalmente por policías municipales y nacionales, expuestas de forma irresponsable a medios de comunicación y violentados sus derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, en un confuso incidente ocurrido en Tegucigalpa la noche del 25 de agosto, a minutos de que participaran en un encuentro con el Relator de la ONU.

La liberación inmediata de nuestras compañeras, fue posible por la oportuna activación de nuestras redes de protección, y la respuesta oficial del Estado, en lugar de activar los mecanismos de protección, fue el descrédito y estigmatización de ellas y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Todo esto sucedió en un creciente contexto de militarización del país, en el que se violenta la dignidad de las personas y se coloca en condición de alta vulnerabilidad, la defensoría de derechos humanos, mientras la población en general es víctima de todo tipo de abusos, en circunstancias similares», dicen en un comunicado varias organizaciones que se solidarizaron con las defensoras.

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