Su llegada al poder estuvo acompañada de serias denuncias de fraude electoral y la injerencia del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con no apoyar a Honduras si el electorado no lo beneficiaba con el voto.
Desde que tomó posesión el pasado 27 de enero han pasado 100 días; sin duda, poco tiempo para evaluar sus acciones, pero sí la oportunidad de hacer valoraciones de cara a posibles rectificaciones que pueden conducir su gestión en los siguientes años.
Una de las decisiones más polémicas tomadas por Nasry Asfura en este tiempo en el poder fue autonombrarse titular de la Secretaría de Salud, asegurando que él mismo conduciría la política nacional de salud, la cual hasta ahora se ha traducido en un decreto de emergencia que permite compras directas y atiende una mora quirúrgica con el sistema privado, lo que analistas consideran el inicio del proceso de privatización de la salud.
A nivel económico, la eliminación de subsidios que, junto con el incremento de los carburantes a nivel internacional, provocó el encarecimiento de los combustibles y productos de la canasta básica de alimentos.
Además de un decreto de reactivación económica que permite fondos para eficientar la institucionalidad pública —la cual prometió reducir como muestra de austeridad—, 100 días después lo que tenemos es la escoba azul que canceló contratos para la contratación de activistas nacionalistas.
La situación económica también ha estado acompañada del anuncio de reducción del Presupuesto General de la República, pero nuevamente incumplió, ya que sigue siendo un presupuesto alto que fortalece partidas como la Defensa y Seguridad por encima de Salud y Educación, coinciden analistas.
Ismael Moreno, SJ, más conocido como P. Melo, evalúa el gobierno del presidente Asfura como incoherente y sin rumbo. “Ha estado dando respuestas puntuales o aisladas, pero sin una coherencia estratégica. Es un gobierno que se especializó en sacar al partido Libertad y Refundación, (Libre) de los espacios institucionales, pero sin propuestas gubernamentales. Es una administración que está a la deriva y al mismo tiempo no ha sabido vincularse con los diversos sectores de la sociedad hondureña”, comenta.
Para el padre Melo, el mayor error del gobierno nacionalista es no tener la capacidad de escucha a la población, y ha dedicado esfuerzos al ajuste de cuentas, a la concentración de poder alrededor del partido Nacional en alianza con sectores del partido Liberal, además de estar nada más pendiente de lo que diga Estados Unidos y el presidente de este país, cerrándose a los problemas que vive la ciudadanía, comenta el sacerdote jesuita.
El analista cree que, a partir de este momento, los desafíos para la actual administración deben estar orientados en atender de verdad el tema de salud, la situación de conflictividad agraria, conflictividad alrededor de la tierra vinculada a la situación ambiental, lograr un salario digno para la ciudadanía; todos temas que son importantes para el pueblo y que espera que el gobierno resuelva.
Otra de las quejas que existe, según P. Melo, es que el presidente Asfura ha tenido como interlocutor fundamental del gobierno a la gran empresa privada, a un reducido grupo de sociedad civil y probablemente a quienes están en los corredores subterráneos de la criminalidad organizada. “Pero no hay interlocución con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con las poblaciones que está enfrentando las consecuencias de los proyectos extractivos; es decir, es un gobierno que solo está escuchando a un reducido grupo de poder y está actuando a espaldas del resto de la población hondureña. Es un gran riesgo y peligro de cara al futuro”, cerró diciendo Moreno.
A través de una evaluación de los primeros 100 días de gobierno, el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) reveló que el país no ha experimentado cambio de rumbo. Es la continuidad del modelo tradicional, sustentado en exclusión, desigualdades y dependencia.
Es un gobierno administrador de crisis sin tocar las causas fundamentales, dijo Gustavo Irías, director de CESPAD. “Por otro lado, nos preocupa el hecho de que se está trabajando una nueva estrategia anticorrupción bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero en esta estrategia no se está considerando lo que ha sido la demanda ciudadana en los últimos 10 años, el desmantelamiento de la estructura generadora de corrupción. Por el contrario, vemos el retorno de viejas prácticas como las contrataciones directas y los fideicomisos. A pesar de las esperanzas que generó las primeras declaraciones del presidente Asfura sobre el sistema de salud, vemos un sistema que sigue en crisis con riesgo de privatización y que no resuelve las quejas ciudadanas”, comenta Irías.
Otro de los temas que ubican como preocupación es la situación de violencia, no como una percepción, sino como un tema objetivo y real donde se han dado incrementos en estos 100 días en los asesinatos múltiples y los feminicidios. “Y frente a este grave problema vemos respuestas reactivas, no una estrategia integral clara y coherente”, agrega Gustavo Irías.
Se lamenta que, en estos días en el poder, el gobierno tenga una apuesta clara de favorecer ampliamente al sector agroindustrial, agroexportador y a los megaproyectos, sin garantizar los derechos territoriales y a la consulta de las comunidades agrarias, indígenas y afrodescendientes. “No hay que desconocer que el país está cruzado por una alta conflictividad socioambiental, que ha marcado el país durante los últimos 15 años y, en ese sentido, tenemos preocupación por la intención de este gobierno de poner en práctica las reformas penales del 2021 del Decreto 93-2021, que implicaría la criminalización, militarización y un saldo en derechos humanos enorme para enfrentar la protesta social agraria”, reflexiona el director de CESPAD.
El decreto de emergencia sanitaria se aprobó mediante el Decreto 5-2026, declarando emergencia sanitaria por un año para facultar a la Secretaría de Salud a realizar compras directas y simplificadas de medicamentos e insumos.
Según el gobierno, la ley busca la implementación de medidas excepcionales para reducir la burocracia financiera en el sistema de salud, además del abastecimiento de medicamentos mediante un fideicomiso para la adquisición de 113 medicamentos previamente agotados, asegurando cobertura para el resto del año, según el propio presidente ministro de Honduras.
Sobre el plan contra la mora quirúrgica, aseguran que producirá la reducción de más de 430 pacientes en lista de espera mediante intervenciones en el Hospital San Felipe y alianzas con el sector privado.
En respuesta, el Colegio Médico de Honduras lamentó que las acciones sean más anuncios que acciones concretas, ya que el decreto de emergencia abarca únicamente la atención de la mora quirúrgica y no el resto de los problemas que aquejan los hospitales y centros de salud vinculados a los medicamentos, insumos y la contratación de personal en esta área.
“Nos hemos quedado únicamente en la mora quirúrgica. Además, no son 20 mil cirugías como afirma el gobierno; lo que registra el Colegio Médico es una mora de 5,400 cirugías hasta enero de 2026, y las acciones en estos primeros 100 días únicamente se concentran en este tema. Imagínese, nosotros operamos este fin de semana en el occidente y logramos realizar 36 operaciones, y el Gobierno nacionalista dice que en 100 días únicamente ha logrado 100 operaciones; ¡eso es bajísimo y demuestra que todas sus acciones son más publicitarias que reales!”, declaró Samuel Santos, presidente del Colegio Médico hondureño.
Otro de los temas que lamentó Santos fue el anuncio de que el gobierno nacionalista no continuará con la construcción de los hospitales que inició la presidenta Xiomara Castro. “Con esta decisión se castiga a la población, postergando la construcción de estos hospitales que tanto se necesitan; a lo único que está beneficiando con estas decisiones en salud es a los negocios que hacen dinero con el reclamo de salud de la ciudadanía”, cerró diciendo el presidente de los galenos.
Por su parte, Juan Carlos Aguilar, de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), resalta como aspectos positivos el retorno al CIADI, la promoción en temas de inversión, la impresión de textos escolares y el anuncio del programa de reducción de mora quirúrgica. “Pero nos ha quedado a deber en temas de seguridad, de implementación de estrategias anticorrupción real, en donde sepamos los roles de cada actor y el por qué se elimina la Secretaría de Transparencia; no se sabe hacia dónde va la Procuraduría General de la República y otros elementos que hay que tomar en consideración. Pero que haya una brecha mucho más amplia en estos 100 días no es suficiente ni para cambiar un país ni para hundirlo, y ahí es donde se debe establecer las oportunidades de cómo mejorarlas”, declaró Aguilar.
El sociólogo e investigador Elvin Hernández aseguró en Radio Progreso que los primeros cien días de la nueva administración pública están marcados por una gestión improvisada a nivel ejecutivo y muy agresiva a nivel legislativo.
Lamenta que, a nivel presupuestario, se priorizó los agronegocios, además de los cuerpos armados y los bonos solidarios, al tiempo que se redujo la inversión social. “Cien días que perfilan a un presidente débil, pero muestran fuerza al proyecto político autoritario que lo sostiene”, comentó.
CESPAD, en un apartado de recomendaciones en su análisis de 100 días de gobierno, advierte a Nasry Asfura que el recién aprobado Presupuesto Nacional configura un plan que administra la crisis sin transformarla, priorizando el pago de deuda, la infraestructura extractivista y la militarización sobre la inversión social, favoreciendo así al gran sector empresarial.
Sobre la corrupción y transparencia, se lamenta que hasta ahora las acciones de la administración nacionalista hayan restaurado un modelo de macrocorrupción y clientelismo, en el cual la falta de una ruta estratégica y la recentralización en la PGR evitan tocar los núcleos de impunidad.
Y finalmente, en el derecho a la salud, se alerta sobre la institucionalización de un «modelo de excepción» que debilita la transparencia y promueve la privatización paulatina, dejando al sistema sanitario bajo la amenaza de profundizar fallas estructurales y la exclusión histórica.
El reto en Defensa y Seguridad es una escalada real de violencia con una gestión reactiva y sin políticas integrales, lo que aumenta la desconfianza institucional al no atacar la impunidad de forma preventiva.
El presidente Asfura presentó un informe de balance de su gestión y, por más logros que intentó visibilizar —desarrollo social e inclusivo, transformación digital y modernización del sistema educativo, entrega de libros y más docentes, y la declaración de emergencia en salud—, diversos analistas han coincidido en que estos primeros cien días retratan a un país atrapado entre el estancamiento y los privilegios de una élite política que parece gobernar de espaldas a las necesidades de la mayoría. Honduras reclama respuestas, pero desde Casa Presidencial predominan las justificaciones, los silencios y las promesas aplazadas.
Iolany Pérez
Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, política y sociedad.
