| Viernes, 22 de mayo 2026 |  |
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Rigores: sangre campesina y la urgencia de una verdad internacional
La masacre de campesinos ocurrida el 21 de mayo en la zona de Rigores, municipio de Trujillo, Colón, no es un hecho aislado, no es un caso que deba perderse entre comunicados tibios, promesas vacías y expedientes dormidos.
Cuando hombres y mujeres del campo son asesinados en condiciones que apuntan a una violencia estructural, organizada y sostenida, lo que está en juego no es únicamente la vida de las víctimas directas. Lo que se hiere de muerte es el Estado de derecho, la confianza pública en las instituciones y el derecho de las comunidades campesinas a vivir, trabajar y reclamar tierra, dignidad y protección sin ser perseguidas ni exterminadas.
La zona del Bajo Aguán y, en general, el departamento de Colón, arrastran desde hace años un historial doloroso de conflictividad agraria, militarización, amenazas, violencia delincuencial y organizada que ha provocado desplazamientos y asesinatos. En ese contexto, la masacre de Rigores no puede investigarse con la superficialidad con que tantas veces se han abordado los crímenes contra campesinos.
No basta con que las autoridades digan que investigan, si la historia reciente demuestra que demasiados casos terminan en silencio, manipulación o abandono. Lo que corresponde es exigir, con absoluta firmeza, la instalación de una comisión internacional de investigación auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, independiente, técnica, creíble y con plenas garantías para esclarecer esta masacre. Una comisión de esta naturaleza es necesaria porque la magnitud del crimen y el patrón de violencia en la región superan la capacidad —o la voluntad— de las instancias nacionales para ofrecer respuestas confiables.
Se necesita un mecanismo que proteja pruebas, garantice la participación de las víctimas y sus familias, identifique autores materiales e intelectuales y determine si existen redes de encubrimiento o estructuras criminales actuando en el conflicto agrario. La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado. La ONU, los organismos de derechos humanos y las instancias regionales tienen la obligación moral y política de acompañar al pueblo hondureño en la búsqueda de justicia.
Callar ante Rigores sería permitir que la sangre campesina siga siendo tratada como desechable. No se puede hablar de paz mientras las comunidades rurales siguen expuestas a la violencia letal. No se puede exigir confianza en las instituciones cuando la impunidad ha sido, demasiadas veces, la respuesta frente al asesinato de quienes luchan por sobrevivir en el campo.
Exigimos, por eso, la conformación inmediata de una comisión internacional auspiciada por la ONU que investigue los hechos de manera independiente y exhaustiva. La sangre derramada el 21 de mayo no puede secarse en el olvido. Rigores debe convertirse en un punto de quiebre: o se impone la verdad con justicia, o se consolida una vez más el reinado de la impunidad.
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