Aunque la Corte Suprema de Justicia advirtió posibles riesgos relacionados con derechos humanos y el debido proceso, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a aumentar las penas por extorsión y declarar como organizaciones terroristas a grupos criminales, entre ellos las maras y pandillas.
Las reformas establecen la cadena perpetua si por la extorsión una persona fallece; además, el delito se considerará consumado aunque la víctima no llegue a pagar, y también podrán ser procesadas las personas que administren dinero, presten cuentas bancarias o participen en transacciones vinculadas a estructuras criminales.
Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Nacional, indica que las reformas penales obligan a las empresas telefónicas a crear un registro de clientes o usuarios de telefonía móvil.
“Este paquete de reformas va encaminado precisamente a aumentar las penas en los delitos de revelación de secreto de descubrimiento y revelación de secretos. Además, aumentan las penas cuando alguien utiliza indumentaria militar o policial de manera ilegal. Otro de los delitos es la extorsión. En este caso no solo se perseguirá al que deja el papelito, no solo al que entrega un celular por el cual se extorsiona, sino que también se incorporan elementos como el de entregar, pagar, transferir o depositar dinero, el que presta una cuenta bancaria, el que retira ese dinero ilícito de alguna cuenta bancaria, el que invierta o reinvierta este dinero que es proveniente de la extorsión”, dijo el diputado.
Debido a la naturaleza y gravedad del delito de extorsión, no será posible que quienes sean juzgados por esta tipificación se sometan ni que sea aplicable el procedimiento abreviado.
“También se agregan más elementos en las atenuantes y de igual manera en las agravantes. Por ejemplo, estamos incorporando que cuando estas estructuras criminales utilicen menores de edad, personas con discapacidad o se aprovechen de personas en condición de vulnerabilidad, y en las atenuantes estamos también incorporando la figura de colaborador eficaz. En este aspecto hay un inciso muy puntual, cuando alguien colabore eficazmente con el objetivo de poder desarticular estas estructuras criminales en nuestro país, podrá tener reducción de pena”, comentó el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso.
El paquete aprobado también contempla reformas relacionadas con telecomunicaciones, manejo de información privada y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
Asimismo, se establecen nuevas obligaciones para empresas telefónicas, operadoras y proveedores de internet sobre el registro y verificación de identidad de usuarios.
El doctor en derechos humanos Joaquín Mejía asegura que con estas reformas hay dos cuestiones que preocupan. Una se relaciona con el procedimiento abreviado para las personas que cometen extorsión. “Porque está pasando precisamente lo ocurrido con aquella reforma que hicieron al artículo 186 del Código Procesal Penal, donde se señalaba que en una serie de delitos se tenía que aplicar de manera automática la prisión preventiva, y esto quita independencia a los tribunales, quienes son los que tienen que decidir qué deben aplicar. Y en este caso, el procedimiento abreviado tiene que ver con el Ministerio Público; en este artículo es necesario estudiarlo con mayor detalle. Por otro lado, cuando colocan la palabra de que una persona que comete extorsión lo hace exigiendo dinero por cualquier medio, y la equiparan a quienes recogen el dinero como coautores del hecho, eso está colocando en una situación de mayor vulnerabilidad a mucha gente que es obligada a recoger el dinero por quienes están extorsionando”, comentó Mejía.
Sobre la asociación terrorista, el doctor Joaquín Mejía reconoce que recoge varios insumos que dio la oficina de derechos humanos de la ONU, pero advierte que dejar finalidades muy generales es peligroso. “Eso podría interpretarse como que alguien que va a protestar a las calles, como las acciones ocurridas en 2017 cuando la gente salió a defender la democracia, puede ahora llevar a que se interprete que se está afectando el orden constitucional; eso es bastante peligroso. En este sentido, tal y como está planteada la figura del terrorismo, sigue siendo demasiado amplia y difusa, lo cual es contrario al principio de legalidad, que recomienda que las acciones que se establecen para los delitos sean muy bien detalladas”, concluye Mejía.
Agencia Nacional Contra el Crimen
Mediante una propuesta de Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, al decreto de reformas penales se agregó y aprobó la creación de la Agencia Nacional Contra el Crimen, la cual estará amparada en la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
“El primer artículo es para crear una política interinstitucional de todas las agencias de seguridad para que trabajen de manera coordinada, que ellas mismas establezcan una política pública de la lucha contra el delito, inscrita en la coordinación y complementaria al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”, dijo el titular del legislativo.
Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana
Según Zambrano, se creará una Agencia Nacional Contra el Crimen para que todos los cuerpos de seguridad trabajen de manera coordinada y no aislados, con una política pública desde el poder Ejecutivo, ya que anunció que tanto el presidente Nasry Asfura, los jerarcas militares y la policía están conscientes de la necesidad de trabajar de manera coordinada para dar resultados a la situación de seguridad del pueblo hondureño.
“Lo que esperamos es que esto sea una herramienta que de resultados lo más pronto posible. El segundo artículo dentro de las reformas va sobre el tema penitenciario, si vamos fuerte y de frente contra los delincuentes, se ocupa un sistema penitenciario robusto y realmente efectivo, para que desde ahí no se cometan más ilícitos. Desde el Congreso Nacional estamos ordenando que el sistema penitenciario nacional identifique con Finanzas y con el poder Ejecutivo recursos a través de préstamos y financiamiento para la construcción de centros penales. Y otro elemento importante es establecer, mediante una reforma constitucional, que las Fuerzas Armadas tengan autorización para dar seguridad ciudadana. Hoy la Policía Militar del Orden Público tiene esa autorización legal y ya está en las calles o en los centros penales, pero ocupamos que los elementos de la Fuerza Armada de Honduras colaboren con la Secretaría de Seguridad en las labores de seguridad ciudadana y también en el manejo de seguridad de los centros penales”, agregó.
