En un debate marcado por fuertes cuestionamientos al proceso legislativo, el Congreso Nacional aprobó, sin votación electrónica, una moción de reconsideración al acta que modifica de fondo la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, extendiendo ahora todos sus beneficios al sector energético y endureciendo las medidas contra las protestas públicas que afecten actividades económicas de esos rubros.

La reforma, presentada por el diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz, cambió el nombre de la normativa a Ley para el Fortalecimiento, Protección del Sector Agroindustrial y Proyectos de Energía en Honduras.

La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) rechazó enérgicamente la medida, denunciando que utilizar una reconsideración de acta para introducir artículos nuevos y cambios de fondo viola flagrantemente la Constitución de la República.

Las modificaciones aprobadas no solo integran al sector energético, incluyendo líneas de transmisión, subestaciones y centrales de generación, sino que introducen disposiciones de seguridad pública que generan alerta.

Entre los cambios clave añadidos al articulado destacan:

  • Límite a las manifestaciones: Se establece que el derecho a la manifestación y reunión pacífica en espacios públicos solo será garantizado si no se afecta la circulación de alimentos, combustibles o servicios esenciales, y siempre que no existan rutas alternas de acceso. Los cuerpos de seguridad del Estado quedan facultados para hacer cumplir esta disposición.
  • Uso y posesión de tierras: En el artículo 6 se agregaron regulaciones específicas sobre huelgas o reclamos vinculados al uso, goce y posesión de la tierra en propiedades privadas.
  • Consulta previa: Se incorporó un párrafo en el artículo 1 que señala la compatibilidad de la norma con el derecho a la consulta libre e informada a los pueblos indígenas y tribales en tierras comunitarias con titularidad registrada.

El diputado de Libre, Fabricio Sandoval, calificó el acto como «penoso» e «increíble», argumentando que se violentó el artículo 213 constitucional, el cual norma el proceso de formación de ley. «Están haciendo reconsideración del acta y en las reconsideraciones están haciendo ley. A una ley que fue aprobada le están incorporando artículos nuevos. Ese no es el procedimiento», reclamó Sandoval durante la sesión.

En un intento por frenar la aprobación, el diputado de Libre, Hugo Noé Pino, presentó una propuesta para dejar sin efecto las modificaciones de la Comisión de Seguridad, recordando que la aprobación de un acta solo debe servir para dar constancia de los hechos o corregir la redacción.

«Ya que estamos en la fiesta de la reconsideración, planteo que se dejen sin efecto los cambios anteriores. El presidente de la Comisión admitió que agregaba un artículo nuevo, por lo tanto, no son cambios de forma, están modificando la ley», señaló Pino. Sin embargo, tras consultar a la Cámara, la propuesta no fue tomada en consideración.

El debate escaló de nivel cuando diputados oficialistas defendieron la legalidad del proceso y recriminaron a la oposición la gestión de directiva anterior, cerrando la sesión con la ratificación de las reformas en medio de un clima de profunda polarización y fuertes cuestionamientos por violación a la Constitución de la República y Ley Orgánica del Congreso Nacional.