La conflictividad socioterritorial en Honduras va en aumento, advierte una reciente investigación del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), organización que presentó un balance sobre los conflictos territoriales registrados entre 2025 y 2026.
Los datos indican que, en el actual ciclo político del país, se han registrado 77 conflictos activos. De acuerdo con la información recopilada, la crisis territorial muestra una marcada concentración geográfica y sectorial. Los conflictos agrarios encabezan la lista con 49% del total, seguidos por las disputas en torno a proyectos energéticos, con 20%, y mineros, con 10%.
Kevin Isidro, asesor de justicia ambiental de Cespad, aseguró que la tierra sigue siendo uno de los principales focos de conflictividad, al representar casi 50% de las disputas en el país. “Los conflictos por la tierra debemos entenderlos desde un nuevo enfoque, no desde el análisis tradicional de los conflictos agrarios, porque hemos concluido que en Honduras se mezclan con las recuperaciones campesinas, el saneamiento de territorios indígenas, las presiones turísticas, entre otros factores. Sin embargo, sí podemos concluir que las luchas por la tierra son el centro del mapa de la conflictividad, donde siete departamentos aglutinan el 79.2% de los casos documentados”, dijo el analista.
El informe destaca la realidad que enfrentan los departamentos de Colón, Yoro y La Paz, donde las incidencias van en aumento y el abordaje estatal, según la investigación, ha sido erróneo, señaló Gustavo Irías, director de Cespad. Agregó que la conflictividad no solo está vinculada al acceso a las tierras agrarias, sino también a la recuperación y defensa de tierras ancestrales.
“Un claro ejemplo de esta realidad son las tierras ancestrales del pueblo garífuna, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH, les ha dado la razón en sus reclamos a través de cuatro sentencias: Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y la más reciente, vinculada al caso de Cayos Cochinos. En estos casos, el Estado está obligado a cumplir lo detallado en dichas sentencias”, agregó.
Otro de los puntos que aborda el documento es el enfoque de seguridad frente a la conflictividad agraria. El informe del Cespad advierte que esta tendencia podría incrementarse con la recién aprobada Ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial, además de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que incorporan disposiciones punitivas sobre un problema estructural que, según el análisis, debe abordarse desde lo social. La normativa, añade el documento, amplía la afectación de tierras, agiliza licencias ambientales extraordinarias y penaliza de forma expedita las manifestaciones sociales que interrumpen la circulación de mercancías corporativas.
“Con el nuevo marco legal aprobado en el Congreso Nacional, estamos hablando de las reformas al Código Penal en lo que tiene que ver con terrorismo y la Ley de Protección y Promoción de la Agroindustria. Nos preparamos para que estos focos de violencia y estos índices de conflictividad se disparen”, declaró Isidro.
Isidro agregó: “Instamos al Estado de Honduras a replantear el abordaje sobre la conflictividad para evitar que estos conflictos sigan dejando saldos de violencia e impunidad. Ante este panorama adverso, se identifica que las comunidades rurales, indígenas y garífunas no solo son víctimas, sino también sujetos políticos en los que se debe generar articulación frente a este embate estatal que los está persiguiendo, criminalizando y legalizando el despojo y la violencia en favor de grupos de poder empresarial y corporativo”.
Lea también:
El caso del Bajo Aguán
El informe presentado en conferencia de prensa incluye un apartado sobre la desinstitucionalización de la justicia agraria, y advierte que esta se refleja en el debilitamiento y la reducción del presupuesto en las instituciones públicas, lo que traslada la resolución de disputas de las mesas de diálogo hacia los cuerpos castrenses y los dispositivos de control social.
“La expresión más letal de esta dinámica tuvo lugar el 21 de mayo de 2026 con la masacre de veinte personas en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, un suceso que condensa la trágica convergencia de la impunidad histórica, el uso de agencias de seguridad privada y la incursión de redes armadas para disciplinar al campesinado organizado”, señala el documento.
Asimismo, el Observatorio documenta un preocupante recuento de asesinatos, atentados y detenciones arbitrarias contra defensoras y defensores históricos, como integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Consejo Indígena Lenca Tierras del Padre, en un entorno marcado por la lentitud judicial y la persistencia de estructuras impunes tras crímenes emblemáticos como los de Berta Cáceres y Juan López.
Finalmente, el informe reconoce que las comunidades no figuran únicamente como víctimas del despojo; también son sujetos políticos que organizan resistencias, defienden bienes comunes, producen memoria territorial, impulsan litigios, documentan agresiones, construyen alianzas y disputan el sentido del desarrollo.
Por ello, la conflictividad socioterritorial debe entenderse como un indicador de la calidad democrática del país: allí donde el Estado escucha, consulta, protege derechos y garantiza participación, la democracia se profundiza; allí donde criminaliza, desaloja, militariza y protege selectivamente la inversión, la democracia territorial se debilita.
