Miércoles, 24 de junio 2026  

Vulnerabilidades hondureñas que sangran

La vulnerabilidad proviene de la palabra herida, quien es vulnerable es porque tiene heridas, y la sociedad hondureña tiene muchas heridas, como resultado de un sistema que ha impedido que podamos construirnos en dignidad y libertad.

La vulnerabilidad política se refleja en instituciones frágiles, en la corrupción, en la impunidad y en la distancia entre quienes gobiernan y las necesidades reales de la gente. El poder en Honduras se ha usado para beneficiar a unos pocos, dejando a la sociedad, en su mayoría, desprotegida, sin confianza y sin posibilidades reales de participación.

La vulnerabilidad económica golpea todos los días. Se siente en el desempleo, en los bajos salarios, en el alto costo de la vida, en la migración forzada y en la incertidumbre de miles de familias que luchan apenas por sobrevivir. La vulnerabilidad ambiental se sostiene desde el modelo extractivista que se expresa en la destrucción de los bosques, la explotación minera, el despojo de comunidades enteras de sus territorios y la falta de prevención ante desastres dejan a las comunidades, sobre todo a las más pobres, expuestas al sufrimiento, al desplazamiento y a la pérdida de sus medios de vida.

También nos afecta la vulnerabilidad humana y social, esa que se mete en el alma de la sociedad. Es el miedo, el encierro y el silencio; visible en la fractura del tejido comunitario, en la desigualdad, en la violencia contra mujeres, niñez y juventud, y en la desconfianza que nos separa y nos sitúa en estado de conflictividad, pérdida de tejidos comunitarios y de solidaridad.

Estas vulnerabilidades se conectan entre sí y profundizan una realidad de exclusión. Pero no basta con describirlas. Es necesario señalar responsabilidades y proponer caminos. El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, fortalecer la democracia, combatir la corrupción, proteger el ambiente y asegurar salud, educación, empleo digno y seguridad para la población.

La Iglesia está llamada a acompañar el sufrimiento del pueblo, a denunciar la injusticia y a sostener la esperanza desde una fe comprometida con la vida y con la dignidad humana. Las organizaciones populares han de seguir enlazándose entre sí, desarrollar capacidades de lucha y de autodefensa para hacerse escuchar y construir alternativas.

Y las familias, aun en medio de tantas dificultades, siguen siendo espacios fundamentales para sembrar valores, cuidar la vida y resistir con esperanza, aunque también necesitan apoyo real para no seguir cargando solas con tanto peso. Reducir estas vulnerabilidades exige compromiso nacional y colectivo. Exige un Estado responsable que no existe, una Iglesia cercana, un pueblo organizado y familias acompañadas. Solo así podremos reconstruirnos como nación, con justicia, con dignidad y con libertad.

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