“Recomendamos al Gobierno de Honduras solicitar a la Organización de las Naciones Unidas considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado…”.
Con esta recomendación, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional —instalada tras el golpe de Estado de 2009— resumía una de sus principales conclusiones: que la lucha contra la corrupción sistémica del país no era posible sin apoyo externo y sin un compromiso firme para fortalecer las instituciones responsables de investigar y sancionar los delitos que socavan la democracia.
Han pasado 16 años desde entonces, y lejos de superarse, la corrupción, la impunidad, el debilitamiento institucional y la crisis democrática se han profundizado. De las 84 recomendaciones que la Comisión entregó, distribuidas en ocho áreas fundamentales, muy pocas han sido puestas en práctica. Los avances registrados en los primeros años, especialmente en 2010, se detuvieron con rapidez en el gobierno de Juan Orlando Hernández, y el informe permanece hoy como un documento casi olvidado. Engavetado. Desconocido.
Para la abogada Ana Pineda, exministra de Derechos Humanos durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa —el mismo que recibió el mandato de implementar estas recomendaciones tras el golpe de Estado— el informe era una herramienta clave para comprender el impacto del golpe y evitar que el país volviera a caer en crisis similares.
“La propia Comisión de la Verdad recoge todas las demandas y reclamos de la ciudadanía y los diferentes actores acerca de la necesidad de conocer la verdad de los hechos, así como el reclamo de justicia y la aplicación de la ley para los responsables. Todo eso con la esperanza de que hechos de esta naturaleza no se repitieran en nuestro país”, expresó Pineda en entrevista con Radio Progreso.
Entre las recomendaciones más importantes estaba la creación de un Sistema Nacional de Integridad contra la Corrupción. Según se anunció en la administración de Xiomara Castro, dicha instancia sería trabajada desde la Secretaría de Transparencia, pero hasta hoy no se conocen avances concretos ni detalles sobre una verdadera estrategia nacional anticorrupción.
“Imagínese usted que frente a la realidad del Ministerio Público la Comisión recomendó fortalecer el régimen de carrera para que los fiscales no sólo pudieran tener estabilidad, sino también independencia al momento de investigar. Además, se recomendaba crear un organismo de control que investigara la conducta de los operadores de justicia, para prevenir la corrupción en el sistema. Nada de eso se ha hecho realidad”, lamentó Pineda.
La falta de voluntad política para combatir la corrupción queda reflejada en cifras. Informes del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) revelan que entre 2014 y 2018 se perdieron más de 2,554 millones de lempiras, una cifra equivalente al 10-12% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, debido a actos de corrupción.
Mario Palma, economista e investigador del FOSDEH, recuerda que en las últimas tres décadas el país ha estado marcado por al menos 33 casos relevantes de corrupción. Entre los que se destacan: El Chinazo, El Petrolazo, Incesa, PRAH-Salud, el desfalco al IHSS, Trans450, los hospitales móviles y, más recientemente, SEDESOL.
El economista agregó que el país requiere fortalecer los mecanismos de transparencia y control, asegurando que cada lempira del erario se utilice con criterios de eficiencia, equidad e impacto.
Raíz del escándalo de corrupcion en la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, el Fosdeh propone tres acciones concretas. La primera está encaminada en eliminar los instrumentos de gestión de fondos por parte de los diputados, permitiendo que el Congreso cumpla su función primordial de legislar y fiscalizar, evitando su transformación en operador de fondos públicos. Una segunda destinada a fortalecer los mecanismo de transparencia y control, asegurando que cada lempira del erario se utilice con criterios de eficiencia, equidad e impacto. Y finalmente, priorizar la planificación pública con enfoque territorial, multisectorial y de mediano plazo, en lugar de esquemas que se prestan al uso clientelar de recursos.
La exministra Pineda destaca que, lejos de fortalecerse las instituciones investigativas, se han desmantelado estructuras clave para acabar con la impunidad. “Incluso se desmanteló la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), que pasó a convertirse en la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), pero hoy se encuentra disminuida, sin recursos humanos, materiales ni presupuestarios. Está en total inactividad frente a hechos que, en otras ocasiones, habría investigado de forma inmediata. Hay una inmovilidad en las fiscalías y órganos que deberían estar actuando, pero simplemente no existen las condiciones, ni la voluntad política”, concluyó.
En las últimas semanas, se ha hecho pública una nueva oleada de denuncias por corrupción, que provocó la separación de un ministro y fuertes señalamientos contra varios diputados y diputadas por el uso indebido de subvenciones asignadas en el Congreso Nacional.
Para Ana Pineda, superar esta crisis solo será posible si diferentes sectores de la sociedad se involucran con seriedad y compromiso, sobre todo en este año electoral donde los fondos estarán más presentes para conquistar el voto de la ciudadanía.
“Hoy vemos una crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde, con mucho pesar, puedo decir que sus consejeros se han convertido en activistas de los partidos políticos”, señaló Ana. “La recomendación siempre fue clara: una persona puede tener una militancia partidaria, pero al asumir un cargo público de esta naturaleza debe dejar de ser activista y defensor de su partido o de su líder, y dedicarse con imparcialidad a cumplir sus funciones”.
¿Y el compromiso?
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 culminó con la expulsión del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, quien hoy, 16 años después, ocupa un lugar central en el gobierno actual como figura influyente del oficialismo. Zelaya Rosales es asesor en la administración de Xiomara Castro.
Ante este panorama, la abogada Pineda lamenta la falta de voluntad política por parte del gobierno actual para retomar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Lejos de ponerlas en práctica, dice, las han dejado en el olvido.
“Fue precisamente en esta administración, por experiencia directa, que se debió dar vida a esas recomendaciones. La unidad de seguimiento, por ejemplo, debió estar activa, impulsando el cumplimiento del informe. Pero jamás ocurrió. Eso solo indica que en Honduras no tenemos una clase política comprometida con los temas que verdaderamente preocupan al pueblo”, afirmó la también docente universitaria.
Pineda subraya que la ciudadanía no solo exige justicia, verdad y transparencia, sino una clase dirigente que defienda principios democráticos básicos:
“La ciudadanía esperaría ver una clase política comprometida con el Estado de Derecho, con la democracia como forma de gobierno establecida en nuestra Constitución, y también con el respeto y garantía de los derechos humanos. Pero eso, hoy por hoy, sigue siendo una deuda profunda”, concluye Ana Pineda.
El propio informe de la Comisión de la Verdad advertía que no sería fácil la realidad del país porque muchas de las estructuras y actores que fueron parte del golpe de Estado seguía intactos. Pero animaba que la propia asimilación de la verdad allanaría el camino hacia la reconciliación.
También se dejó plasmado que solo con la justicia y el esfuerzo ciudadano se podrían lograr acuerdos de convivencia respetuosa. “Como comisionados, creemos que estos hechos no se repetirán otra vez, porque mantenemos la esperanza de que este esfuerzo realizado será una señal de luz que nos guie hacia un futuro de justicia, reconciliación y paz”.
Iolany Pérez
Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, política y sociedad.
