Una nueva acción de protesta desarrollaron las comunidades del sector Medina de Puerto Cortés, exigiendo la cancelación definitiva de la licencia ambiental de la empresa Agregados del Caribe, S.A. (Agrecasa)
Los pobladores y pobladoras llegaron hasta la sede de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) y del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) en Tegucigalpa, instancias gubernamentales que han avalado la operación de la empresa a pesar de las pruebas existentes de contaminación de fuentes de agua y destrucción del cerro Sapadril.
Las comunidades que llegaron hasta la capital hondureña lamentan la postura de INHGEOMIN en este conflicto, que ha sido reiterativa al ordenar la reactivación de AGRECASA.
El abogado Víctor Fernández del Bufete Estudios para la Dignidad, quien ha acompañado a las comunidades aseguró que llevan varias ocasiones exigiendo a estas dependencias estatales que cancelen la concesión que tanta destrucción ha provocado en la zona. “Estamos agotando todas las vías para que el Estado de Honduras asuma su responsabilidad. Las comunidades lo han hecho con las múltiples denuncias y recursos de exigencia de cese la destrucción”, dijo Fernández.
Fue en enero de 2025, mediante la resolución 30-2025, cuando se ordenó la reactivación inmediata de las operaciones de AGRECASA, argumentando que la empresa cumplía administrativamente con los planes de remediación, el manejo de aguas y las medidas de seguridad industrial. Esa decisión contradice por completo los dictámenes de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), generando un conflicto institucional.
Con pancartas en mano, las comunidades aseguraron que han insistido en que el caso de Sapadril revela una tensión profunda entre las instituciones ambientales y mineras del Estado, con implicaciones de falta de coordinación, solapamiento de competencias y posible captura regulatoria.
Javier Flores, uno de los líderes de la zona dijo a Radio Progreso que la lucha lleva varios años y que en todo este tiempo las autoridades no han escuchado a las comunidades, cuando han sido claras en la exigencia del cierre inmediato de la mina que ha destruido el ambiente.
“Hemos realizado muchas gestiones, incluso hemos tenido reuniones con personeros de la empresa, con la municipalidad, la SERNA, INGEOMIH para expresar los daños que la mina ha causado, sin embargo, nunca se logró una solución al problema. Pese a toda esta situación y la falta de escucha como ciudadanía, no bajamos los brazos y estamos conscientes de que este proyecto no debe seguir y que la única forma de que nuestras comunidades sobrevivan es cancelando su licencia ambiental, que la empresa salga de la zona”, declaró el poblador.
Javier Flores aseguró que los daños ambientales son evidentes, es una población sin agua que se enfrenta cotidianamente a la destrucción de las cuencas por la presencia minera en la zona.
Los pobladores lamentaron que las autoridades no les hayan dado respuestas. Únicamente permitieron que los abogados de las comunidades entregaran un escrito con los planteamientos que hacen a la institucionalidad hondureña. “Creemos que tomarán tiempo para dar resolución a nuestra solicitud, lo que exigimos es que lo hagan en el menor tiempo posible, que no sigan dando largas a las demandas claras que tenemos en rechazo a la minería”, dijo.
En un análisis del caso, el Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (CESPAD) hizo énfasis en la gravedad de los impactos ambientales generados por la acción minera de AGRECASA y recordó que el dictamen indica que “existen los méritos suficientes para presumir la comisión de hechos constitutivos de delitos ambientales tipificados en nuestra legislación”. SERNA a través de su área legal, instruye trasladar el caso a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, y sostiene que corresponde sancionar a la empresa con la clausura definitiva.
Según el CESPAD, la resolución que emita SERNA, ya sea aceptando o denegando la licencia, no puede ser ajena al historial de concesiones otorgadas en contravención de la normativa ambiental. Además, la decisión actual exige una motivación rigurosa y una coherencia estricta con los dictámenes técnicos y legales. Cualquier apartamiento injustificado podría abrir la vía a nulidades en sede contenciosa y exponer a la institución y a sus autoridades a responsabilidades administrativas y penales, además de profundizar la conflictividad social ya existente.
Para la organización, la empresa AGRECASA ha instalado una narrativa sobre el cumplimiento de la normativa ambiental a nivel nacional e internacional, sin embargo, sus planes de remediación y contingencia han fallado en su implementación.
Esta realidad implica también una demanda futura por parte de los sectores sociales y una apuesta institucional para reforzar la forma de documentar y evaluar los impactos ambientales en todos los conflictos territoriales.
Las comunidades que llegaron hasta la capital, pese a la distancia, aseguran que no se detendrán en sus acciones hasta detener la destrucción de la empresa, ya que el agua no solo está contaminada, sino que, está escaseando en la zona, además de la destrucción por las detonaciones diarias.
