Nota de: Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM
«Justicia para Juan y cese a la conflictividad agraria y socio ambiental» es el lema de la Gira de incidencia y solidaridad que se realiza del 20 al 24 de enero en Honduras. Iniciativa que busca ofrecer un respaldo internacional a las comunidades que en el país centroamericano, luchan por el acceso a la tierra, la justicia y la defensa de los bienes comunes.
Esta gira convocó en la ciudad de Tegucigalpa, capital hondureña, a delegados de por lo menos 15 organizaciones civiles y eclesiásticas entre las que figuran la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Heks Eper, Peace Watch, Protection International, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la Diócesis de Trujillo y la campaña «La vida pende de un hilo», entre otras.
Persisten las amenazas
Ante situaciones como el asesinato de Juan López quien fue coordinador general del comité de bienes comunes de Tocoa y la creciente campaña de desprestigio contra defensores de derechos humanos en Honduras, estos colectivos ratifican su deseo de acompañar a las comunidades afectadas por el avance de la industria de la minería a cielo abierto.
Especialmente la que se desarrolla en el proyecto extractivista de Los Pinares que con sus procesos de extracción de hierro, representa una amenaza contra los bienes comunes y en su momento fue una de las causas de lucha de Juan López. Para lograrlo, la agenda de actividades de la representación internacional se inició este lunes 20 de enero con una reunión para analizar el contexto de la región de Tocoa que será uno de los puntos centrales de las actividades de la Gira de incidencia y solidaridad.
La gira continuó el martes con un acercamiento de los miembros de la delegación con diferentes organismos del Estado de Honduras. Dicho espacio se centró en compartir las preocupaciones con la Secretaría de Derechos Humanos, los encargados del Ministerio Público y la Procuraduría General.
Víctimas exigen claridad
«La visibilización de aquellos líderes y comunidades afectados por este tipo de persecución busca que no hayan otras situaciones de criminalización. Creemos que esta articulación nos fortalece y ayuda a prevenir la violencia», afirma Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado de Guatemala y uno de los participantes en la gira.
A partir del miércoles 22 de enero, iniciarán un recorrido por el Valle del Aguán para escuchar a los habitantes y visibilizar la impunidad y la violación permanente a los derechos de las personas que defienden los bienes que a todos pertenecen. Exigencias que se presentarán con argumentos jurídicos al Estado hondureño para abogar por una necesaria celeridad en la investigación y enjuiciamiento a los autores materiales e intelectuales del homicidio del ambientalista Juan Antonio López.
Todas estas acciones están enmarcadas y orientadas al diálogo con los principales representantes del Estado, las organizaciones No Gubernamentales y los actores sociales interesados en vivir una verdadera libertad de expresión en Honduras.
Para Rick Jones vocero de la campaña «La vida pende de un hilo”, casi todos los conflictos del continente, hasta el más duro y largo ha terminado en diálogo y eso genera esperanza. “Una de las condiciones que favorece el éxito del diálogo es la presencia de las víctimas, el testimonio de la gente que ha sufrido la violencia es un factor muy importante. En segundo lugar, está la relación de confianza que se va construyendo y puede juntar a los actores más improbables de todos los sectores. Entre más actores participen en el proceso, hay más posibilidades de tener éxito y que el diálogo genere frutos en el tiempo».
Escuchar, acompañar y actuar
El primer paso, sin lugar a dudas, es denunciar las situaciones que expresen reiterados abusos de autoridad y la violación de derechos como los relacionados con la participación ciudadana. Demandas evidentes en las disposiciones que coartan a las comunidades, como la suspensión de los cabildos abiertos.
A esto se agregan situaciones como la criminalización, el encarcelamiento, el despojo de la tierra, las detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado de las comunidades y sus defensores que optan por abandonar territorios históricamente habitados, porque ya no existen garantías de una vida digna por causa de la violencia.
Todo lo anterior, apunta a una deliberada negligencia por parte de las autoridades y empresas cuyas acciones están lejos de respetar los derechos humanos o aportar para que los pobladores disfruten de un ambiente sano.
López, fue concejal del municipio de Tocoa, por el Partido Libertad y Refundación (Libre), luchó por la defensa del río Guapinol y contra el proyecto minero que afecta directamente al Parque Nacional Montaña Botaderos «Carlos Escaleras Mejía». Fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 por sujetos no identificados al salir de una iglesia en Tocoa, un testimonio doloroso que nos une e interpela para buscar justicia y apelar al diálogo para clamar por un desarrollo integral que no socave los recursos de nuestra casa común. Una delegación de incidencia y solidaridad para escuchar, acompañar y actuar con compromiso.
