Un mes después de que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunciara una mesa legislativa contra las supuestas invasiones de tierras, la Comisión de Seguridad asegura que avanza en un informe que contiene recomendaciones, luego de supuestas reuniones con diversos sectores, para atender lo que ellos mismos han nombrado como un grave problema de país.
En una intervención durante la sesión parlamentaria del 15 de abril, Zambrano culpó al gobierno anterior de no ejecutar órdenes de desalojo en propiedades que supuestamente estaban en producción y generaban empleo.
Luego de la petición de Zambrano, se le asignó a la Comisión de Seguridad dar seguimiento al tema. El diputado Marco Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, prepara un informe, que asegura busca diferenciar entre las invasiones ilegales de tierras y los conflictos agrarios de las comunidades campesinas.
“Hemos estado realizando una serie de reuniones para empaparnos sobre el tema y elaborar un informe final que presentaremos a este pleno del Congreso Nacional. Somos claros y contundentes en que tenemos que hacer algo para darle prioridad a la seguridad jurídica en nuestro país. No es posible que más de 250 millones de lempiras al año se pierdan en inversiones a causa de las invasiones en Honduras. Sí es necesario hacer propuestas y reformas contundentes que vayan encaminadas a brindar seguridad jurídica en este caso”, declaró a Radio Progreso Paz.
Sobre el trabajo de la comisión, Lilian Borjas, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), aseguró que la respuesta del Congreso Nacional, controlado por el Partido Nacional y en colusión con el Partido Liberal, no era de extrañar, ya que únicamente defienden los intereses de la gran empresa privada y, lejos de atender la problemática agraria, están amedrentando al campesinado.
“No nos extraña esa propuesta porque sabemos de dónde viene. Sabemos que es de los mismos empresarios. Aquí en este país ellos están mandando a través del gobierno; es la empresa privada la que dirige las grandes líneas del país. Y sabemos a qué nos podemos atener con esta gente”, dijo Lilian, quien agregó: “Creo que ellos dicen que están investigando, que están informándose sobre las estructuras criminales, cuando son ellos los que las tienen adentro. Los campesinos lo que hacemos es trabajar la tierra para darle de comer a ellos mismos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo con esto es como declararle la guerra al campesinado con esta ley nefasta, con estas propuestas”, añadió.
El diputado Marco Paz dijo que la Policía Nacional y los cuerpos de inteligencia tienen identificadas entre 35 y 40 organizaciones criminales vinculadas a invasiones de tierras en el país, y advirtió que esas estructuras podrían ser declaradas grupos terroristas, porque generan pérdidas superiores a los 250 millones de lempiras.
“Ya la Policía Nacional y los cuerpos de inteligencia tienen identificadas alrededor de 35 a 40 estructuras criminales que se dedican a este tema de las invasiones y, vuelvo a aclarar, no con el objetivo de quedarse con la tierra, sino con el objetivo de ir a robar el producto, de poder traficar a través de esos terrenos con otro tipo de cosas. Y a esas 35 o 40 estructuras criminales hemos estado valorando también poderlas declarar como organizaciones terroristas, porque están causando una afectación grande en este tema en nuestro país; tanto que se pierde mucho dinero, se pierden muchos empleos, se pierde circulante y, por ende, hemos estado haciendo los análisis necesarios, reuniéndonos con las personas con las que nos tengamos que reunir”, dijo el parlamentario.
Proteger capitales
Esta semana el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió con productores de palma africana para conocer la problemática que enfrenta este rubro, que incluye necesidad de financiamiento y dificultades por invasiones de tierra.
La reunión se realizó con los representantes de Corporación Industrial de Sula S.A. (Coinsu), Palmas Centroamericanas S.A. (Palcasa), Corporación Agroindustrial de Palmicultores (Corapsa), Asociación Industrial de Productores de Aceite de Palma de Honduras (Aipah).
En el espacio también participaron los presidentes de las comisiones legislativas de Energía, Milton Puerto; de Seguridad y Prevención Ciudadana, Marcos Paz, y de Promoción de Inversiones, Walter Chávez; asimismo, acompañaron los diputados nacionalistas Eder Mejía y Antonio Rivera Callejas.
En Honduras, la conflictividad agraria es un problema estructural agudo, caracterizado por la disputa de tierras, la impunidad y la violencia, especialmente en el Bajo Aguán, donde grupos campesinos luchan por la tenencia frente a terratenientes y agroindustrias. El conflicto, intensificado desde los años 90 por la Ley de Modernización Agrícola, ha dejado más de 200 asesinatos en la última década, según un informe del Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).
Lilian Borjas dijo que únicamente la regional de El Progreso tiene más de 4,000 manzanas en disputa que este gobierno y los anteriores no han atendido, por lo que no hay prioridad para resolver los conflictos, que son foco de violencia.
“Para ellos (el gobierno) la prioridad no es el campesinado; por eso todo lo que busquen aprobar no será para atender la problemática agraria. Además, con esto queda demostrado que los campesinos no son los acaparadores de tierras, como han querido posicionar durante todos estos años”, dijo Borjas.
La lideresa campesina recordó que los campesinos y campesinas únicamente se dedican a labrar la tierra, no son criminales, y exigen aprobación de leyes que prioricen el campo y a quienes lo están trabajando.
Lilian Borjas lamentó que desde el inicio han buscado un diálogo con el director del Instituto Nacional Agrario de Honduras (INA), Javier Talavera, para coordinar acciones que resuelvan la conflictividad agraria y se retorne al campo para lograr la soberanía alimentaria, pero no han podido obtener un espacio con el funcionario, quien solo da largas y excusas para el encuentro con los campesinos.
El presidente de la Comisión de Seguridad aseguró que la próxima semana estarían sosteniendo reuniones con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para continuar su propuesta de declarar organizaciones terroristas a supuestas estructuras criminales dedicadas a la invasión de tierras en Honduras.
