A menos de dos meses del inicio de 2025, se registran más de treinta asesinatos violentos de mujeres en Honduras. El último crimen, ocurrido recientemente, fue el asesinato de María Fernanda Alemán, una estudiante de odontología de 26 años, quien perdió la vida tras recibir varios disparos. 

El país enfrenta una alarmante crisis de violencia de género. Según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, entre enero y principios de febrero se han documentado 35 muertes violentas de mujeres. “La situación es tan preocupante que, entre el 7 y el 8 de febrero, fueron asesinadas ocho mujeres, la mayoría a balazos, y con casos que aún se encuentran en total impunidad”, declaró Migdonia Ayesta, coordinadora del Observatorio.

Ayesta expresó su consternación ante la falta de avances en las investigaciones de estos crímenes y subrayó que persiste una desigualdad de poder entre hombres y mujeres, lo que coloca a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad en el país.

Naturalización de la violencia

A pesar de las estadísticas que muestran una reducción en la tasa de homicidios, presentadas por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, la violencia continúa siendo un elemento central en el contexto hondureño. Lara Bórquez Alvarenga, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), afirmó en una entrevista con Radio Progreso que la violencia de género en Honduras se ha normalizado o «naturalizado». “Sufrimos violencia y somos uno de los grupos más vulnerables; sin embargo, no se han implementado políticas eficaces para erradicar esta violencia”, expresó.

La joven feminista subrayó que los casos de femicidio están estrechamente relacionados con el machismo arraigado en la sociedad hondureña. “Hemos normalizado que un caudillo nos gobierne; vivimos en un mundo o sociedad dominada por hombres, donde sus decisiones y acciones impactan directamente a las mujeres, quienes se convierten en víctimas de femicidios, trata, desapariciones y otras formas de violencia”, añadió.

La impunidad, un aliado de la violencia

La impunidad está directamente relacionada con la violencia que sufren las mujeres en Honduras. Más del 90% de los crímenes contra mujeres permanecen impunes, sin investigación alguna. “Es evidente que Honduras necesita un protocolo de investigación específico para las muertes violentas de mujeres. Aunque el delito ha sido tipificado, ¿cuántos casos realmente han sido judicializados bajo esta figura? Muy pocos. Después de que las mujeres comenzamos a luchar por ella, esta figura casi ha sido anulada debido a investigaciones débiles que reflejan el poco interés y voluntad política para atender estos casos”, señaló Lara Bórquez.

La falta de voluntad y la ausencia de un enfoque de género

Las organizaciones de mujeres ponen como ejemplo el caso de Keila Martínez, una joven enfermera asesinada en una celda policial en La Esperanza el 7 de febrero de 2021. “Este asesinato tuvo un impacto tan grande que no solo demuestra la participación, sino también la omisión de la institucionalidad. El crimen podría haber sido tipificado como feminicidio, pero el Estado ha hecho poco para atenderlo. No se trata de un homicidio simple, es una clara manifestación de las múltiples formas de violencia contra las mujeres”, indicó la coordinadora del Observatorio del CDM.

Otra de las organizaciones que ha alzado la voz exigiendo acciones por parte de las autoridades es Calidad de Vida. “Estamos profundamente preocupadas por la violencia hacia las mujeres, lo que evidencia que nuestras vidas no tienen valor en Honduras. Esto nos impulsa a hacer un llamado al actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, para reflexionar sobre esta dura realidad y, sobre todo, buscar posibles soluciones a este grave problema”, expresó Ana Cruz.

Merlyn Eguigure, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, destaca la falta de voluntad del gobierno actual, así como de las administraciones anteriores, para abordar de manera efectiva la violencia de género. “Aún no se ha aprobado la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, tampoco la Ley Alerta Morada. Carecemos de una Ley de Salud para las mujeres, entre otras leyes necesarias. Esto demuestra que ni siquiera hay voluntad política para contar con los marcos normativos que realmente puedan sustentar las acciones necesarias”, afirmó.

Las mujeres coinciden en que el Estado no tiene un enfoque de género adecuado, ni lleva a cabo acciones integrales. “Lo único que se ha hecho es pasar de un instituto a una secretaría, pero sin presupuesto, personal suficiente y no capacitado. Lo que existe son acciones simbólicas y coyunturales, que no tienen un impacto real a largo plazo”, apuntaron.

Andrea Paz, del Foro de Mujeres por la Vida, expresó su dolor ante los constantes casos de mujeres asesinadas. “Cada vez que conocemos una noticia sobre una mujer asesinada, duele profundamente. Son escenarios dolorosos que reflejan la debilidad del Estado en las investigaciones y el acceso a la justicia. Esta violencia se sostiene por las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. La violencia avanza de manera desproporcionada; no la naturalicemos, no callamos la injusticia ni cubrimos a los agresores. Nuestras vidas valen”, enfatizó Paz.