Bajo el lema “Centroamérica por Escazú, avanzando hacia la justicia ambiental”, comunidades y organizaciones territoriales que integran la Alianza Centroamericana Frente a la Minería Acafremin y la Red Centroamericana por Escazú, plantean la necesidad urgente a los Estados de adherirse al Acuerdo de Escazú, considerado el pacto regional más importante sobre acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe.
Para las organizaciones adherirse al acuerdo es una decisión política importante de los Estados que, vendría a frenar un poco la conflictividad social que se vive en los territorios producto de la imposición de proyectos extractivos como la minería, hidroeléctricas y monocultivos como la caña de azúcar y palma africana.
Hace más de 6 años, como fruto del trabajo organizado de las comunidades, El Salvador hizo historia en la región al aprobar una ley que prohíbe todas las actividades mineras en el país. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele, ha promovido foros sobre la minería, dejando en evidencia las intenciones de reactivar los proyectos de explotación minera, colocando en mayor vulnerabilidad a las comunidades y defensores del ambiente.
En el lanzamiento de la campaña Pedro Cabezas, coordinador de Acafremin, dijo que en El Salvador y toda la región centroamericana, hay claro retroceso en materia ambiental, derechos humanos y democracia, por ende, es urgente que la ciudadanía presione para que los Estados de adhieran al acuerdo de Escazú que, sigue teniendo vigencia porque reconoce el derecho a defender derechos fundamentales.
En la última década, siete defensores ambientales han sido asesinados en El Salvador. Además, las personas que defienden los bienes naturales son objeto de procesos judiciales injustos, como es el caso de los 5 ambientalistas de Santa Marta, una comunidad organizada que ha impedido la instalación de un proyecto de minería metálica a cielo abierto.
Las agresiones y asesinatos contra ambientalistas son atribuidos a crímenes de guerra y la conflictividad que generan las pandillas, quedando registrados como delitos comunes en el archivo de la impunidad.
En el caso de Guatemala, las estadísticas muestran que es un territorio hostil para las personas que defienden sus comunidades de proyectos extractivos que se imponen gracias al resguardo de las fuerzas estatales de seguridad como el Ejército y la Policía Nacional Civil.
Este país ocupa el quinto lugar en el mayor número de asesinatos de activistas ambientales en América Latina. Hay más de un centenar de líderes comunitarios enfrentando procesos de criminalización. A pesar que en septiembre de 2018, Guatemala firmó el Acuerdo de Escazú, el gobierno de Alejandro Giammattei mantiene estancado el proceso de ratificar y adherirse.
Julio González de la organización Madre Selva en Guatemala, expuso que, no hay voluntad política para firmar el acuerdo, porque lo que gobierna es la impunidad ambiental en favor de las grandes empresas. Además, el ambiente no está en la agenda política, pese a estar envueltos en un nuevo proceso electoral.
Por su parte Nicaragua firmó y ratificó el acuerdo en 2018, sin embargo, no existen condiciones sociopolíticas para su aplicabilidad. No hay institucionalidad que garantice el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, especialmente de los defensores y defensoras ambientales.
Nicaragua, es el país de la región que más oro exporta a través de Calibre Mining, Mineros, Mako y Condor Gold, empresas que han encontrado un entorno político favorable que prioriza el capital trasnacional por encima de la vida y dignidad de la gente.
Hasta la fecha 15 países de 33, lo han ratificado, y en el caso de Centroamérica los ojos están puestos en Honduras, como uno de los países que próximamente pudiera adherirse, ya que internamente se ha avanzado en el Poder Ejecutivo, y eso gracias la incidencia que han hecho diferentes organizaciones aglutinadas en la Red Hondureña por Escazú.
José Mario López, integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric, dijo que en el caso de Honduras, aunque se han dado pasos significativos hacia la adhesión del acuerdo, es difícil desmontar la estructura criminal que sostiene a varios proyectos extractivos en las comunidades. Muestra de ello son los dos asesinatos de activistas ambientales del caso Guapinol, y los asesinatos de al menos 8 campesinos integrantes de Plataforma Agraria en Colón que se registran en el primer mes de 2023.
Las organizaciones coinciden que, la mayoría de los proyectos extractivos se instalan sin consulta y sin consentimiento de los pueblos, generando violencia y ruptura en el tejido social. El Acuerdo de Escazú implicaría para Centroamérica un paso importante en la protección del ambiente, pues garantiza el acceso a información, justicia y la participación como herramientas para defender los bienes naturales y la vida.