Aunque sobre él pesa un proceso penal por lavado de dinero, malversación de fondos públicos y otros delitos mientras fungió como alcalde de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura es precandidato a la presidencia de la República en las elecciones primarias que se desarrollarán el próximo 9 de marzo de 2025.
Asfura busca ser candidato presidencial de un Partido Nacional que cayó en decadencia después de los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022). En estos 12 años se registraron escándalos de corrupción y narcotráfico que involucraron a la mayoría de la cúpula nacionalista, por lo que JOH y su hermano “Tony” guardan prisión en los Estados Unidos.
¿Quién es Tito Asfura?
Nasry Asfura Zablah nació en Tegucigalpa el 8 de junio de 1958 y es de ascendencia árabe-palestina. En cuanto a sus estudios, ostenta el título de bachiller en Ciencias y Letras. Sin embargo, su falta de formación académica no le ha impedido tener éxito en la industria de la construcción, donde ha obtenido grandes contratos con el Estado.
En algunas concentraciones políticas, Asfura se mueve como tronco de roble al bailar. Con sus botines, pantalones jeans azules, camisas arremangadas y sin faja, aparenta ser un hombre sencillo y trabajador. Sin embargo, algunos analistas señalan que detrás de esa figura se esconde una pieza clave de las familias que controlan la economía y la política en el país.
El precandidato presidencial viene de la escuela política de líderes muy cuestionados. Se dice que sus primeros pasos en política fueron colaborando en la campaña que llevó a la presidencia a Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), luego con Oswaldo Ramos Soto en 1994 y posteriormente en la campaña que llevó a la presidencia a Ricardo Maduro (2002-2006).
Esto le valió para que, entre 1990 y 1994, fuera nombrado asistente de la entonces alcaldesa Nora Gúnera de Melgar, mientras que en los siguientes cuatro años fue regidor y gerente de servicios públicos. En estos periodos, según denuncias, fue beneficiado con contratos millonarios para sus empresas constructoras.
Después del golpe de Estado de 2009, el Partido Nacional regresó al poder, y Nasry Asfura pasó a ser diputado del Congreso Nacional, cargo que dejó temporalmente al ser nombrado director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
En las elecciones generales de 2013, fue electo alcalde de Tegucigalpa, y cuatro años después fue reelegido para el período 2018-2022, durante el cual también se convirtió en una pieza clave en la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.
“Él fue alcalde de Tegucigalpa, fue diputado y es la segunda vez que busca ser presidente de Honduras. Esto significa que el Partido Nacional ha perdido los relevos y recurre a viejas figuras que, además, están salpicadas de antecedentes contrarios a la transparencia y la justicia”, indicó el sacerdote jesuita Ismael Moreno, “Padre Melo”.
Para el padre Melo, la precandidatura de Asfura solo confirma el deterioro de la clase política y de los partidos políticos. Recordó que en el Partido Nacional hay candidatos cuya presencia está reñida con la ética, la transparencia y el compromiso con la sociedad.
¿Cómo fue su gestión al frente de la alcaldía?
Durante su tiempo como alcalde de Tegucigalpa, se construyeron cientos de proyectos de infraestructura, incluyendo túneles, pasos a desnivel, puentes y ampliaciones de carriles. Sin embargo, se denunciaron adjudicaciones de contratos a empresas con posibles vínculos personales o partidistas, particularmente en proyectos de infraestructura.

La capital quedó llena de estas obras, especialmente en las zonas céntricas, pero no se solucionaron los graves problemas que afectan a la población más pobre. Aunque es una agonía histórica, pero alrededor de 200 colonias en la capital hondureña, no tienen acceso al agua potable viéndose obligadas a comprarla a camiones cisterna a precios 10 veces mayores que los que paga una familia en un sector residencial. Y esto no mejoró en beneficio de la población durante Nasry fue alcalde del Distrito Central.
Señalamientos de corrupción
“Necesitamos líderes enamorados de la justicia y no del dinero”, dijo Tito Asfura frente a la cúpula militar y el gabinete presidido por el entonces presidente Juan Orlando Hernández, el 15 de septiembre de 2020, durante la conmemoración del 199 aniversario de la independencia de Honduras.
Sin embargo, seis semanas después, la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO) presentó una solicitud de antejuicio en su contra por presuntos actos de corrupción dentro de la municipalidad. En ese momento, también era candidato presidencial del Partido Nacional de cara a las elecciones de 2021, las cuales perdió frente a la presidenta Xiomara Castro.

Así daba inicio un proceso de antejuicio por 29 millones de lempiras, fondos de la alcaldía capitalina que habría utilizado para cubrir operaciones de sus empresas, pagar tarjetas de crédito y realizar transferencias de dinero a sus hijas en Estados Unidos.
La investigación de UFERCO establece que, entre 2017 y 2018, Asfura, junto a otra funcionaria municipal, extrajo fondos de un fideicomiso creado con dinero de la alcaldía para respaldar cheques que luego eran depositados en tres cuentas abiertas en un banco privado a nombre del alcalde.
En 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) frenó las investigaciones tras una apelación que solicitaba agotar las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas antes de proceder con el juicio penal. Esta decisión paralizó el caso durante casi tres años. “Esto fue parte del pacto de impunidad de la élite política”, dijo en ese momento la diputada Fátima Mena.
Entre tanto, el 10 de octubre de 2024, la UFERCO reabrió el caso y presentó nuevamente un requerimiento fiscal en contra de Nasry Asfura. Sin embargo, 11 días después, Asfura pagó una fianza de 15 millones de lempiras para defenderse en libertad, asegurando que estas acciones en su contra están motivadas por intereses políticos.
Sorpresivamente, el 4 de diciembre de 2024, un tribunal competente declaró nulo todo lo actuado por el Ministerio Público contra Asfura, ordenando que el caso fuera remitido a la CSJ. Este fallo implica la revocación inmediata de todas las medidas cautelares impuestas y que el juicio deba iniciarse nuevamente desde la audiencia de declaración de imputado.
Ante esto, queda una pregunta: ¿estamos ante la evidencia de otro caso del pacto de impunidad?
Otros señalamientos contra Asfura
Por si fuera poco, en octubre de 2021, Asfura fue uno de los políticos hondureños señalados en los Pandora Papers por sus negocios en paraísos fiscales. Se le vinculó con la creación de empresas en una firma panameña, un mecanismo al que recurría la élite latinoamericana, supuestamente, para ocultar su riqueza de origen dudoso.
Esta revelación fue parte de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que expuso a políticos corruptos de todo el mundo por el uso de empresas en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
Asfura puso en operación la empresa offshore Karlane Overseas S.A., registrada en enero de 2006 en Panamá. La firma fue creada por el bufete panameño Galindo y Lee, mejor conocido como Alcogal. Según la investigación, los movimientos de esta sociedad eran notificados al grupo financiero Ficohsa.
Posteriormente, la empresa pasó a ser controlada por la poderosa familia Atala, propietaria de Banco Ficohsa. En 2007, los certificados originales fueron anulados y reemplazados por nuevos, quedando uno a nombre de Asfura y otro a nombre de Enrique Rodríguez Burchard, quien en 2006 fue diputado suplente del Partido Liberal.
Entre otros señalamientos, también se denunció que Nasry Asfura, como accionista de la empresa recolectora de basura Sulambiente, que demandó a la municipalidad de San Pedro Sula por un total de 8.1 millones de dólares. En 2011, la empresa ganó la demanda sin haber prestado el servicio en la denominada ciudad industrial.
Sulambiente, anteriormente llamada Agac y Otros, obtuvo en 2001 la concesión para la recolección de desechos sólidos en San Pedro Sula mediante una licitación internacional. Sin embargo, la administración del alcalde nacionalista Óscar Kilgore (2002-2006) decidió no firmar el contrato y declaró fracasada la licitación. Esta decisión permitió que la empresa presentara la demanda y facilitó su sentencia a favor años después.
Estos datos son parte de un trabajo del periódico digital Expediente Público, el cual expuso cómo se llevó a cabo la transacción, cómo Asfura ocultó su identidad bajo el nombre de otra firma y cómo sus socios, una vez ganado el caso, le devolvieron las acciones a su socio original: «Papi a la orden».
Con esta carta de presentación, Nasry Juan Asfura Zablah se presentará el próximo 9 de marzo de 2025 a las elecciones primarias en busca del voto popular para ser, por segunda vez, candidato presidencial por el desgastado y manchado Partido Nacional, tras doce años en el poder.
