Este 15 de mayo en el juzgado de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, se lleva a cabo la audiencia contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez Martínez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, a quienes se les supone autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López.
En el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público presentó los fundamentos de su acusación en el caso relacionado con el asesinato del defensor de derechos humanos y ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en el municipio de Tocoa, Colón.
La Fiscalía expuso que el hecho no puede analizarse como un evento aislado, sino dentro de un contexto de conflictividad social que se remonta a 2014, marcado por la oposición comunitaria a un proyecto propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé vinculado a la explotación de recursos naturales en la zona, especialmente en el parque nacional Carlos Escaleras.
Según la acusación, Juan López desempeñaba un rol activo como regidor municipal y líder del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, desde donde impulsaba denuncias contra decisiones municipales que, a criterio de las comunidades, favorecían intereses empresariales en detrimento del medio ambiente y de la población.
El Ministerio Público señaló que estas acciones generaron tensiones políticas y sociales que se intensificaron en 2024, particularmente tras protestas comunitarias y la difusión del “Narco Video”, donde aparece el señor Adán Fúnez negociando con narcotraficantes el financiamiento para campañas políticas.
La Fiscalía presentó que Juan López, el 03 de septiembre de 2024, días antes de ser asesinado, pidió públicamente la renuncia del señor Adán Fúnez. A raíz de eso fue objeto de más amenazas en un contexto de riesgo reconocido por organismos internacionales, incluyendo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su favor y al de otros integrantes del comité ambiental.
En la audiencia también se detalló la teoría del caso, en la que el Ministerio Público afirma la existencia de una estructura criminal que habría planificado y ejecutado el asesinato, presentando como base múltiples medios de prueba: testimonios de testigos, entre ellos un protegido identificado como CCC, peritajes balísticos, análisis de comunicaciones telefónicas, inspecciones en la escena del crimen y documentos administrativos.
Según las pruebas del Ministerio Público, el 17 de agosto de 2024, el testigo protegido estuvo presente cuando en un establecimiento comercial de Tocoa, Colón, los acusados Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos se reunieron con Oscar Alexis Guardado, quien guarda prisión por ser la persona que disparó contra la humanidad de Juan López, para planificar el crimen, mostrando la fotografía de la victima y acordando la cantidad de 200 mil lempiras que Adán Fúnez puso a disposición para que se cometiera el asesinato.
Además, entre las pruebas ofrecidas se incluyen informes técnicos que buscan establecer la participación de los imputados mediante registros telefónicos, análisis de llamadas, geolocalización y evidencias recolectadas en el lugar de los hechos.
La Fiscalía vincula a Óscar Alexis Guardado como mano derecha de Juan Ángel Ramos Gallegos en algunos negocios que podría estar al margen de la ley.
La acusación también incorporó documentación sobre vínculos laborales, contratos municipales entre el acusado Héctor Méndez y Adán Fúnez. Méndez es proietario de la empresa constructora La Unión, pero no cuentan con registros en la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción en Honduras.
Por su parte, la acusación privada en representación de la familia de Juan López y al Comité Municipal de Tocoa, Colón, se adhirió al planteamiento del Ministerio Público, respaldando la calificación de los hechos como asesinato y asociación ilícita. Argumentó que la evidencia presentada permite inferir la existencia de una estructura organizada orientada a la planificación y ejecución del crimen.
Finalmente, las acusaciones insistieron en que el asesinato de Juan López debe entenderse dentro del contexto de su labor como defensor ambiental, su oposición a proyectos extractivos y su rol en la denuncia de presuntas irregularidades en la gestión municipal de Tocoa.
La audiencia inicial por el caso del asesinato del defensor ambiental Juan López, que se realiza en los juzgados de San Pedro Sula, entró en receso y se espera que continúe con la participación de las defensas de Héctor Méndez, Juan Ángel Ramos y del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez.
Entre los representantes legales de Fúnez figura Juan Carlos Paguada, quien actualmente se desempeña como regidor municipal por el Partido Libre en Tocoa.
