Al cierre de una audiencia pública para discutir la situación de la independencia judicial en Honduras, organizaciones de la sociedad civil que solicitaron el espacio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentaron que se perdió la oportunidad de lograr un espacio de diálogo en torno a este principio fundamental para garantizar el respeto al Estado de derecho en Honduras.
“Ha sido una audiencia inusual, porque la delegación del Estado no ha querido dialogar con nosotros. Simplemente dedicó la mayor parte del tiempo a cuestionar el objeto de la audiencia y a leer una intervención que estaba basada en nuestra solicitud, y no en los argumentos que se plantearon en el momento de la audiencia”, dijo la abogada Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso.
Fue en abril de este año cuando organizaciones de la sociedad civil enviaron una comunicación a la CIDH para solicitar una audiencia con el objetivo de presentar información relevante y actualizada sobre la situación de la independencia judicial en Honduras y su impacto en la protección de los derechos humanos en el país, teniendo en consideración acontecimientos recientes que han puesto en evidencia las graves fallas estructurales del sistema de justicia hondureño y su vulnerabilidad frente a presiones externas, entre otras razones, debido a la falta de implementación de reformas para incorporar recomendaciones realizadas por la Comisión y otros organismos internacionales, respecto de las cuales no se han observado avances relevantes en muchos años.
Al concluir la audiencia, se lamentó que el Estado de Honduras perdió la posibilidad de dialogar. “La comisión solicitante venía de buena fe, con la intención de tener un espacio constructivo de aporte para salir con algunos niveles de acuerdos mínimos, donde se pudiera tener un espacio en el debate público en Honduras acerca de asuntos tan importantes como la reforma a la Ley de Juicio Político o la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial. Lamentablemente, esa oportunidad se perdió”, dijo Úrsula Indacochea.
Kenia Paz, del Centro Jurídico por los Derechos Humanos, dijo en entrevista con Radio Progreso que la audiencia buscó presentar información actualizada para las partes acerca de la situación de la independencia judicial en Honduras y, a partir de ahí, plantear preocupaciones legítimas como sociedad civil, así como recomendaciones para que la CIDH sirva de puente para acercar al diálogo con el Estado.
“En el caso de la independencia judicial nos preocupan dos temas principales, uno la ley de juicio político. Y aquí aclaro que no veníamos a incluir los casos recientes e individuales de autoridades electorales ni tampoco de las autoridades del sistema de justicia, porque cada caso tiene pormenores que no fueron planteados, sino más bien a exponer un problema estructural que no hay un marco legal que garantice la independencia judicial.
El país ha hecho esfuerzos enormes para tener un proceso de selección de magistrados y del fiscal general con elevados niveles de transparencia, pero lamentablemente eso es insuficiente si la ley de juicios políticos no se reforma, porque los operadores de justicia pueden ser removidos fácilmente. Y la segunda preocupación era la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; sabemos que existe una iniciativa de anteproyecto de ley, pero esta no ha podido ser socializada. Hemos solicitado, a través del acceso a la información pública, tener el decreto y esperábamos plantear preocupaciones sobre el texto, pero lamentablemente se nos ha denegado oficialmente la información”, agregó Indacochea.
Tanto la Fundación para el Debido Proceso como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) aseguraron que han participado con esta temática en varias audiencias ante la CIDH en los últimos años, y que hay gobiernos que plantean una actitud constructiva y entienden que no se trata de una posición inquisitiva, sino de colaboración. Sin embargo, en el caso de Honduras se cerró la posibilidad de generar un diálogo.
En representación del Estado de Honduras participó Marlene Villeda, embajadora adjunta de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien dijo a Radio Progreso que la audiencia, que debió ser de carácter general, pero se presentaron casos específicos que el Estado, con posterioridad y a través de comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentará al órgano de la CIDH.
“Estamos abiertos al diálogo, pero es importante saber que en un diálogo no siempre se está de acuerdo con todo. Aun así, estamos contentos de haber tenido la oportunidad de conversar con la sociedad civil, escucharlos y decirles que las respuestas se las daremos a la Comisión a través de comunicación oficial”, dijo la funcionaria del gobierno de Nasry Asfura.
Para las organizaciones, esta audiencia debía ser una oportunidad importante para abordar y visibilizar la preocupación sobre la situación de la independencia judicial en Honduras. El contexto reciente del país muestra que no ha habido avances en el fortalecimiento de las instituciones de justicia y, por el contrario, pese a los sucesivos cambios políticos, la justicia sigue siendo débil y permeable a influencias, con un alto costo en materia de impunidad y protección de derechos.
“Es fundamental abordar este tema de manera prioritaria, reconociendo su impacto directo en el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la gobernabilidad democrática”, comentaron las organizaciones solicitantes de la audiencia: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC).
Al cierre de la audiencia y a través de sus redes sociales, el doctor Joaquín Mejía experto en derechos humanos, lamentó la participación del Estado de Honduras que llegó sin acusando y desacreditando, sin posibilidad de generar espacio de diálogo y escucha en un tema que es de urgente necesidad en el país.
