En los rostros de los más pobres se puede ver el cansancio, el dolor, la angustia, la falta de oportunidades y la muerte, fruto de un modelo extractivista voraz que está acabando con la vida de la madre tierra y las personas.

Muestra de esta triste realidad, fue lo sucedido en la mina artesanal de San Juan Arriba, de El Corpus, Choluteca, en el sur de Honduras. El 2 de julio, fue un día funesto en el que 11 mineros quedaron soterrados, luego de hacer las labores de extracción de oro utilizando explosivos. Ese día y lo que sucedido días posteriores marcó la historia del país por una realidad que había estado latente desde hace mucho pero en el anonimato.

El Corpus, es un municipio que colinda con El Triunfo, otro de los lugares codiciados por las empresas mineras en el sur del país. El Corpus fue descubierto por una mina que se explotaba en 1585 llamada Clavo Rico, y que se reactivó en 1954 con el mismo nombre, hasta ahora sigue explotando 5 concesiones que le fueron otorgadas por el mismo Estado.

Esta empresa de origen estadounidense que explota oro y plata, demandó al Estado     porque personas de la comunidad “usurparon” tierras concesionadas. Al ganar la demanda, el Estado le paga millones de lempiras al año y la empresa simplemente compra el mineral a los pequeños mineros que se apropiaron de las tierras, según Pedro Landa, de la Coalición de Redes Ambientales. “La empresa gana siempre, el Estado le paga millones y ellos le compran a los mineros artesanales el mineral sin caer en responsabilidad de cómo se están explotando estas minas”.

Emilio Muñoz (30), Yovanny Cárcamo Muñoz (18), Arony Zepeda (21), Florentino Anduray (25), Olvin Anduray (19), Óscar Fúnez (23), Santos López (30) y Wilmer Ramírez (22) son los ochos mineros que murieron soterrados en la mina de San Juan Arriba. Nehemías Méndez (25), Brayan Escalante (18) y Bayron Maradiaga (19), son los tres obreros de los once que fueron rescatados con vida.

La montaña donde se encuentra El Corpus está perforada, los mineros lo saben, los dueños de los túneles también y las autoridades por supuesto no lo desconocen.

En fin, toda la comunidad conoce la situación de riesgo en la que se encuentran producto de la extracción minera. Sin embargo, los trabajos se siguen llevando a cabo sin tomar en cuenta el peligro mortal que esto implica.

“El trabajo en la mina, es la única fuente de empleo aquí”. Esta es la frase que más resuena en toda la montaña de El Corpus, un lugar muy verde, muy rico en minerales y muy apto para la siembra del café, pero que cuenta con gente muy pobre, sin oportunidades y explotada por las industrias mineras, meloneras,       camaroneras, entre otras. La gente lo sabe y lo dice, siempre en el anonimato con impotencia y dolor, comenta Landa.

Doña Ana Joaquina Anduray, tía de Florentino y Olvín Anduray, dos de los ocho mineros soterrados, en medio de su dolor nos dejó ver la triste realidad en la que viven las familias de El Corpus. Doña Ana, al igual que varias mujeres, se dedicaba a la venta de golosinas en la entrada de la mina La Cuculmeca, donde quedaron soterradas las alegrías de su familia.

“Se ha perdido lo mejor de mi familia, mis sobrinos eran hombres de Dios, este dolor es terrible,” decía con la mirada puesta en el monte Doña Ana, quien buscaba en las casas cercanas a la mina, un lugar para bañarse y cambiarse de ropa junto a otras compañeras, pues las mujeres realizaron una gran labor en la búsqueda de los mineros soterrados.

Una tragedia que se pudo prevenir


Desde hace dos años, el Instituto Hondureño de Geología y Minería (INGEOMIN), elaboró un estudio técnico sobre la magnitud del riesgo de esta mina en el que recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, a la Secretaría del Trabajo, a la Alcaldía de El Corpus y al Ministerio Público, adoptar las medidas necesarias para prevenir este tipo de tragedias. Este estudio recomendó la paralización inmediata de las labores en la mina porque las vidas de los trabajadores corrían grave peligro. No obstante, todos y todas conocemos el terrible final.

Después de la tragedia en la mina de San Juan Arriba, INHGEOMIN, elaboró un informe donde expone la necesidad de cerrar urgentemente toda actividad minera en San Juan Arriba de El Corpus, Choluteca. Sin embargo, a pesar de esas recomendaciones técnicas, las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Luis Andrés Rueda, solo emitieron una ordenanza de cerrar las actividades mineras por un mes. Dejando la posibilidad de que las “rastras”, como popularmente se le conoce a los molinos artesanales, continuaran trabajando unos días más. Esto se dio a conocer en cabildo abierto, el pasado 10 de julio en El Corpus.

“En estos días se evidenció la negligencia e inoperancia de los entes del Estado, funcionarios que tienen responsabilidad en la regulación de los minerales en Honduras, además los entes que deben investigar los hechos que originaron la tragedia, y que tienen a ocho familias llorando por su seres queridos. Hay que profundizar y abrir el debate sobre las condiciones de explotación en que viven los trabajadores mineros”, dijo Pedro Landa.

Los más pobres, víctimas de la extracción minera

En el parque central del municipio, a un costado de la Parroquia Nuestra Señora de la Purificación, justo encima de una mina colonial, A Mecate Corto, tuvo la oportunidad de conversar con Bayron Maradiaga, un joven de 19 años, de contextura muy delgada y de piel clara, uno de los tres sobrevivientes de la mina, quien nos contó aquellos momentos de agonía que pasó junto a sus compañeros. Bayron tenía dos años de trabajar en la mina extrayendo oro.

“Esta experiencia fue terrible, ese día ya habíamos terminado todas las labores y ya veníamos de regreso, de pronto sentimos que el techo que estaba encima de nosotros tronaba y de repente un aire nos sopló y cuando salimos corriendo la salida ya estaba sellada”, dijo Maradiaga.

El joven minero solo recuerda cómo sus compañeros que aun están soterrados en la mina les pedían auxilio y lloraban porque no soportaban el peso de las piedras, pero dice que después de media hora ya no los volvieron a escuchar.

Hasta el cierre de esta emisión, en la mina La Cuculmeca se encontraban los cuerpos de ocho mineros que no pudieron ser rescatados. Las labores de rescate fueron suspendidas el pasado 11 de julio, ante la oposición de los obreros quienes querían seguir buscando a sus compañeros.

Para Doña María Méndez, una señora que se dedica a la venta de frutas que cultiva en su solar, la extracción minera es una enfermedad que está matando al pueblo. “Si no se muere soterrado como les pasó a estos muchachos, a los hombres le salen hongos en la piel por tanto químico que usan” expresó Doña María, haciendo referencia de su primo Concepción Pérez, un señor de 64 años de edad quien junto a otros hombres padecen de un hongo en la piel, supuestamente por el mercurio metálico que se usa para separar el oro de la broza, la piedra que se extrae de la mina.

Conversamos también con Concepción Pérez, quien manifiesta que hasta el momento no han recibido la atención médica al problema de los hongos que ellos padecen, ya que los centros de salud en la zona no tienen capacidad para atenderlos y les toca sobrevivir con esas enfermedades.

Un obrero minero gana entre 250 y 300 lempiras al día, ya sea por extracción, acarreo o molienda de la broza, pero por el alto costo de la vida en el país, las personas se ven obligadas a buscar migajas de oro en los botaderos de los molinos artesanales o en la quebrada contaminada por el mercurio de San Juan Arriba. Con esta acción se logran ganar entre 200 o 100 lempiras adiciones que apalean un poco la crisis económica del hogar, nos contó Don Concepción, sobándose sus manos afectadas por los hongos.

Riqueza abajo, pobreza arriba

El Corpus, es una comunidad sencilla y pobre, insertada en una montaña muy rica, donde se extrae oro en cantidades industriales. Las familias con todo ese oro podrían vivir perfectamente cubriendo todas sus necesidades, pero lamentablemente la realidad es otra. El oro se queda en pocas manos.

Las autoridades hondureñas presentaron un requerimiento fiscal contra tres personas encargadas de contratar a los obreros que operan en la mina la Cuculmeca de San Juan Arriba. Geovanny Zepeda, Eduard Maradiaga y Virgilio Gúnera, son acusados por los delitos de usurpación, daños, lesiones y homicidio culposo. Hasta el momento se desconoce el seguimiento que ha llevado el caso.

En los primeros días de la tragedia, pudimos entrevistar a Virgilio Gúnera, quien manifestó que él no es responsable de la situación y que no tenía ninguna vinculación con la extracción que allí se realizaba, pero Don Edas Salinas, hermano de Juan Nicanor Velásquez, dueño del terreno de la mina, argumenta que Gúnera le pagaba a su      hermano más de 70 mil lempiras mensuales por el alquiler del     terreno y que esa explotación   estaba a cargo de Gúnera.

A Mecate Corto, pudo conversar con Ana Zepeda, sobrina de Geovanny Zepeda, uno de los mineros empresarios acusados por las autoridades. Ana junto a su padre Leónidas Zepeda, son dueños de molinos artesanales y 40 manzanas de tierra de donde extraen también oro. Ana nos explicó que cada molida de la broza dura 24 horas, y que cada vez que se muele, su familia saca entre 30 o 35 gramos de oro, mismos que venden a Metal del Sur o Clavo Rico. Cada gramo es vendido a más de 600 lempiras según sus quilates.

“Geovanny Zepeda es quien más oro saca, en cada molida saca entre 300 o 500 gramos, porque él cuenta con tecnología de primera”, nos dijo Ana Zepeda mientras maquillaba su rostro con cosméticos marca Clinique y Lancome, productos de alto costo en el rubro de la belleza.

No cabe duda que el negocio de la extracción minera es bueno, para las familias que tienen el control en las comunidades y para las empresas que gozan del territorio que los gobiernos les han obsequiado. Mientras tanto para los sectores más empobrecidos de la sociedad, la minería, aparte de ser una única opción laboral, se convierte en una muerte segura y en un tema sin importancia para los grandes medios de comunicación.

¿Cuál es la alternativa?

El gobierno de Juan Orlando Hernández, propone la creación de un parque minero industrial. Supuestamente equipado y con gente capacitada para evitar más accidentes en una tierra que ya no tiene condiciones para seguir siendo perforada. Otto Vilchez representante de los mineros empresarios, manifestó que están de acuerdo con esta propuesta, siempre y cuando no haya participación de COALIANZA. Esto pasará de ser minería artesanal a minería industrial.

Por su parte Pedro Landa, asegura que hay una hipocresía enorme porque la gran minería es más dañina que la minería artesanal. “Está mal señalar que la minería artesanal es mala y la gran minería es buena cuando vemos casos como el de Valle de Siria, en Francisco Morazán donde se criminaliza a las personas que defienden sus territorios y el agua, sin embargo los grandes mineros que andan de sacos y corbatas están financiando las campañas políticas y son los grandes bienhechores de este país”.

Para Landa, una solución no puede ser clausurar las minas, sino tener como alternativa la creación de pequeñas cooperativas y que el Estado les brinde capacidades para que lo hagan con todas las medidas de seguridad. Así los obreros dejan de ser víctimas de terratenientes y políticos implicados en la explotación al margen de la ley y de las grandes empresas que les compran el oro a precios sumamente bajos.

“Debemos reflexionar sobre la política abierta de extractivismo que propone el Estado, ya que la misma no tiene ningún sentido cuando vemos que se pone en riesgo vidas humanas, cuando no hay intención de los gobiernos de apoyar a estas personas que están rasguñando la tierra para poder vivir. Y por otro lado abren la puerta para la gran industria minera, las grandes empresas que hacen sus ganancias a costa de la destrucción del territorio”, explicó Landa.

Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sobre la situación de la minería en Honduras apunta que la explotación minera en el país irrespeta los derechos humanos, causa grandes destrucciones al ambiente y deja muy pocos ingresos para justificar una política pro minera del Estado.

Las compañías mineras han construido un escenario de conflicto y de polarización, así lo reveló el reciente diagnóstico realizado por el ICEFI. Esta industria tiene muy bien definido su objetivo: convertir toda la riqueza natural en dinero. Las comunidades, organizaciones ambientales, ecologistas y populares y las iglesias por su parte, buscan el camino para articular una lucha común por la paz y la vida a partir de la defensa y protección de los bienes naturales.

Tal como lo menciona Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales en Honduras, la tragedia de los mineros en el Corpus, Choluteca no es única; es la expresión de la trágica realidad de la minería, y para hacerle frente es necesaria la articulación y movilización para defender la vida, desde la lucha organizada, popular, pacífica y no-violenta.

Landa hace el llamado a las organizaciones a trabajar para denunciar las irregularidades y su oposición a la instalación de esta industria o cualquiera que atente contra la soberanía, territorios y los bienes naturales. “Y aquí ponemos como ejemplo el trabajo de las comunidades del departamento de Atlántida quienes están librando un lucha en rechazo a la instalación de minas e hidroeléctricas en la región. Esa comunidades están conscientes de los severos daños que provocarán estas empresas”, concluyó Landa.