Autoría: María José Longo Bautista – Agencia Ocote / Guatemala

Una atleta que vivió una violación múltiple y esperó 18 años para escuchar la sentencia en contra de uno de los seis agresores. Una niña que sufrió la primera violación a los 8 años y alcanzó justicia más de dos décadas después. Una madre que lleva 12 años buscando que la violación sexual y femicidio de su hija no quede en el olvido. Ellas conocen muy bien la palabra impunidad. Pero no son las únicas, en Guatemala hay miles de casos de violencia sexual que el Ministerio Público (MP) ha desestimado, archivado, o siguen en interminables procesos de investigación.

La atleta de Quetzaltenango

Era de noche, llovía, ella caminaba e intentaba cubrirse del agua con un capuchón. Escuchó que un vehículo se detuvo atrás, intentó seguir,  pero no pudo avanzar más. La tomaron por la fuerza, la metieron en el carro, la amenazaron con una pistola, la violaron. Eran seis agresores, pero ella solo pudo ver el rostro de uno. 

Después de la violación sexual, la dejaron abandonada en una calle. Solo puede recordar que se sentía desubicada. Repetía: «Me violaron, me violaron». Una pareja de personas la vio, se acercó y la auxilió. La llevaron a su casa, luego fue trasladada a un hospital.

Ese hecho ocurrió en septiembre de 2007, en Quetzaltenango, un departamento en el occidente de Guatemala, a unos 200 kilómetros de la capital. La sobreviviente tenía 18 años cuando sufrió el ataque. Ahora tiene 36 y es atleta.  

Recuerda que en el hospital un médico y una enfermera la trataron con ternura y se preocuparon por ella. Cuando le contó a su mamá lo que había pasado, le tapó la boca con una mano y le dijo que se callará porque «qué iba a decir la gente». 

Tenía miedo, tenía dolor, no supo qué hacer, no dijo nada.

Los meses pasaron y a inicio de 2008, una amiga la motivó a denunciar lo que le había pasado en el Ministerio Público de Quetzaltenango.

Meses después de denunciar el hecho, reconoció en un periódico al único agresor que pudo ver el día del ataque. También lo acusaban de violación. Fue al MP y amplió su denuncia.

Autocuidado frente a procesos revictimizantes 

Durante las entrevistas que la atleta sostuvo con una psicóloga y una trabajadora social del MP, cuenta que se incluyeron comentarios y preguntas desagradables: «¿Y usted qué estaba haciendo ahí? ¿Y por qué les dijo eso a los violadores?». 

Los cuestionamientos y el trato que recibió la llevaron a tomar la decisión de no regresar a esa institución del Estado.

Pasaron los años y su salud mental se vio comprometida, al punto de pensar en la idea de suicidarse, pero logró aferrarse a motivaciones que le ayudaron a seguir.

El deporte fue fundamental en esa decisión. Se aferró a esa disciplina y a los estudios. Se graduó de Trabajadora Social y con su propio esfuerzo pagó la atención psicológica que necesitaba.

En el 2022,  más de 15 años después, el MP recordó su caso. La fiscalía liquidadora lo tenía a su cargo. Esta fiscalía es la encargada de atender casos con mora, que no han sido resueltos en años anteriores. 

La fiscal que la contactó le contó que la persona que ella reconoció cuando amplió su denuncia en el 2008, estaba por salir de prisión luego de cumplir 13 años en la cárcel por violar a una adolescente. 

La atleta pensó que si abandonaba el caso, otras mujeres podrían pasar lo que ella vivió, por lo que decidió seguir el proceso.

Volver al trauma para ganarle a la impunidad 

La atleta se acercó al Instituto de la Víctima, institución pública que brinda atención gratuita a las personas que ven vulnerados sus derechos. Cuenta que al principio el trato no fue bueno, pero reconoce que después mejoró. 

En febrero de 2025 recibió una llamada de esa institución, porque el hombre al que señalaba como su agresor, había sido capturado.  

La atleta llegó a la audiencia, a pesar del miedo de volver a enfrentarse a los recuerdos del 2007 y de volver a estar cerca de su agresor. La audiencia terminó con el acusado ligado a proceso, después fue enviado a juicio y tras el debate llegó la sentencia.      

En agosto de 2025, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango condenó a Wilson Eduardo Calderón López a 13 años de prisión por violación agravada.

«Hubo cierto confort cuando escuché de la justicia: “le creemos”, lo sentí como un antibiótico, como un desinflamatorio cuando usted tiene mucho dolor y algo le da tanta paz, fue como ponerle una curita», dice la atleta.  

El camino cuesta por violencia sexual

La atleta sobreviviente de esta historia esperó 18 años para obtener una sentencia y no es la única. De las mujeres y niñas que denunciaron violación sexual y violación con agravación de la pena, de enero de 2008 a diciembre de 2024 en Guatemala, 26,258  siguen en espera,  su caso está en investigación. 

En total, son más de 26 mil mujeres y niñas que han esperado entre  5, 10, 15 o más años para que se haga justicia.  

En un tiempo similar, 17 años, hay miles más a las que la justicia les dio la espalda. Un total de 30,548 de los casos por esos delitos se desestimaron y 36,548 fueron archivados. 

«Esta impunidad es una carga para las sobrevivientes porque esos casos que llegan a sentencia no son por la voluntad del sistema de justicia», comenta Haydeé Valey, abogada maya Achi, con experiencia en casos de justicia transicional y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual. 

Añade que la justicia se logra «porque las sobrevivientes están demandando, están exigiendo que sus casos avancen, o por el trabajo de algunas organizaciones».

De 156,497 mujeres y niñas que denunciaron violación sexual y violación con agravación de la pena entre 2008 y 2024, 30,548 casos han sido desestimados; 36,548 fueron archivados; 26,258 aún están en investigación, y 15,904 tienen una sentencia.

Un total de 47,239 se encuentran en diferentes etapas del proceso (conexados, remitidos a otras fiscalías o juzgados).

La niña de 8 años 

En 19 de agosto de 2025, el Tribunal de Sentencia Penal de Femicidio de Totonicapán emitió una condena de prisión de 77 años y 3 meses en contra de Santos Ángel Ajtun Coj. 

Ajtun abusó sexualmente de su hijastra desde que era una niña, cuando tenía 8 años. Ese delito se prolongó unos 20 años más. 

A causa de las constantes violaciones, ella tuvo siete hijos. El primero nació cuando era una adolescente. 

El agresor era un hombre con poder, fue vicepresidente del Consejo Comunitario (Cocode) de su aldea, Pachuchup, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.

Él controlaba la vida de su víctima, la dejaba salir muy poco y no le permitía llevar con ella a más de uno o dos de sus hijos, así evitaba que se fuera. 

Aunque ella y sus hijos trabajaban desde casa armando cajas o haciendo bolsas de costal, el dinero del pago lo recibía el agresor.

Gracias a  una beca para sus hijos, la historia de abuso llegó a la organización  Mujeres Transformando el Mundo (MTM), una organización que brinda atención gratuita a mujeres víctimas de violencia.  

Paula Barrios, coordinadora de MTM, recuerda que el rescate de la víctima, a quien identifica como una mujer emprendedora, no fue fácil y llevó meses de preparación.

Sucedió un domingo, mientras el agresor estaba en la iglesia,  pidieron apoyo a la Policía Nacional Civil.

La mujer emprendedora que durante 20 años fue abusada, tuvo 30 minutos para meter en una bolsa un poco de su ropa y la de sus hijos. 

«La suerte estuvo de nuestro lado», dice Barrios. Luego reflexiona: «Este caso refleja esa ausencia de institucionalidad y de apoyo inmediato, que garantice la seguridad de las víctimas como del personal de las organizaciones. Que no tengamos que hacer valer la suerte para poder salvar estas vidas». 

Entre la denuncia, el rescate y la sentencia, transcurrieron cinco años.  Barrios dice que el caso rompe con lo que tradicionalmente se entiende sobre violencia sexual y la forma en que se juzga. 

Para Barrios el caso también invita a pensar en las mujeres que pasan por una historia similar y están solas, porque las organizaciones no pueden alcanzar a todas.  

Según datos proporcionados por el MP a traves de información pública, de enero de 2008 a diciembre de 2024 recibió la denuncia de 156,497 niñas y mujeres por violación sexual y violación con agravación de la pena. 

De este grupo solo el 10% ha obtenido una sentencia, es decir, solo 10 de cada 100 mujeres  o niñas. El resto, 90% está navegando en la impunidad. 

«El 90%, es monstruosa esa cifra. Si nosotros como sociedad estamos conformes con eso, algo está mal. Algo estamos haciendo mal», dice Juan Carlos Segarra, maestro en psicología y CEO de Vinland Solutions, empresa especializada en psicología de trauma de violencia. 

Aunque la mayoría de las sentencias son condenatorias, también hay decenas que son absolutorias, que a pesar de alcanzar una sentencia la impunidad sigue. En 2024 de 1,302 sentencias por vilolación sexual y violación con agrabación de la pena, 289 fueron absolutorias.

La madre que busca justicia por violencia sexual y femicidio 

Keren Mérida lleva 12 años buscando justicia por su hija Ester Noemí Mérida, de 14 años, víctima de violencia sexual y femicidio en noviembre de 2013. 

La niña desapareció cuando salió de su casa para comprar tortillas y nunca volvió. Su cuerpo fue encontrado a unos 100 metros de su casa. Tenía señales de violencia física y sexual. Desde entonces su madre busca la verdad del hecho

Cuando esto ocurrió la mamá se encontraba trabajando, se enteró de la desaparición por una llamada de su pareja, Selvin Alejandro González Arrecis, padrastro de la víctima y quien fue detenido como el principal sospechoso. 

En 2016, González Arrecis, fue absuelto por el Tribunal Segundo de Femicidio. Luego de una apelación se ordenó repetir el juicio. En octubre de 2025 nuevamente ese tribunal conformado por otros jueces lo absolvió. 

La mamá de la víctima recibe el apoyo del Instituto de la Defensa Pública Penal, que apelarán de nuevo, pero están a la espera de la notificación de la sentencia para poder hacerlo. 

Hasta noviembre de 2025 los abogados no habían sido notificados para poder emprender la acción y dijeron que no están de acuerdo con la absolución, porque consideran que hay pruebas suficientes.

«En este caso se lograron identificar, por ejemplo, muestras de sangre de la víctima en las prendas de vestir de la persona que está siendo acusada. El tribunal argumentó que como ayudó en la búsqueda, podría ser por eso, pero no se relaciona con los demás indicios que hay en el proceso», dijo Fanuel García, director de asistencia legal del Instituto de la Víctima. 

La madre de Ester Noemí es persistente en el laberinto burocrático que le pueda brindar justicia

Impunidad del MP de Consuelo Porras en violencia sexual

Durante la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras, que dirige la institución desde el 2018, se ha usado la desestimación y el archivo de las denuncias por violencia sexual de una manera generalizada e indiscriminada. 

Con escasos mecanismos, se descartan casos que podrían ser investigados y así se fortalece  el índice de impunidad por esos delitos.

Esta afirmación se recopila  en estudios como: Caro, ineficiente y corrupto: evaluación del MP durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, de Convergencia por los Derechos Humanos. 

Además, en el informe: ¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025, presentado por INECIP y Alianza por las reformas. 

En este último se expone como el Ministerio Público, entre el 2023 y 2024 desestimó y archivó más denuncias de violación sexual en comparación con el número de las que recibió. 

Por ejemplo, entre 2023 y 2024 la tasa de eficacia de los casos de violación fue del 14.54% y la relación entre los expedientes desestimados y las denuncias recibidas fue del 101.20%. Para el periodo de 2024 a 2025 disminuyó a 72.22%. 

La medición incluye denuncias recibidas en ese periodo de tiempo, pero también con las acumuladas en años anteriores.  Aunque para el periodo entre 2024 y 2025 los números disminuyeron, siguen estando presentes y altos.

El uso excesivo de estos mecanismos no es el único problema, se suma el hecho de usarlos para inflar estadísticas y registrar los datos como una acción positiva. 

«El MP incluye como salidas positivas también a los archivos y las desestimaciones. Cuando ellos toman la decisión de que no van a investigar un caso, lo dominan como un caso resuelto. Es una aberración jurídica porque genera impunidad, no es un caso resuelto», dice Alejandro Rodríguez, coordinador de litigio estratégico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) y ex secretario de política criminal del Ministerio Público.

Rodríguez agrega que la eficacia de un caso resuelto tiene que ver con lograr una salida positiva para las víctimas. 

Las acciones de la Fiscal General que repercuten en las víctimas de violencia sexual como en las de otros delitos, incluye también el presupuesto. 

En 2025, el Ministerio Público trabajó con un presupuesto de Q3,595.18 millones, pero el recurso no siempre ha sido utilizado en beneficio de las usuarias. 

Por ejemplo, el medio eP Investiga publicó como el MP gastó Q2.6 millones en equipo para sus guardias de seguridad en 2024. Porras y algunos de los fiscales del MP son custodiados por dos o cuatro guardaespaldas que suelen llevar armas de grueso calibre.

Mientras hacen falta más investigadores, mejorar la infraestructura de sedes municipales, dotar de equipo de tecnología al personal de investigación, contar con intérpretes para la atención de mujeres indígenas y proveer de recursos a  los fiscales para un mejor registro de las denuncias.  

“El MP, recibe un presupuesto bastante alto, hay que tomar en cuenta cómo se está invirtiendo, porque si se invierte en seguridad para la fiscal, para tener un cuerpo armado como si estuviéramos en una guerra, eso tampoco se justifica», dice Valey, la abogada Achi 

Las tachas en la investigación 

Valey, García, Barrios, Rodríguez y la atleta, coinciden en que la impunidad de los casos en violencia sexual está marcada por las debilidades que tiene el Ministerio Público para investigar. 

Fanuel García, director de asistencia legal del Instituto de la Víctima y exsecretario de política criminal del MP explica que hay una limitación en el número de investigadores de campo y recuerda que, en 2004, hace más de 20 años, se emitió una instrucción general en el MP para el abordaje de los delitos sexuales. 

Esa instrucción contiene directrices para el procesamiento de la escena del crimen, que escasas veces se cumplen.  

 «Data desde esa época y no ha sido reformada, no se han emitido otras. Se han dejado de exigir por parte de los fiscales generales, eso ha vuelto a relajar al personal. Trabajar también la escena de crimen, dónde fue el hecho, ahí seguramente se van a encontrar elementos de investigación, fluidos biológicos, que es lo que más nos sirve para este tipo de investigaciones», asegura.

En 2021 la fiscal general inauguró el Modelo de Atención Integral para las mujeres víctimas de violencia (MAIMI) en la Verbena, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. 

El MP destacó que atendería las 24 horas, todos los días. Barrios, de MTM, lamenta que se inaugurara como un modelo beligerante y esté siendo un espacio dilatorio para las víctimas, con poco personal y de difícil acceso por su ubicación .

https://www.agenciaocote.com/blog/2025/06/07/que-hacer-si-sufres-una-agresion-sexual-en-guatemala/

«Había tres grupos de investigadores, incluso cuatro, hoy solo hay uno. Las mujeres tienen que esperar más de 24 horas para lograr hacer las gestiones de investigación que el mismo MP se ha propuesto, que es acompañar a la víctima al lugar de los hechos para poder levantar y documentar un álbum fotográfico», dijo Barrios. 

Aunque el MP tiene fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, carece de una fiscalía especializada en atender exclusivamente violencia sexual con personal especializado en el tema. 

Las grietas del Estado 

El MP no es el único que presenta debilidades a nivel institucional. En el Organismo Judicial, Alejandro Rodríguez señala como una flaqueza la constante suspensión de audiencias, lo que retrasa procesos y desespera a las víctimas. 

Para el caso del Ministerio de Gobernación señala la protección a las víctimas y la ejecución de las órdenes de captura pendientes, agrega que en este tema el MP también tiene la obligación de darle seguimiento.

De acuerdo con información pública proporcionada por el MP había al menos 12,140 órdenes de captura pendientes de ejecutarse por violación y agresión sexual entre 2008 y 2024. En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), García señala que es necesario darle seguimiento al banco genético. Un registro que debería estar actualizado con los datos de acusados de delitos sexuales para al momento de una agresión poder buscar en esta base o consultarla en la investigación.

Aunque las muestras genéticas las aporta el MP, el banco está a cargo del Inacif. 

La abogada Valey, hace un llamado al Instituto de la Defensa Pública Penal a capacitar a sus abogados defensores para que estos respeten a la víctima, tengan una defensa ética en los casos de violaciones.   

Para García el Estado debe reflexionar porque envía un mensaje claro desde el momento que la Defensa Pública Penal que brinda asesoría gratuita a los acusados tiene más presupuesto que la institución pública encargada de prestar el servicio a las víctimas. 

En el 2025 el Instituto de la Víctima tuvo un presupuesto de Q55 millones, mientras el Instituto de la Defensa Pública Penal de Q328 millones. 

Las niñas, las más vulnerables

En Guatemala las tasas de violencia sexual se disparan cuando se trata de niñas y adolescentes, está probado por el Inacif y por otros, como el informe de país Violencia de género en Guatemala elaborado por ODI Global. De enero a octubre de 2025, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) reporta 47,864 niñas y madres jóvenes de 10 a 19 años. En las menores de 14 años, el embarazo es parte de la violencia sexual, según la legislación guatemalteca, la edad mínima de consentimiento para la actividad sexual es de 14 años.

Aunque en Guatemala la edad mínima para casarse son 18 años, existen las uniones y matrimonios forzados en mujeres menores de edad.

El estudio ¡Cuando la edad cuenta! hace ver que de 2017 a 2023, en promedio cada día se registraron tres violaciones a niñas en Guatemala. Fueron, en total, 8,331 denuncias. Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y San Marcos tienen los registros más altos.  

El estudio recoge el caso de un anciano de 94 años que violó a una niña de 8 y de otro de 72 que violó a una niña de meses.

Hay en total 19 casos de hombres muy mayores, de más de 70 años, que violaron a niñas. La mitad de estas agresiones fueron en contra de la primera infancia, niñas menores de siete años.

No es normal 

La impunidad en la violencia sexual está ligada con la normalización de la violencia y con el silencio, en este panorama la responsabilidad trasciende hasta la ciudadanía. 

Emma López, acompañante de movimientos por los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, hace una reflexión de cómo la violencia sexual a llegado a ser normalizada al extremo del humor, cuando no es humor, es una tragedia. 

«Si nuestro humor como sociedad, si nuestros medios de comunicación perpetúan estas narrativas, evidentemente las mujeres vamos aprendiendo que somos objetos sexuales, los hombres van aprendiendo que estamos a su disposición. Nuestro margen de intervención para un cambio está siempre en nuestro entorno inmediato», dice López.

Agrega que la violencia sexual se normaliza a través de la escasa educación sexual. «Porque si nuestra pedagogía de la sexualidad es la pornografía, la cual es violenta y normaliza muchísimas veces la violencia sexual, lo empezamos a normalizar desde muy temprana edad» 

Segarra, de Vinland Solutions, reitera que ningún tipo de violencia puede ser normalizada y que es importante dejar claro que ante ninguna circunstancia la víctima tiene la culpa.

«Como sociedad, como familia y como red de apoyo de amigos, nos tenemos que proteger entre nosotros para que esto no pase, porque si estamos esperando que solo la ley haga su trabajo, como sociedad vamos a normalizar todo esto que está pasando», dice Segarra.   

Segarra explica que cometer violencia sexual no es una conducta normal: «Es un impulso animal, no hay control de impulsos y hay falla de juicio realidad».  

Virginia Jiménez Tuy, consultora independiente e investigadora en el Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala, reflexiona sobre las tres historias de este reportaje, sobre cómo a pesar de un clima implacable marcado por la impunidad, hay mujeres que siguen luchando por la justicia. 

«Ante esa coyuntura o ante ese contexto que en algunos momentos retrocede, hay mujeres que persisten en su lucha. Es importante reconocerlas porque ellas están resistiendo ante ese desgaste emocional y social», concluye Jiménez Tuy. 

Agencia Ocote consultó con el Ministerio de Gobernación, el Inacif, el MP, la Secretaría contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas, para saber qué están haciendo para prevenir la violencia sexual y reducir la impunidad. No hubo respuesta de los departamentos de comunicación social. Se intentó contactar a los abogados de los acusados mencionados, pero no fue posible.

Créditos: 

Investigación y redacción: María José Longo Batista

Edición: Lourdes Álvarez Nájera

Diseño: Oscar Donado