
Han pasado cuatro meses desde la noche del 14 de septiembre de 2024, cuando sicarios a sueldo atacaron al defensor ambientalista Juan López en su natal Tocoa, Colón, mientras salía de misa. La brutalidad de su asesinato ocurrió en un contexto marcado por amenazas, hostigamiento y una creciente criminalización contra él y otros miembros del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Organizaciones de derechos humanos, así como familiares y compañeras de Juan, expresan su frustración ante la falta de avances en las investigaciones. Adilia Castro, defensora y amiga cercana de Juan, lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido, el sistema judicial no haya mostrado ningún progreso significativo en el esclarecimiento de los autores intelectuales del crimen. “Estos cuatro meses sin avances en la investigación reflejan la lentitud con la que actúa la justicia en Honduras y la desvalorización de la vida humana, especialmente la de los defensores de derechos humanos”, señala Castro.
Con una voz quebrada por el dolor, Adilia continúa: “La pérdida de Juan ha significado un golpe irreparable para todos en el Comité. Lo que nos deja su partida es un profundo vacío, porque él representaba la esperanza, la unidad, la alegría y el sueño de construir un municipio, un territorio y una sociedad mejor”. Su dolor es palpable mientras pausa la conversación para contener las lágrimas.
La espera se hace más angustiante tras la suspensión de la audiencia preliminar contra tres de los implicados en la autoría material del asesinato. Según el Comité, aún desconocen cuándo se reanudará el proceso judicial. «Pensábamos que la audiencia continuaría en noviembre, pero no hemos recibido ninguna actualización sobre el caso», afirma Castro, visiblemente preocupada por el desinterés y la falta de transparencia en la investigación.
Hasta el momento, los acusados de haber ejecutado el crimen de Juan López son Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes fueron detenidos entre el 4 y el 5 de octubre en Tocoa. Según las investigaciones del Ministerio Público, estos tres sujetos participaron en la vigilancia y planificación del asesinato. Sin embargo, la identidad de los autores intelectuales sigue sin esclarecerse.
Juana Esquivel, del Comité Ambientalista, expresa que los cuatro meses transcurridos desde el asesinato de Juan López han sido interminables. La ansiedad por obtener justicia crece cada día, en un contexto marcado por constantes amenazas, persecución y un clima de creciente tensión en el valle del Aguán, donde las amenazas se intensifican debido a la conflictividad agraria y la presencia de la empresa minera.

En cuanto al proceso judicial que debería conducir a la identificación y castigo de los autores intelectuales, Esquivel señaló que, aunque los autores materiales del crimen continúan detenidos, aún no se ha avanzado en esclarecer quiénes ordenaron el asesinato. “Sabemos que el poder judicial entró en receso, pero ya han retomado sus labores y, sin embargo, el caso sigue estancado. Recordamos que el Ministerio Público solicitó más tiempo para analizar la evidencia, incluidos los vaciados telefónicos y las imágenes de cámaras de seguridad en varios puntos de la ciudad. Sin embargo, después de esa solicitud, no hemos recibido más detalles. Esperamos que en los próximos días se acelere el acceso a la justicia y que el castigo a los autores intelectuales de Juan no se dilate más”, declaró Esquivel, visiblemente preocupada por la falta de avances.
Un crimen premeditado en el marco de un clima de persecución
Semanas después de la tragedia, expertos de las Naciones Unidas señalaron que el asesinato de Juan López no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de ataques, intimidaciones y criminalización dirigidos a los defensores de derechos humanos que conforman el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). Estos activistas han denunciado, en múltiples ocasiones, los efectos negativos de las operaciones de la minera Inversiones Los Pinares (anteriormente conocida como EMCO Mining Company) y de la empresa siderúrgica Inversiones ECOTEK, ambas involucradas en la destrucción de un área protegida en la región.
Las investigaciones apuntan a que estas dos empresas forman parte de EMCO Holdings, un conglomerado que, según se ha revelado, se asoció con una gran empresa siderúrgica en Estados Unidos. En Honduras, los vínculos de estas empresas están estrechamente relacionados con los empresarios Lennir Pérez y Ana Facussé.
Para los miembros del Comité, la falta de avances en la investigación es aún más alarmante en un contexto electoral, donde temas cruciales parecen relegados a un segundo plano. “Exigimos al fiscal que no siga en deuda con el pueblo hondureño y que priorice la investigación de este crimen. Necesitamos justicia y que se identifique y se castigue a los autores intelectuales de este asesinato», reclama Adilia Castro, con la esperanza de que el clamor por justicia no quede en el olvido.
Ismael Moreno, SJ, conocido como Padre Melo, recordó a través de sus redes sociales los cuatro meses transcurridos desde el asesinato de Juan López. «Mientras la bulla electoral se hace cada vez más ensordecedora, el silencio sobre las investigaciones de su asesinato y sobre los factores que lo provocaron se vuelve aún más abrumador», expresó.
Moreno recuerda a las autoridades hondureñas encargadas de la investigación que es necesario establecer patrones de violaciones de derechos humanos contra las personas defensoras de los derechos humanos, identificar las causas profundas de sus homicidios y elaborar una estrategia para evitar que se repitan.
Cuatro meses del crimen de Juan López. Mientras crece la bulla electoral más ensordecedor es el silencio sobre las investigaciones sobre sus asesinos y sobre lo que provocó el crimen
— Ismael Moreno (@Melosjmoreno) January 14, 2025