Las viudas de El Tumbador: un grito desesperado de justicia
La masacre de El Tumbador, ocurrida el 15 de noviembre de 2010 en el Valle del Aguán, marcó una de las tragedias más desgarradoras de la historia reciente de Honduras. Cinco campesinos, entre ellos Raúl Castillo, padre de familia y líder del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), fueron asesinados brutalmente en un ataque que, más de una década después, sigue dejando cicatrices profundas. Mientras el Estado continúa su inacción y la impunidad prevalece, quienes realmente cargan con el peso de la tragedia son las viudas, mujeres que han quedado solas, luchando no solo por sanar el dolor de la pérdida, sino por exigir justicia en un contexto de olvido y desamparo.
Por: Cesar Obando Flores
Edición: Iolany Mariela Pérez
Como todos los días, Raúl se levantó antes del amanecer. El reloj aún no marcaba las 5 de la mañana cuando comenzó a alistarse. Preparó su machete, sus botas, un azadón y un bote con agua. Sabía que la jornada en el campo comenzaba temprano, pues como decía él, citando a los sabios de la tierra: “A quien madruga, Dios le ayuda”. Raúl era un campesino organizado en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), un hombre comprometido con la lucha por la tierra que, a pesar de la conflictividad de la región, siempre encontraba tiempo para la esperanza.
Apenas logró despedirse de su esposa, Guadalupe Gallardo, y de su pequeño bebé, que en ese entonces apenas tenía seis meses. Sabía que, si todo salía bien, regresaría a casa a tiempo para el almuerzo. Guadalupe, por su parte, luchaba cada día con las labores del hogar, ahora más agotadoras por el cuidado de su hijo. Aquella mañana de noviembre, su rutina se veía interrumpida en cuestión de minutos, su vida jamás sería la misma.
Una hora después de que Raúl saliera de casa, cuando el sol apenas comenzaba a despuntar, a las 6 de la mañana, un estruendo sacudió la quietud del día. Se escucharon varios disparos en las cercanías de la comunidad Guadalupe Carney, en Trujillo, Colón. Guadalupe sintió cómo su corazón se aceleraba y su respiración se volvía entrecortada. Sin pensarlo, se levantó. Los nervios le invadieron, mientras su mente temía lo que ya intuía. La tragedia se había desatado.
Esa mañana, el 15 de noviembre de 2010, Raúl fue asesinado de manera brutal, junto a otros campesinos: Teodoro Acosta (39), Ignacio Reyes (50), Ciriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda Pastrana (25). Cuatro mujeres fueron agredidas y otros cuatro hombres resultaron heridos.
El hecho que marcó el comienzo del recrudecimiento de la violencia en el Valle del Aguán pasó a la historia como la «Masacre de El Tumbador», nombre que se le dio a las tierras que los campesinos habían recuperado décadas antes, como parte del frustrado proceso de reforma agraria en el país. Un proceso que, lejos de garantizar la justicia social, se convirtió en un símbolo de las luchas y sacrificios de aquellos que buscaban la dignidad en sus tierras.
La masacre de El Tumbador no solo dejó huellas físicas, sino que también marcó el corazón de una comunidad que sigue luchando por sus derechos. Raúl, como tantos otros, no murió en vano. Su memoria sigue viva en cada campesino que sigue enfrentando, cada día, la lucha por la tierra que les pertenece dice su viuda.

“Quien tiene la tierra, tiene el poder”
La conflictividad agraria en el Valle del Aguán, al norte de Honduras, lleva más de tres décadas afectando a la región. La ausencia de un Estado efectivo y la concentración de decisiones arbitrarias en manos de grupos que suplantan al poder público, junto con la falta de políticas agrarias inclusivas, han alimentado esta realidad. Según la Plataforma Agraria, más de 200 campesinos han sido asesinados en la última década, en un contexto marcado por la impunidad.
Ismael Moreno, sacerdote jesuita y analista político, asegura que en el conflicto del Aguán los grandes ganadores han sido, históricamente, el Estado, los militares y los grupos irregulares: narcotraficantes, ganaderos, empresarios del sector palmero y otros sectores poderosos.
«Recuerdo que siempre se dijo en la zona que ser ganadero es sinónimo de ser ganador, porque quien tiene la tierra tiene el control del poder» —afirma Moreno, dejando en claro cómo la propiedad de la tierra se ha convertido en un símbolo de poder absoluto.
Sin embargo, quienes enfrentan las peores consecuencias de esta situación son las mujeres, que a menudo quedan atrapadas en el cruce de las violencias generadas por este conflicto. Según Moreno, en los territorios del Aguán, donde la justicia y el control del Estado brillan por su ausencia, las mujeres son víctimas directas de una violencia estructural y patriarcal que se entrelaza con la crisis agraria.
«Lo más preocupante es que las mujeres, además de sufrir la violencia generalizada en la región, son víctimas de un conflicto que está asesinando a sus esposos. Las mujeres que forman parte de estas familias empobrecidas son las que cargan con el peso más grande de esta tragedia,» enfatiza Moreno, subrayando la doble carga que recae sobre las mujeres: la violencia derivada del conflicto agrario y la difícil tarea de sobrevivir en un contexto de pobreza extrema.
Tierras para reforma agraria
En noviembre de 2017, el medio digital Criterio.hn publicó una denuncia presentada por organizaciones agrarias ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En esta denuncia, las organizaciones aseguraron que las tierras de la finca El Tumbador son, en realidad, propiedades del Estado y, por lo tanto, deben ser utilizadas para fines de reforma agraria, según se estableció en un acta fechada el 22 de julio de 2015 por el entonces director del Instituto Nacional Agrario (INA).
Además, la denuncia especificó que las tierras que actualmente explota la Corporación Dinant en la finca El Tumbador —alrededor de 750 hectáreas— pertenecen a 45 empresas campesinas del Movimiento Campesino del Aguán (MCA). Estas tierras están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas que fueron adjudicadas al MCA a partir del año 2000 y que están debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad.
Este conflicto sobre la propiedad y el uso de la tierra en El Tumbador ha sido uno de los principales focos de la lucha campesina en el Valle del Aguán, donde la disputa por la tierra sigue siendo uno de los principales motores de violencia y desplazamiento. Las organizaciones campesinas han denunciado de manera reiterada la explotación indebida de estos terrenos por parte de empresas como Dinant propiedad de la familia Facusse, que a menudo actúan con el respaldo de estructuras de poder y en medio de un vacío de justicia.
Sobreviviendo a la tragedia: el dolor y la lucha de las viudas de El Tumbador
Han pasado más de 14 años desde la masacre de El Tumbador, pero el dolor sigue siendo una herida abierta en el corazón de las viudas de esta tragedia. Guadalupe, esposa de Raúl, revive cada día el recuerdo de su compañero de vida. Sin embargo, el dolor más profundo para ella es saber que su hijo creció sin conocer a su padre.
«Ahora es un adolescente. Cuando Raúl murió, él apenas tenía seis meses, me tocó criarlo sola, en medio de esta violencia, en la pobreza, sin ingresos y con las amenazas que sufríamos las viudas», dice Guadalupe, con la voz quebrada, pero llena de fortaleza. El sufrimiento no solo es el de perder a su esposo, sino el de tener que cargar con la responsabilidad de hacer que su lucha no se olvide, ya que la sociedad y el propio Estado parece que ya lo hicieron”.
Guadalupe respira hondo, toma una pausa, y continúa relatando lo difícil que fue criar a su hijo sin el apoyo de su esposo. Él era el proveedor en el hogar, mientras ella se encargaba de las labores domésticas. Pero después de la muerte de Raúl, todo cambió. “Para poder poner comida en la mesa, me tocó trabajar recolectando semillas de palma aceitera. Me pagaban 250 lempiras, unos 10 dólares a la semana. Con eso debía garantizar la comida para mi hijo y cubrir el resto de los gastos. Llegó un momento en que ya no pude más. Mi hijo solo terminó noveno grado. No pudo continuar estudiando porque la situación económica está muy difícil, y ni siquiera en eso nos ha apoyado el Estado”, reniega.
En la misma lucha, pero con su propio sufrimiento, se encuentra Martha Jesús López, esposa de Ciriaco Muñoz, otra de las víctimas de la masacre. “Cuando asesinaron a mi esposo, llevábamos 14 años en el proceso de recuperación de tierras. El Estado ya nos había entregado esos terrenos. No entendemos por qué este empresario, Facussé, dice que la tierra es de él, cuando sabe que es tierra de reforma agraria. Los guardias de seguridad de su empresa, Dinant, son los responsables de esta violencia”.
La indignación de Martha se mezcla con el dolor de perder a su compañero y ver cómo la lucha por la tierra sigue siendo la causa de una violencia que parece no tener fin.

Ambas mujeres, como tantas otras en el Valle del Aguán, han tenido que enfrentarse a una vida llena de sufrimiento y sacrificio. A pesar de la violencia que ha marcado sus vidas, siguen luchando por la justicia que aún se les niega. No solo por el reconocimiento de sus derechos, sino por la dignidad que les ha sido arrebatada. Las viudas de El Tumbador siguen buscando respuestas en un sistema que parece haberlas olvidado, pero su lucha por la verdad y la justicia es inquebrantable.
Adilia Castro del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, asegura que hablar de violencia en el Valle del Aguán es complicado, peligroso, pero esto incrementa cuando se habla de violencia hacia las mujeres. “Es tan preocupante la situación que ni siquiera hay datos que nos digan cuántas mujeres enfrentan esta realidad. Fue apenas el 2023 cuando la Fundación San Alonso Rodríguez elaboró un diagnóstico que arrojó datos preocupantes que revelan que municipios en el departamento de Colón, como Trujillo, Sabá, pero sobre todo Tocoa, están teniendo mayor incidencia en violencia de género, pero que no se registra ni se atiende”, comenta Castro.
Adilia recuerda que otra de las expresiones que las mujeres, y que incluso las viudas de El Tumbador han vivido es la violencia económica, ya que en muchos casos en los grupos campesinos no atienden esas realidades de las compañeras campesinas. “Las viudas no tienen una organización específica. No hay seguimiento particular a su familia, ni cómo están creciendo sus hijos. El acompañamiento a las mujeres es una deuda de todos los sectores, porque hablamos de lucha por la tierra, pero que estamos haciendo por los derechos de estas mujeres a quienes les asesinaron sus esposos”, reprocha la lideresa del Valle del Aguán.
Por su parte Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, asegura que pese a que tanto la Ley de Modernización Agrícola como la de reforma agraria, hagan mención del derecho a la tierra para las mujeres, en la práctica no se cumple.

María Concepción Membreño viuda de Teodoro Acosta, relató el hostigamiento que, desde el inicio hasta nuestros días, reciben de los guardias de seguridad al mando de la familia agroexportadora Facusse. Teodoro dejó un hijo que en la fecha de su asesinato apenas tenía seis años. “No hay investigación, mi esposo fue asesinado y nadie investiga, nadie está pagando por esta injusticia, incluso el Ministerio Público nos pide que nosotros investiguemos. Esto es un insulto para nuestros muertos y nosotras mismas” dice entre lágrimas.
Catorce años después, Concepción pide a las actuales autoridades encontrar respuesta, hacer justicia en el caso de la masacre El Tumbador.
El ente gubernamental instalado en la zona es la Unidad Especializada para la Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), instancia que tiene la responsabilidad, según mandato de priorizar la investigación y enjuiciamiento de los particulares o funcionarios y servidores públicos, involucrados como autores o cómplices en la comisión de delitos contra la vida en los casos del conflicto agrario suscitado en la zona del Bajo Aguán.
Pedro Ulloa, líder campesino en la zona asegura no confiar en la UMVIBA, ya que hasta ahora no ha investigado ningún caso. “La búsqueda de justicia ha sido muy difícil, se han hecho en todas las instancias acciones para conocer el avance de los procesos, hasta ahora nadie de información de la efectividad del trabajo de esta unidad”, indica Ulloa.

Para conocer el trabajo de los fiscales de la UMVIBA en el caso de El Tumbador y demás masacres en la zona, solicitamos entrevista a la coordinadora de la oficina en Tocoa, la abogada Suyapa Jenara, pero aseguró que no está autorizada para brindar información a la prensa, que toda la coordinación se hace desde la oficina de comunicación del Ministerio Público.
“Lamentamos que pese a todas las acciones y exigencias la justicia en nuestro país no funciona. En más de una oportunidad los fiscales de esa unidad le dicen a las viudas, que debería ser ellas quienes brinden información a los fiscales, para que así se haga justicia”, comenta Ulloa.
Esa tarde, tanto Guadalupe como Carmen y Martha se entristecen al recordar a sus esposos, padres de sus hijos, en aquel momento proveedores del hogar. Lloran que la justicia no se asume. Lo único que las sostiene es pensar que algún día llegará, tarde, pero la justicia llegará, por otros líderes asesinados y para tantas familias campesinas que siguen enfrentado la conflictividad por el monocultivo de la palma aceitera.

“La justicia para las familias sería que el Estado de Honduras cumpla la aprobación de una verdadera reforma agraria con enfoque de género, que promueva la justa distribución de la tierra; y que se inicien investigaciones para encontrar a los responsables de esta masacre y otras más que siguen dándose en el Valle del Aguán”, dice firmemente Guadalupe al terminar la plática ese día.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.