Bienvenidos y Bienvenidas al Infierno

El pasado 13 de marzo, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, junto con los juzgados de ejecución de San Pedro Sula, Santa Bárbara y El Progreso, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, realizaron una visita de inspección al centro penitenciario de Ilama, más conocido como “El Pozo”.

Los primeros hallazgos de esta visita ratifican la militarización del sistema penitenciario y el alto número de personas en prisión preventiva. Por un lado, en “El Pozo” hay 140 policías militares y apenas 52 agentes penitenciarios. Por otro lado, de las 1804 personas recluidas, 1112 están procesadas y 672 condenadas. Ambos datos demuestran el incumplimiento del Estado de los estándares internacionales en la materia.

A su vez, se constató la existencia de reiterados abusos cometidos por parte de FUSINA y la Policía Militar al emitir órdenes arbitrarias e ilegales y contrarias a la propia Ley del Sistema Penitenciario, así como el uso indebido de la fuerza y armas no letales, el encierro prolongado y las agresiones físicas y psicológicas.

En algunos módulos las personas privadas de libertad se encuentran en condiciones infrahumanas, ya que en una celda construida para albergar a 9 personas se encuentran 13 o 15, lo cual, sumado al encierro total en condiciones antihigiénicas, les expone a pandemias y diversas enfermedades.

La alimentación es deficiente y poco nutritiva, el agua que les proporcionan no es apta para el consumo humano, ya que contiene tierra y presenta color amarillento. Los familiares que les visitan reciben tratos denigrantes por parte de los policías militares.

Tienen prohibido la lectura de libros y no tienen acceso a las cartas y fotografías que sus familiares les envían. Estos y otros hallazgos demuestran la gravedad de la situación de los centros penales en el país, y, teniendo en cuenta el autoritarismo del régimen nacionalista, confirman el peligro para quienes se oponen a él.

Cuando el Ministerio Público acusó a la gente de Guapinol de criminalidad organizada lo hizo con la intención de asegurar que fuera enviada a este infierno militarizado que representa “El Pozo”. Edwin Espinal y Raúl Álvarez llevan más de un año en una cárcel similar criminalizados en el contexto de las protestas ciudadanas contra al fraude electoral.

No podemos ignorar que el régimen tiene las armas, las leyes, las instituciones y las cárceles para castigar a quienes nos oponemos a la imposición de su sistema de muerte. Pero nosotros y nosotras tenemos la dignidad para echar abajo a la organización criminal que gobierna.