

El alto costo de la campaña electoral y el precio de la democracia
Desde que iniciaron los procesos electorales en este período de democracia electoral representativa, hace más de cuatro décadas, las campañas políticas se han visto marcadas por los onerosos gastos de quienes aspiran a un cargo de elección popular, lo que ha abierto las puertas al financiamiento del crimen organizado.
Para el caso, los techos autorizados para los gastos de campaña para todos los niveles electivos son los siguientes: para aquellos que buscan la presidencia de la República tienen un límite de 508 millones de lempiras.
En el nivel electivo de diputados, la cifra de gasto de campaña en Francisco Morazán asciende a más de 4 millones de lempiras por candidato, y en casi en ese mismo monto anda Cortés. Entre tanto, para un candidato a alcalde, dependiendo del municipio en el que aspire, está establecido una inversión entre los 70 mil y los 80 millones de lempiras.
De esta manera, los comicios, que deberían ser una fiesta cívica, se transforman en competencias económicas donde solo quienes tienen acceso a grandes recursos; legales o ilegales, logran figurar. Así, el voto ciudadano pierde su valor moral frente al poder del dinero, y la política se convierte en una inversión con retorno asegurado a través de contratos, influencias y corrupción.
Mientras tanto, las instituciones encargadas de fiscalizar el origen de los fondos políticos permanecen débiles, capturadas o complacientes ante los excesos. La sociedad hondureña, víctima directa de este sistema, observa con escepticismo cómo la democracia se reduce a una fachada donde el poder real lo ejercen los que pueden pagar por él.
Honduras necesita una reforma profunda del financiamiento político, una verdadera transparencia y una ciudadanía que exija cuentas. De lo contrario, las elecciones seguirán siendo un negocio rentable para unos pocos y una esperanza perdida para la mayoría.
