Narco-diputados, narco-alcaldes y narco-alcaldías

Una vez más son los Estados Unidos quiénes dirigen los destinos del país y la política del narcotráfico en el hemisferio.  Tanto en las elecciones del mes de noviembre como en el diario de la vida política nacional no somos nosotros quienes tomamos las decisiones, hacemos cumplir la ley, nos guiamos por Constitución y aseguramos la institucionalidad del país.  Preferimos que sean otros quiénes declaren la oficialidad del resultado electoral y guardamos silencio, por no decir que somos cómplices encubridores, ante aquello que es el “pan nuestro de cada día”: permitir, amparar, convivir y sacar las mayores ventajas políticas y económicas del narcotráfico imperante en todos los niveles de nuestra sociedad.

Todos los días los periódicos nacionales nos hacen tomar conciencia de la inmensa corrupción que atraviesa y permea toda la sociedad hondureña.  Ayer se hacía público cómo los directivos del Registro Nacional de las Personas “recibían jugosos salarios y dietas” mientras que los empleados del RNP han tenido que soportar el atraso de sus sueldos o resignarse a no recibir ajustes salariales por varios años.  Se repartieron con la cuchara grande el presupuesto de la institución en sueldos, dietas, gastos de representación, contratación de personal supernumerario, viáticos y otras erogaciones personales”.

Para centrarnos en el tema de hoy lo que es una realidad es que nos hemos convertido en NARCOLANDIA.  El narcotráfico ha servido para todo y para todos aquellos que se han aprovechado del mismo: militares, policía, altos funcionarios, diputados, alcaldes, Congreso nacional y lo que todos suponemos, imaginamos y vemos ante nuestros ojos pero que todavía no se ha destapado.  Lo que resulta más escandaloso es que la Fiscalía de los Estados les viene siguiendo la pista desde hace más de diez años, mientras que nuestras leyes e institucionalidad jurídica guarda silencio total y absoluto.

Lo que tenemos más cercano es nuestro departamento de Yoro y la familia Urbina: no es el primer caso denunciado e intervenido; anteriormente se había tocado a las municipalidades de Jocón y Sulaco, entre otras.  Pero posiblemente, la alcaldía de Yoro sea la que la que ha alcanzado mayores niveles de organización y control del municipio con todas sus comunidades y habitantes.  Uno de los titulares de hoy decía que “durante 25 años han tenido el control político y económico en el municipio de Yoro.  En razón de ello se nos dice que “el clan de los Urbina habilitó varias narco-pistas en el corredor, recibía las narco-avionetas que llegaban de Colombia y Venezuela y se encargaban de custodiar la carga y de entregarla a los carteles que trabajaban con los Urbina durante diez años”.

Y se nos sigue diciendo “entre la verdad y la leyenda, la historia de la familia Urbina Soto está ligada al poder político, a la muerte violenta de alguno de sus miembros, acusaciones de homicidio y de vínculos con organizaciones criminales como Los Cachiros, los Valle-Valle y el Cartel de Sinaloa.  “Insight Crime” señala que “los homicidios en el departamento de Yoro pasaron de 27 por cada cien mil habitantes en 2005 a 86 por cien mil habitantes en 2014.  Y que el grupo familiar se dedicaba al narcotráfico, el robo de tierras, la venta ilegal de madera y el blanqueo de las ganancias.  Se les vincula con 137 homicidios y 45 desapariciones”.  Por si fuera poco, “tiene títulos, a nombre de la familia de 53 propiedades”.

Sus vínculos con la “clase política” del país era una realidad y, como muestra un botón: eran famosas las peleas de gallos que organizaba el exalcalde yoreño en su hacienda y a las cuales asistían y participaban las cúpulas del partido gobernante y otros miembros de los grupos de poder económico.

Concluimos señalando y deseando que estas acusaciones y requerimientos acaben con una “narco- municipalidad del terror” que ha instaurado el clan de los Urbina.  Que se acabe con el miedo.  Al mismo tiempo, hay un gran reto para la justicia hondureña: no pueden ser extraditados por tener procesos pendientes en el país.  ¿Será un pretexto para que una vez nuestra institucionalidad siga siendo cómplice de la corrupción y el narcotráfico?