Una hoja de ruta mínima

El reciente informe anual presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revela una grave crisis de derechos humanos en Honduras debido a la impunidad generalizada, la pobreza y desigualdad, la violencia común e institucional, la militarización y la falta de rendición de cuentas.

Obviamente el panorama descrito por la Oficina del Alto Comisionado es desolador y refleja el estado de anormalidad democrática y la crisis continuada que arrastramos como país desde el golpe de Estado de 2009, la cual afecta con mayor ímpetu a las poblaciones más vulnerables y marginadas de la sociedad.

Sin embargo, este informe también nos ofrece, a través de una serie de recomendaciones, una hoja de ruta mínima para revertir la grave situación de los derechos humanos. Por ejemplo, se recomienda garantizar un acceso justo a la tierra y a los bienes naturales, y cambiar “el enfoque de criminalización de la usurpación de la tierra hacia un enfoque orientado hacia las condiciones socioeconómicas que subyacen al problema”.

También se recomienda desmilitarizar las funciones de orden público, fortalecer la transparencia en materia de defensa y seguridad, “garantizar el desarrollo de una fuerza policía civil profesional y responsable que esté debidamente depurada y capacitada” y “tomar las medidas necesarias para que las condiciones y políticas de los centros penitenciarios funcionen de acuerdo con los estándares internacionales”.

Se recomienda que la legislación que obstaculiza el acceso a la información pública, despenalizar la difamación y la calumnia, consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier ley o reglamento para que se implementen consultas libres, previas e informadas, y redoblas los esfuerzos para delimitar, demarcar, registrar y proteger la integridad de sus tierras.

También recomienda adoptar medidas especiales de carácter temporal para promover la participación de las mujeres en la vida pública, revisar los protocolos para investigar y procesar la violencia de género y el feminicidio, eliminar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y proteger a las personas migrantes y a las víctimas de violencia con riesgo de desplazamiento forzoso.

Desde un gobierno autoritario jamás podemos esperar pasos en esa dirección, por eso, la ciudadanía organizada tenemos la responsabilidad de apropiarnos de estas recomendaciones y redoblar nuestros esfuerzos y exigencias para su cumplimiento en coordinación con la comunidad internacional.