Diferentes organizaciones del movimiento social mantienen este lunes 20 de julio tomas pacíficas en siete puntos del país.
Bajo la consigna “¡Fuera la Racha! ¡No a la privatización de la ENEE! ¡Por la vida de los pueblos, la defensa de los territorios y la soberanía alimentaria!”, decenas de organizaciones territoriales, garífunas, sindicales y comunitarias se movilizan de manera pacífica y articulada para exigir la derogación del Decreto 107-2026, conocido como Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, así como de los decretos 93-2021 y 84-2026.
Las acciones de protesta, que incluyen tomas de carretera en Colón, Choluteca, Comayagua, Atlántida, Santa Bárbara, el norte de Yoro y el acceso sur de la capital, se desarrollan en el marco de la conmemoración del Día de Lempira y de la Identidad Nacional, y son convocadas por la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras.
Las organizaciones que conforman la Alianza sostienen que estas normativas profundizan un modelo de despojo territorial y contribuyen a la creciente militarización de los conflictos sociales en Honduras. Según su denuncia, dichas disposiciones forman parte de un entramado legal que favorecería la ejecución de desalojos forzosos, la criminalización del derecho a la protesta y la protección de intereses vinculados a grandes sectores industriales y empresariales.
Las organizaciones señalan que la actual administración no ha desmontado el modelo extractivo heredado de gobiernos anteriores, sino que, por el contrario, este se habría fortalecido mediante nuevas disposiciones legales que, a su juicio, afectan los derechos de las comunidades.
Desde el desvío hacia El Conejo, en el departamento de La Paz, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Zúñiga Cáceres, afirmó que la movilización tiene un profundo significado histórico para el pueblo lenca y representa la defensa de la autonomía, la tierra y los bienes comunes.
“Este es un día muy importante y simbólico para los pueblos originarios, especialmente para el pueblo lenca, porque reivindicamos nuestro derecho a la autonomía y al territorio, que ha sido vulnerado durante tantos años”, expresó.
La dirigente indígena señaló que el rechazo a la Ley de Fortalecimiento Agroindustrial trasciende la oposición a un decreto específico y forma parte de una defensa integral de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
“No estamos luchando únicamente contra una ley que beneficia a sectores agroindustriales y empresas energéticas. También estamos reivindicando que el Estado de Honduras no puede contravenir los derechos territoriales de los pueblos originarios ni afectar intereses comunitarios por los que hemos luchado durante décadas”, manifestó.
“El centro de nuestras luchas históricas tiene que ver con el territorio, con la defensa comunitaria de la tierra titulada y con la protección de todo lo que existe en ella, incluidos los ríos, porque esta ley también otorga beneficios especiales a empresas generadoras de energía hidroeléctrica en territorios comunitarios”, señaló.
La coordinadora del COPINH sostuvo que la protección de los bienes naturales forma parte de la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de su permanencia en los territorios ancestrales.
Durante la entrevista, Zúñiga también destacó el legado de la lideresa indígena y ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, al referirse a la continuidad de las luchas del movimiento indígena, campesino y popular hondureño.
Demandas populares y movilización activa
Las organizaciones comunitarias y defensoras del territorio denuncian que existe una tendencia a vincular a liderazgos indígenas, campesinos y garífunas con redes del crimen organizado, una situación que, según señalan, contribuye a la criminalización de quienes defienden sus tierras ancestrales.
Como ejemplo, mencionan el caso de los cinco líderes garífunas de la comunidad de San Juan, en Tela, quienes enfrentan un proceso judicial que, de acuerdo con sus organizaciones, constituye una persecución por su defensa del territorio ancestral y por exigir el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En ese contexto, las organizaciones también demandan la instalación de una mesa nacional con participación directa de los pueblos indígenas y garífunas para abordar la mora agraria y garantizar el reconocimiento de los títulos ancestrales.
Rony Castillo, representante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), afirmó en declaraciones a Radio Progreso que sus principales demandas son el cierre definitivo del caso de San Juan, el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH relacionada con el pueblo garífuna y la derogación del Decreto 107-2026.
“Lo que pedimos es que el Estado respete nuestros derechos territoriales, la soberanía alimentaria y el derecho a la vida del pueblo garífuna”, expresó Castillo.
El dirigente señaló que, hasta la fecha, no han recibido una respuesta del Poder Judicial sobre el proceso que involucra a integrantes de la comunidad garífuna, por lo que advirtió que continuarán con acciones de presión para exigir una respuesta institucional.
A criterio de Castillo, la criminalización de líderes garífunas forma parte de una estrategia orientada a debilitar la defensa comunitaria y facilitar el despojo de territorios ancestrales.
“Denunciamos un proceso de genocidio cultural. No quieren a las comunidades garífunas en sus territorios ni en las playas, y por eso seguiremos defendiendo nuestros derechos”, manifestó.
Además de exigir la derogación del Decreto 107-2026, la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras plantea que los terrenos con sentencias firmes bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) sean destinados prioritariamente a procesos de reforma agraria en beneficio de los grupos campesinos que actualmente los trabajan.
Entre sus demandas también figura la paralización definitiva de cualquier intento de consolidación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como la suspensión de licencias ambientales otorgadas sin procesos de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.
La Alianza está conformada por más de cincuenta organizaciones sociales, territoriales y comunitarias, entre ellas la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), La Vía Campesina, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), además de centrales de trabajadores del campo, organizaciones ambientalistas y colegios magisteriales.
El coordinador de ARCAH, Christopher Castillo, afirmó que la movilización “es una acción para elevar la voz contra esta ley de agroindustria, pero también una forma concreta de recordar a las personas de la ciudad que existen conflictos socioambientales. Hay una agroindustria que está contaminando gravemente los ríos y hay personas con problemas de salud debido a esta contaminación”, expresó.
Durante su intervención, sostuvo que la Ley de Fortalecimiento Agroindustrial podría facilitar procesos de desalojo, favorecer proyectos relacionados con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y abrir nuevas posibilidades de privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
“La ley expresa un acto de violencia contra el pueblo y evidencia la coordinación de distintos sectores de poder para aprobar un marco legal que afecta a las comunidades, los territorios y la organización social”, declaró.
El dirigente de ARCAH también cuestionó el despliegue policial registrado durante las protestas y consideró que existe una respuesta desproporcionada frente a las manifestaciones sociales, mientras persisten problemas de violencia e inseguridad en el país.
En la movilización desarrollada en la salida sur del país participó Marlon Castro, integrante de la comunidad indígena lenca Tierras del Padre, quien manifestó que la legislación agroindustrial representa un riesgo para los pueblos indígenas y campesinos.
“Nos sumamos a esta lucha porque en el Congreso se están aprobando leyes que favorecen únicamente a los empresarios y afectan directamente a los pueblos indígenas y campesinos”, expresó.
Castro recordó que el 9 de febrero de 2022 la comunidad enfrentó un intento de desalojo ejecutado por más de 400 agentes policiales, operativo que, según relató, no logró expulsar a las familias del territorio. “Resistimos todo el día y no pudieron sacarnos de nuestros hogares. Sin embargo, con esta nueva ley volvemos a sentirnos amenazados por el despojo de nuestras tierras”, afirmó.
El representante comunitario señaló al empresario Mario Facussé como la persona que, según la comunidad, mantiene reclamaciones sobre el territorio ancestral que ocupan.
Con estas acciones, el movimiento social reafirma que la defensa territorial continúa vigente y anuncia que mantendrán jornadas de movilización pacífica hasta obtener respuestas a sus demandas por parte de las autoridades.
