Ramón Romero
Juan López, hondureño, luchador por una sociedad justa, democrática y sostenible, fue silenciado para siempre de manera cobarde y violenta, la noche del 14 de septiembre de 2024. Él, como otros, tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este crimen no puede quedar impune. Hay que investigar con urgencia y rigor su asesinato. La investigación puede empezar buscando respuesta a dos preguntas básicas: ¿Quienes estaban siendo perjudicados por las acciones de Juan López? Y, ¿Quienes resultan beneficiados con el asesinato de Juan?
En forma muy parecida han sido asesinados Jeannette Kawas, Carlos Luna, Carlos Escaleras, María Enriqueta Matute, Bertha Cáceres y muchos otros hombres y mujeres que enfrentaron con entereza a las fuerzas insaciables de la explotación económica, la opresión política y la destrucción ambiental. Honduras arrastra una larga cadena de estos crímenes. Así, los asesinatos de activistas ambientales que tuvieron lugar en 2014 alcanzaron una media de más de dos por semana y al 2016 Honduras registró 111 muertes contra dirigentes ambientalistas (Global Witness, 2024).
A estos asesinatos se suman los cometidos contra tantos luchadores por la tierra, los derechos humanos -que incluyen la lucha contra los crímenes de odio- y contra la narco actividad. Es una trayectoria bañada de sangre inocente. Los campesinos de Talanquera, Los Horcones, El Astillero, el Bajo Aguan, los garífunas de varias aldeas del litoral atlántico, entre muchos otros, fueron asesinados por luchar en favor de la justa distribución de la tierra y el respeto a los derechos de los pueblos. Junto a ellos, en solidaridad con los oprimidos, han caído personalidades de inmensa nobleza como el Padre Guadalupe, Miguel Angel Pavón, Moisés Landaverde y Herminio Deras. En la lucha contra el narcotráfico han sido víctimas, entre otros, Arístides Gonzales, Orlan Chávez, y Alfredo Landaverde. Al mismo tiempo, son innumerables las víctimas de los crímenes de odio.
Son tantos nuestros mártires, con quienes la nación tiene una gigantesca deuda de reconocimiento, agradecimiento y continuidad de sus causas. La larguísima lista no se cierra sino al contrario, la dura realidad muestra que continúa abierta y ampliándose.
El deterioro de la sociedad a lo largo de muchos años ha traído consecuencias tenebrosas; entre ellas, el aumento de la oferta de asesinos a sueldo. A diferencia del pasado, no solo en las castas militares y policiales puede sospecharse nidos de sicarios. Las pandillas, las bandas de delincuentes, los grupos de narco actividad y otras modalidades del crimen organizado se convirtieron en nichos de asesinos a sueldo, que por dinero -quizá por modestas cantidades de dinero- se aprestan a asesinar a quien les indique el contratante.
Por otra parte, hoy, cuando la degeneración social condujo al mayor desprecio por la vida humana, quienes encargan la muerte pueden ser narcos, políticos, empresarios, funcionarios u otros actores que se sienten amenazados en sus privilegios y en el ejercicio de su poder arbitrario. Ellos pueden pagar por el asesinato de luchadores sociales que se les interpongan en el camino.
En estas condiciones surge la pregunta ¿Que hacer hoy?
Desde la ciudadanía es un deber expresar la indignación y protesta que se ha venido incubando en amplios sectores sociales. Hay que hacer sentir la indignación, con toda fuerza, por los más diversos medios. También la ciudadanía está en el deber de exigir al Estado y a todos los partidos políticos -en especial estando a las puertas de las elecciones- que se investigue a fondo el fenómeno de los asesinatos ejecutados por sicarios, con sus autores intelectuales y contratantes, y se enjuicie a los actores en sus distintos niveles, sin que queden espacios de impunidad. A los partidos que no apoyen las investigaciones, las mayorías ciudadanas debe retirarles el voto ciudadano.
Desde la perspectiva del Estado, es sabido que este tiene una gran deuda con la ciudadanía, que viene de muchos años. Es deber del Estado cerrar la brecha de impunidad. Para ello requiere de una estrategia inteligente y efectiva, orientada a desarticular estas estructuras criminales. Además, y de manera relevante, es deber del Estado prevenir por muy diversas vías la violencia; entre otras, haciendo efectivas las medidas cautelares de protección a los defensores del ambiente, derechos humanos y activistas de las causas sociales.
Más allá de ello, y con una visión de medio y largo plazo, entre ciudadanía, Estado y partidos políticos hay una inmensa tarea conjunta. En unión de esfuerzos, el Estado, la ciudadanía y los partidos necesitan formular un gran proyecto de desarrollo y transformación nacional, orientado hacia una sociedad justa, sostenible, y democrática. Para que el proyecto nacional sea legítimo, eficaz y viable, necesita estar fundamentado en los ideales, valores, aspiraciones, causas, experiencias y luchas sociales de nuestros mártires. Los ideales por los que ellos vivieron y fueron asesinados son los ideales y aspiraciones más genuinas del pueblo hondureño. Estos ideales, causas y luchas de nuestros mártires están llamados a ser la brújula que oriente la construcción del futuro nacional. Además, esta es la más importante vía para honrar su memoria.
