Los pueblos en Honduras están conscientes que la organización y la movilización son  dos pilares fundamentales con los que se deben enfrentar a las compañías mineras e hidroeléctricas que se pretenden instalar en su territorio sin su consentimiento.

Como muestra del ejercicio de la libre determinación de los pueblos, los municipios: Arizona y San Francisco en el departamento de Atlántida, van camino a declararse libres de explotación minera y de represas hidroeléctricas. Este mismo proceso llevaron  otros sectores del país quienes después de sendos cabildos abiertos obligaron a las municipalidades a aprobar la autodeclaratoria.

En la actualidad hay varios municipios autodeclarados Territorios Libres de Minería: El Progreso y el Negrito en el departamento de Yoro; Balfate, Colón; San Nicolás, Santa Bárbara; Dulce Nombre de Culmí, Olancho y el sector de La Florida, Tela, Atlántida.

Para lograr tal propósito hombres y mujeres de distintas edades de manera organizada y de forma permanente  han alzado sus voces para reiterar la lucha y resistencia contra la instalación de “proyectos  que llegan a quebrantar los derechos que tenemos como pueblo y la soberanía territorial” indicó  Silvia Flores, lideresa comunitaria de la aldea Milanito, Arizona.

Manifestó que los empresarios prometen a las comunidades  el cielo y la tierra cuando en realidad lo que provocan es destrucción y daño a nuestros bosques y  fuentes de agua. “Por eso estamos en contra de este tipo de proyectos”, dijo.

Reclamo y rechazo popular 

“El pueblo está rechazando  de  forma rotunda la implementación de los megaproyectos como visión neoliberal por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, cuyo resultado de dichas políticas es que se exploten los cerros, se apresen los caudales de los ríos, se contamine la madre tierra; violando así la vivencia cotidiana de los pueblos”, indicó el ambientalista Pedro Landa.

A renglón seguido dijo que muestra del accionar de las comunidades es la experiencia vivida esta semana en Arizona, Atlántida, donde la población acudió en masas a participar de un cabildo abierto para donde se planeaba recibir informes sobre la concesión de 4 ríos para la instalación de igual número de represas.

“El cabildo abierto informativo se llevó acabo porque desde marzo del presente año lo solicitamos y después de varios presiones el alcalde Adolfo Pagoada, se vio obligado a llevarlo a cabo. Lo que no esperaba él (alcalde) es que el pueblo le pidiera una rendición de cuentas del porqué desde la municipalidad se daba luz verde a los proyectos, irrespetando la voluntad popular”.

Aseguró que los ejecutivos de uno de los proyectos hidroeléctricos y el alcalde para hacer contrapeso a la presión popular, se vio obligado a pagar  500 lempiras a las personas para que fueran a apoyar la instalación de represas. “Sin embargo nada le funcionó porque el grupo se vio reducido en medio de la cantidad de personas que llegaron a decir que no querían represas en sus comunidades.

En el desarrollo del  cabildo abierto en la plaza frente a la alcaldía, la población exigía un informe municipal de los permisos municipales que daban luz verde a la ejecución de los proyectos, mientras el alcalde Adolfo Pagoada, aseguraba no tener conocimiento “es desde el Congreso Nacional que se aprueban los proyectos, nosotros aquí no sabemos nada por lo tanto no les podemos dar informes”, indicaba constantemente mientras en su voz  se denotaba el miedo ante los reclamos.

“Son puras pajas (mentiras) las suyas alcalde” gritaban muchas personas al escuchar las excusas del edil.  “¿Cómo no va saber  de los proyectos usted señor alcalde? Si lo vemos que anda para arriba y para abajo con los ejecutivos y dueños de los proyectos hidroeléctricos”, indicó una ciudadana que tomó un  micrófono para rebatirle al funcionario.

Al final ante la presión del pueblo y las respuestas ambiguas y carentes de seriedad, el mismo alcalde municipal de manera sorpresiva  dio por cerrado el cabildo abierto y luego se marchó a su despacho, mientras las comunidades lamentaban la actitud de la máxima autoridad de Arizona.

“Aquí ya estamos decididos el próximo paso será declarar municipio libre de Explotación Minera y de hidroeléctricas en un cabildo abierto. Nosotros ya demostramos que unidos somos fuertes y que las corporaciones municipales no se mandan solas porque al final es el pueblo que tiene la última palabra”, indicó Eudolfo Portillo dirigente comunitario de Arizona.

Criminalización de lucha 

La violencia y la criminalización hacia los pueblos que defienden la madre tierra, se ha incrementado ya que en la actualidad de los gobiernos en conjunto con las empresas extractivas han implementado una política de criminalización para quien defiende su territorio.

“En este ambiente de criminalización a la lucha social, ha aumentado la persecución a líderes defensores comunitarios y  de derechos humanos por denunciar el continuo concesionamiento del territorio, para la explotación minera e hidroeléctrica, en detrimento de los derechos del pueblo hondureño, y la soberanía nacional”, indicó  el ambientalista Pedro Landa.

“Las mujeres vivimos en lucha permanente por defender nuestras tierras; nosotras jugamos un papel importante no solo porque somos dadoras de vida sino porque defendemos la continuidad de la vida de las demás generaciones y por lo tanto somos las más amenazadas”, indicó  Silvia Flores,  de la aldea Milanito, Arizona.

Por su parte el abogado Martín Fernández, del Movimiento Amplío por la Dignidad y la Justicia, manifestó que solo en la tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, en los últimos tres años han sido asesinadas cinco indígenas Tolupanes, que formaban parte de población que  lucha contra proyectos mineros y la tala del bosque.

“Así mismo hay muchas personas amenazadas a muerte y otro tanto con procesos judiciales por el delito de defender los recursos naturales. Esto demuestra el accionar entreguista del Estado y la criminalización de quienes se oponen a la entrega de los bienes comunes”, indicó.

Cantidad de proyectos 

Un aproximado de 580 proyectos mineros, entre metálicos y no metálicos, tiene en cartera Honduras, anunció recientemente la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, (MiAmbiente), en alusión a las protestas de ambientalistas que se sienten amenazados en las comunidades del interior del país.

En el mes de agosto recién pasado se  realizó el Congreso Minero Internacional en San Pedro Sula, donde representantes de organizaciones que luchan en contra de la industria extractiva, aseguraron que más de 800  proyectos están a punto de ser concesionados sin cumplir con los requisitos ambientales.

De acuerdo a ambientalista el 35% del territorio boscoso se estaría entregando a compañías mineras. Mientras más de 65 ríos han sido concesionados para la instalación de represas hidroeléctricas.

«Felicitamos a las pueblos que  luchan por la defensa de la Madre Tierra, territorio y por los derechos colectivos de los pueblos, asimismo hacemos un llamado a la unificación de las luchas porque solo así podemos derrotar los proyectos extractivos”, indicó Pedro Landa.