La Empresa Asociativa Campesina de Isletas, dedicada al cultivo de banano y ubicada en el corazón del Valle del Aguán, al norte de Honduras, representa un emblema del despojo de tierras que sufrieron las familias campesinas organizadas durante la reforma agraria de los años 70. El poder agroindustrial terminó apropiándose de lo que antes era el sustento y la esperanza de comunidades enteras.

Esta pujante empresa, situada en los municipios de Sonaguera y Sabá, Colón, se fundó en 1975 tras la salida de la transnacional Standard Fruit Company, que había recibido en concesión esas tierras entre 1921 y 1950, y que abandonó sus fincas luego del huracán Fifí en septiembre de 1974, que devastó 7,200 acres de plantaciones bananeras.

En 1975, más de 500 socios de la Cooperativa Isletas comenzaron a sembrar banano, vendiendo la fruta a la misma Standard Fruit Company. Rápidamente lograron producir más de 5 millones de cajas de banano al año, convirtiéndose en una empresa campesina modelo dentro de la Reforma Agraria.

Sin embargo, con el tiempo, extrabajadores de la transnacional y otras personas se unieron y prepararon el terreno para tomar el control de la cooperativa, desplazando a la primera directiva. Posteriormente ocurrieron varios asesinatos de socios. Uno de los fundadores, bajo condición de anonimato por temor a represalias, señala que a raíz de estos hechos la empresa empezó a decaer debido a la mala administración de la nueva junta directiva.

Las 9 fincas que conformaban la cooperativa —El Carmen, Alianza, Balí, Copete, Nerones, Guanacaste A, Guanacaste B, La Paz y El Olvido— fueron vendidas a bajo precio a la Standard Fruit Company, a pesar de que la Ley de Reforma Agraria prohibía la venta de estas tierras. Esta venta se legalizó en 1990 cuando el Congreso Nacional, a solicitud del expresidente Rafael Leonardo Callejas, abolió la Reforma Agraria y aprobó la Ley de Modernización Agrícola, permitiendo la cesión de tierras para la industrialización agraria.

Hoy, algunos ex socios y los hijos de quienes ya fallecieron luchan por recuperar esas tierras. Iniciaron este proceso en octubre del año pasado, pero 40 días después fueron desalojados por la policía bajo orden judicial.

El caso de la Cooperativa Isletas refleja un patrón histórico de despojo en el Valle del Aguán: campesinos desplazados, criminalización y un ambiente constante de amenazas para quienes defienden su derecho a la tierra. La Plataforma Agraria del Valle del Aguán contabiliza más de 200 asesinatoas contra campesinos en la última década, la mayoría de crímenes en impunidad. 

Más que una historia local, la Cooperativa Isletas desnuda un modelo que concentra poder y riqueza, expulsando a las familias rurales y comprometiendo la seguridad alimentaria y la paz social en Honduras.