| Lunes, 18 de mayo 2026 |  |
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Privatización de los servicios y bienes públicos
Privatizar los servicios y bienes públicos es una de las decisiones más crueles que puede tomar un Estado contra su propia población. No se trata únicamente de un cambio de administración: es poner en manos del lucro y de quienes se lucran aquello que debería estar garantizado como un derecho. Cuando el agua, la salud, la educación, la energía o las carreteras dejan de ser responsabilidades del Estado y pasan a regirse por la lógica empresarial, la gente más vulnerable queda condenada a pagar más por vivir peor.
Cuando lo público se convierte en negocio, la prioridad deja de ser el bienestar colectivo y pasa a ser la ganancia. Y allí es donde comienza la tragedia para los pobres: porque para una empresa privada –por mucho que hable de responsabilidad social–, no importa ni la justicia social, ni la igualdad de acceso, ni la dignidad humana; importa cuánto se gana, cuánto se recorta y cuánto se puede cobrar.
Las consecuencias son devastadoras. Las tarifas suben, los servicios se concentran en las zonas privilegiadas y las comunidades pobres y marginales quedan relegadas y excluidas. Lo que antes era un derecho pasa a ser un privilegio. El que no puede pagar, se queda sin agua, sin luz, sin atención médica, o sin educación digna. En otras palabras, la privatización convierte la pobreza en una condena todavía más dura y más humillante.
Además, privatizar bienes públicos es una forma de saqueo disfrazada de reforma y eficiencia. Y quienes pagan el costo de ese saqueo son los trabajadores, los desempleados, los campesinos, las madres solteras, los jubilados y la juventud en precariedad.
Si los derechos dependen de la capacidad de pago, entonces ya no hay igualdad ante la sociedad: hay mercado. Quien no tiene dinero deja de ser visible. Esa no es una democracia ni una economía eficiente; es una sociedad moralmente derrotada, donde la vida de los pobres vale menos porque produce menos ganancias.
Es cierto que el Estado ha sido una cueva de corrupción e ineficiencia. Pero usar ese argumento para entregar recursos estratégicos al sector privado es una salida cobarde y peligrosa. La respuesta no es vender lo que es de todos, sino rescatarlo, fortalecerlo, hacerlo transparente y ponerlo verdaderamente al servicio del bien común.
La privatización no solo profundiza la desigualdad: la normaliza. Hace que la exclusión parezca inevitable y que el sufrimiento de los pobres sea tratado como un daño colateral del progreso. Pero no hay progreso posible cuando se construye aplastando a la gente más vulnerable. Un país que entrega sus bienes públicos al mercado no se moderniza: se deshumaniza.
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