

Desalojos
En estos días estamos siendo testigos de la práctica de desalojos de grupos campesinos que ocupan tierras en disputa, y las escenas de familias cargando sus enseres domésticos, varias de ellas sin saber en dónde ubicarse, es tan desgarrador como incomprensible. Igualmente dramáticas son las escenas de las maquinarias derribando chozas e incluso árboles frutales sembrados en torno a las precarias viviendas.
Los desalojos son en sí mismo actos de violencia, y sus secuelas negativas en las familias y especialmente en las niñas y niños son inevitables. En los desalojos de este tiempo, ni siquiera se han tomado medidas para mitigar los daños. Son desalojos con toda la saña de violencia que conlleva.
Reiteramos: un desalojo, y especialmente al modo como se está implementando en este tiempo, siempre es un acto con saña. En caso de ser inevitable, al menos debían seguirse las siguientes condiciones:
1) Asegurar que se cuentan con todos los requerimientos legales y debidamente conocidos e informados a las familias afectadas; que la acción ha sido ordenada por un juez, está acompañada de la fiscalía, y los cuerpos policiales están debidamente orientados a no hacer uso de más violencia de la que ya conlleva el desalojo.
2) Se garantiza la libertad de expresión que permita que los medios de comunicación cubran todo el proceso del desalojo.
3) La Secretaría de Derechos humanos y el CONADEH han de velar por el respeto a los derechos humanos de las familias desalojadas y porque estos derechos sean respetados no solo al momento del desalojo sino después de ocurrido el mismo.
4) Ha de existir un plan de atención inmediata a las familias desalojadas, con asistencia médica y recursos de emergencia para la atención alimentaria y de aseo básico.
5) Prever un plan de contingencia alternativo e inmediato, con una respuesta del gobierno con predios, vivienda, salud, educación y empleo para las familias afectadas.
6) El gobierno está en la obligación de unir los desalojos a las políticas agrarias de fondo como respuesta a la problemática acumulada y no resuelta. Revisar a fondo la legislación, entre ella, decidir la derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, y poner en marcha políticas públicas que vinculen un plan conjunto de reordenamiento agrario con la producción, el ambiente, los derechos humanos, salud, educación, asistencia crediticia, infraestructura y estabilidad legal.
En los desalojos que se realizan actualmente ninguna de esas condiciones se cumplen, lo que advierte que los mismos buscan beneficiar solo al sector pudiente del país, y se sigue viendo al campesinado como estorbo, promotor de conflictos, alborotador y no como el principal sujeto de la transformación agraria en Honduras.

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