La incertidumbre sigue rodeando el caso de la empresa de inversiones Koriun. El envío a prisión del gerente general, Iván Velásquez, y de su esposa, así como la falta de claridad para atender lo que se considera una estafa colectiva, mantienen a más de 34 mil afectados en protestas permanentes, ante el temor de no recuperar el dinero invertido.
En el municipio de Choloma, ciudadanos llegan diariamente a las instalaciones de la empresa en busca de la devolución de su dinero, mientras que en Choluteca, los afectados han tomado vías públicas como medida de presión.
Esta semana se llevó a cabo la audiencia inicial en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, donde se dictó auto de formal procesamiento contra Iván Velásquez, acusado de tres delitos: lavado de activos, desobediencia y tenencia de armas de uso prohibido. Su esposa, Kefí Gavarrete, también fue acusada por el delito de lavado de activos.
Hasta la fecha, son las únicas dos personas formalmente señaladas en el caso de Koriun Inversiones. El juez determinó enviarlos a prisión preventiva hasta la celebración de la próxima audiencia.
Los juzgados capitalinos informaron que las principales pruebas en el caso son los 125 millones de lempiras encontrados en la residencia de Iván Velásquez y los cinco millones que poseía su esposa.
Ante esta situación, el abogado Franklin Gómez declaró en Radio Progreso que será muy difícil comprobar el delito de lavado de activos, ya que el dinero proviene de los inversionistas. Según él, esto también complica la acusación por estafa, especialmente porque la empresa había estado cumpliendo con la entrega de ganancias y devolución de capital a los socios.
División en el Congreso ante posible devolución de fondos
La propuesta de que el Estado de Honduras devuelva el dinero a los inversionistas afectados por la empresa Koriun Inversiones genera división en el Congreso Nacional, donde no hay claridad ni consenso al respecto.
El diputado liberal Marlon Lara aseguró que no conocen el contenido del proyecto de ley. “Cualquier diputado que opine sobre esto está mintiendo, porque no conocemos el proyecto. No sabemos qué dice. Lo primero que necesitamos es la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), explicando cómo funcionaba esta empresa: cuántas personas están afectadas, quiénes son los inversionistas, cuántas ya recuperaron su inversión. Son preguntas que deben ser respondidas”, expresó.
Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrio, opinó que se trata de una transacción privada. “Hay que tener mucho cuidado si se va a enviar un proyecto de ley. Los diputados debemos ser responsables y leer muy bien ese proyecto, porque en términos generales esto es una transacción privada, donde el uso de dinero público no tendría justificación”, advirtió.
La diputada nacionalista María Antonieta Mejía también se mostró en contra de usar fondos del Estado para resarcir a los inversionistas. “Sería un mal precedente y además implicaría incurrir en un delito que no prescribe. Los diputados tendríamos una responsabilidad que podríamos cargar en el futuro. Por eso no podemos precipitarnos; se necesita un análisis profundo de lo que está ocurriendo”, concluyó.
El caso de Koriun cobró relevancia el pasado 23 de abril de 2025, cuando el Ministerio Público (MP), junto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), allanó las oficinas de la empresa en todo el país.
Increíblemente, durante las inspecciones se encontraron más de 358 millones de lempiras en efectivo, almacenados en cajas de cartón, bolsas plásticas y gavetas. Además, se congelaron más de 69 millones de lempiras en cuentas bancarias. También se aseguraron bienes, vehículos y propiedades de los representantes, incluido el gerente Iván Velásquez.
Esta situación, sumada a la incertidumbre de no saber dónde está su dinero, ha provocado caos entre los inversionistas, muchos de los cuales hacen largas filas en las oficinas de Choloma, Copán y Santa Bárbara, exigiendo la devolución de sus fondos.
