Demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño
Este informe fue realizado y publicado por el equipo de investigadores del Instituto de
Estudios Políticos – proyecto de Minería y Comercio (IPS), el Instituto Transnacional
(TNI), TerraJusta y la Red de Solidaridad con Honduras (HSN): Luciana Ghiotto, Jen
Moore, Aldo Orellana López, Karen Spring y Manuel Pérez Rocha.
Entre 2023 y 2024, Honduras ha recibido 14 demandas en el arbitraje internacional, todas presentadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, o CIADI, que depende del Banco Mundial. Solo en agosto de 2024 se presentaron cuatro demandas, coincidiendo con la salida oficial de Honduras del CIADI, anunciada por el Gobierno de Xiomara Castro en febrero de 2024. Es importante destacar que CIADI es solo uno de varios tribunales a nivel internacional en donde las empresas pueden presentar sus demandas, aunque es el más usado.
Honduras tiene cuatro vías legales que permiten a los inversionistas extranjeros demandar al Estado:
- Ocho tratados bilaterales de inversión.
- Doce tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos conocido como CAFTA.
- La Ley para la Promoción y Protección de Inversiones fue aprobada en el contexto del evento “Honduras abierto a los negocios” en 2011, después del golpe de estado.
- Y los contratos directos con inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
Desde 1999, Honduras ha enfrentado un total de 19 demandas. Es decir, hubo relativamente pocas antes de 2023. De estas, 15 están pendientes, tres fueron resueltas a favor del inversionista y una se arregló fuera del arbitraje. La firma estadounidense de abogados White & Case ha asesorado a inversionistas en nueve de estas demandas en curso.
La demanda más costosa en contra de Honduras ha sido interpuesta para tratar de contener los esfuerzos de la actual administración de desmontar el andamiaje normativo de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) después del golpe de Estado. La norteamericana Próspera reclama 10,775 millones de dólares, equivalente a casi tres veces el Plan de Inversión Pública aprobado para 2024.
La investigación llegó a concluir que son demandas «mafiosas» porque la mayor parte son de empresas cuyas inversiones fueron realizadas de manera irregular, durante el periodo conocido como la narcodictadura en Honduras, después del golpe de Estado de 2009. En general, han estado plagadas de irregularidades y actos administrativos corruptos, impuestas en contra de la voluntad de las poblaciones locales o dañinas al interés público, a la vez que fueron realizadas en el contexto del gobierno represivo de Juan Orlando Hernández (2014-2022). Muchas veces, los inversionistas han tenido vínculos directos o indirectos con redes criminales.
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