La precandidatura de Ana García, a pesar de su vinculación con un legado político oscuro y los cuestionamientos sobre su posible implicación en corrupción, representa un grave desafío para la ética política en Honduras.
La persistencia de figuras con lazos con el crimen organizado y la corrupción, como el caso de García y su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, demuestra una falta de depuración en la clase política y socava la confianza pública en las instituciones del país.
Dicen que la política es el arte de lo posible, pero Honduras ha cruzado la línea, convirtiéndola en el arte de lo impensable. Tal es el caso de Ana Rosalinda García Carías, quien, envuelta en la mayor nebulosa de corrupción y vínculos con el crimen organizado, y heredera del oscuro legado de la más rancia tradición política, hoy emerge en la búsqueda de una candidatura para la Presidencia de la República.
Su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, sigue con simpatía su carrera desde los barrotes de una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, donde cumple condena por conspiración en el tráfico de drogas y tráfico ilegal de armas de alto calibre.
Apenas habían pasado cuatro días desde la condena de culpabilidad contra su esposo cuando García anunció su intención de ser presidenta del país. Ahora se postula en las elecciones primarias de su Partido Nacional, programadas para el 9 de marzo de 2025, ocupando la segunda posición en la papeleta electoral.
La figura de García Carías se sumerge en una herencia política que la remite al exdictador Tiburcio Carías Andino (1933-1949), un legado de extrema derecha que ahora la proyecta hacia estrechos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, hasta la fecha, la ex primera dama no ha sido acusada de ningún delito relacionado con esta actividad, como suele ocurrir en el sistema de justicia hondureño. García es abogada y notaria pública. Nació en Tegucigalpa el 21 de septiembre de 1968. Su vida ha estado marcada por la influencia del linaje «cachureco» de su familia y la de su esposo, a quien conoció cuando tenía 18 años y con quien contrajo matrimonio tras un noviazgo de año y medio.
¿Es su precandidatura una desfachatez política?
Aunque no existe inhabilitación penal que impida su participación, “políticamente y éticamente, la precandidatura presidencial de Ana García es una bofetada a la dignidad del pueblo hondureño y significa, además, el colapso moral de la clase política. Esto debe llamarnos a la reflexión, porque, desde la desfachatez política, buena parte de la sociedad lo ve como normal, y la institucionalidad se vuelve cómplice al no investigar los señalamientos”, indicó Víctor Fernández, exfiscal del Ministerio Público.
“Yo no estoy buscando la presidencia para protegerme, mi protección viene de Dios (…) lo hago porque conozco lo que hay que hacer, conozco el trabajo, sé de la dedicación y la lucha que ha tenido mi esposo cada día, y sé de las grandes necesidades que vive Honduras”, dijo Ana García en respuesta a los cuestionamientos sobre su precandidatura.
Asegura que su esposo es inocente, aunque, según la justicia estadounidense, durante los ocho años en que Hernández fue presidente de Honduras, este pequeño país centroamericano fue zona de tránsito para cientos de toneladas de cocaína que fluían hacia el norte con destino a Estados Unidos. Para muchos analistas y líderes políticos, el país fue convertido en un narcoestado.
Esto llevó a que su esposo, Juan Orlando Hernández, recibiera en junio de 2024 una condena de 45 años de prisión por delitos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y por poseer «dispositivos destructivos», como ametralladoras. Mientras tanto, su cuñado, el exdiputado por el Partido Nacional Juan Antonio “Tony” Hernández, fue sentenciado en marzo de 2021 a cadena perpetua, más 30 años de prisión en Estados Unidos, también por cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas. “Un país que se respete, una sociedad que se respete, no debería permitir este tipo de osadía en política. Aunque la responsabilidad penal es personal en el caso de su esposo, el entorno bajo el cual él fue juzgado fue como figura pública, y como presidente compartió este entorno con su esposa, Ana García, quien actuó, ya sea por acción u omisión”, indicó Fernández.
¿Corrupción de Ana García?
La extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) vinculó a Ana García, desde 2019, en varios casos de corrupción. Según las investigaciones, a través de la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (FUNDEIH) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer (FUNDEIMH), ambas inscritas a su nombre en 2006 y estrechamente vinculadas al programa Vida Mejor, se drenaron más de tres mil millones de lempiras.
El programa Vida Mejor, iniciado en 2012 junto a Juan Orlando Hernández, se convirtió en un pilar del proyecto político de la familia Hernández. La relación de García Carías con estas fundaciones y la aparente facilidad con la que accedieron a fondos gubernamentales llevaron a la MACCIH y a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) a investigar un sistema de corrupción que utiliza las ONG para desviar fondos hacia intereses particulares.
Las investigaciones revelaron un patrón de conducta que implica a exaltos funcionarios y miembros de la entonces familia presidencial en la gestión y desvío de fondos destinados a proyectos sociales. Gran parte de este dinero se canalizó, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en las elecciones.
La implicación de la familia Hernández García en casos de corrupción, como el Caso Pandora, Arca Abierta y la Red de Diputados, ha expuesto un esquema en el que fondos destinados a proyectos sociales fueron desviados hacia cuentas personales de políticos y asociados, incluidos familiares y personas cercanas a la exfamilia presidencial.
“Yo escucho a algunas personas decir: pobrecita doña Ana, ¿cómo estará sufriendo?’… pero doña Ana es cómplice de Juan Orlando. No olvidemos que la MACCIH realizó investigaciones sobre esa señora por 4,500 millones de lempiras que ella y su madre habrían desviado mediante esas ONGs corruptas. Ahí están los resultados de las investigaciones de la MACCIH”, indicó el analista Jorge Yllescas al programa Frente a Frente. En este programa, transmitido el año anterior, Yllescas pidió al pueblo hondureño ser severo e implacable contra Ana García por ser cómplice de su esposo. Recordó que la corrupción en Honduras es la que mantiene a la población hundida en la pobreza y la desesperanza. A su criterio, los partidos políticos deben ser depurados para evitar que este tipo de personajes sigan siendo parte de los tomadores de decisiones.
¿Ana García evitó la incautación de bienes?
Pareciera que los acuerdos establecidos por JOH con el sector bancario facilitaron a su esposa García la transferencia de bienes inmuebles bajo el esquema de dación en pago al banco FICOHSA.
A tan solo una semana antes (22-02-22) de que la justicia hondureña concediera la extradición de su esposo, y tras otorgarle un poder general de administración y representación, Ana García pagó una supuesta deuda con el banco Ficohsa mediante dación en pago, que alcanzó más de 60 millones de lempiras (60,119,295.96).
Esto reflejó una transacción atípica y veloz, especialmente porque eran bienes que, dados los cargos de narcotráfico contra JOH, debían haber pasado a custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pero se logró prevenir su incautación.
Hasta la fecha de esta publicación, no se ha investigado a fondo las condiciones bajo las cuales se efectuó la donación, que normalmente requiere un proceso de seis semanas para su ejecución, pero que se completó en un asombroso récord de 34 minutos.
La facilidad con que se procesó la dación en pago y la falta de supervisión por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) plantean dudas sobre la integridad de estas operaciones.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, cuestionó en ese momento que Ana García hubiera efectuado un movimiento bancario irregular sin que se emitiera la alerta correspondiente. Sin duda alguna, el caso de Ana García y su esposo Juan Orlando Hernández, aunque este último se encuentre preso en Estados Unidos, sigue siendo una mezcla de política al estilo Honduras. En este matrimonio existe influencia, poder y fuertes vínculos con estructuras oscuras, que, aunque no es el único caso, sigue siendo emblemático y uno de los grandes obstáculos que deben superarse para asegurar un futuro más transparente y justo para el país.
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