

Crímenes de defensores bajo la sombra de la impunidad
Margarita Murillo, Berta Cáceres, Aly Domínguez, Jairo Bonilla, Juan López, Juan Silva y su hijo Juan Antonio, son casos emblemáticos de defensoras y defensores de los bienes comunes que han sido víctimas de crímenes violentos y que muestran la terrible impunidad, delitos que en su 95% están sin resolver, como ocurre, entre otros, con quienes se han opuesto al proyecto minero de inversiones los Pinares y la termoeléctrica Ecotek, en los sectores de Guapinol y San Pedro.
Los asesinatos de defensores y defensoras de los bienes comunes y de los territorios de sus comunidades han sido causados por oponerse a proyectos extractivos mineros, hidroeléctricas, agroindustria expansiva y mega proyectos turísticos en zonas costeras.
Además, la violencia ejercida en contra de estos grandes luchadores sociales está vinculada a grupos del crimen organizado asociados al narcotráfico, la tala ilegal y la destrucción de bosques, el tráfico de tierras que lleva al desplazamiento forzado de familias y comunidades.
Los crímenes de los defensores y defensoras de los bienes comunes nos revelan la debilidad institucional del Estado hondureño. Esto deja al desnudo la ineficacia del sistema de justicia para esclarecer y hacer justicia, tanto a las víctimas como a las comunidades afectadas por el extractivismo y las inversiones que destruyen nuestra casa común. De hecho, las investigaciones no llegan a fondo para resolver los crímenes, además, se pone en evidencia la falta de protección de los mismos defensores y defensoras.
La combinación de intereses de grupos económicos poderosos, el crimen organizado, la corrupción institucional y la debilidad de nuestro sistema de justicia, ha creado una atmósfera tóxica en contra de los defensores y defensoras del medio ambiente que de ser víctimas pasan a ser estigmatizados hasta convertirlos en victimarios. Antes de asesinarlo, Juan López fue declarado enemigo del desarrollo y fue criminalizado, acusado de ejercer acciones violentas. Tanto los derechos humanos como el medio ambiente seguirán bajo amenaza si no se pone fin a la impunidad. Seguiremos exigiendo un país seguro y la justicia para todos los defensores y defensoras de comunidades y territorios bajo amenaza extractiva. No más impunidad ante los crímenes de defensores y defensoras del medio ambiente!

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