Honduras otra vez en primer lugar
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos recientemente publicó un informe sobre el uso de los sistemas judiciales con el objetivo de intimidar a quienes defienden la vida para acallarla.
Esta es una táctica consistente en acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPPs por sus siglas en inglés) utilizada por actores empresariales inescrupulosos para frenar a quienes denuncian sus prácticas corruptas o dañinas al medio ambiente.
El número más alto de SLAPPs se ha ejecutado en Latinoamérica (39%), en donde Honduras ocupa el primer lugar. A nivel mundial, 9 son los países con más casos de este tipo: Tailandia ocupa el primer lugar con 49, Honduras el segundo con 46 y Perú el tercero con 38.
De acuerdo con este informe, los SLAPPs no solo buscan intimidar, sino también drenar los recursos de los miembros de la comunidad, a defensores ambientales y a periodistas que levantan su voz para apoyar los derechos humanos y ambientales.
El impacto de este tipo de acciones judiciales abusivas puede paralizar las luchas, al disuadir a otras personas para que no denuncien los abusos cometidos por las empresas, ya que pueden sufrir demandas gravísimas y hasta la cárcel, como ha sucedido con tanas personas en Honduras.
Sin duda alguna, los SLAPPs no serían posibles si tuviéramos un Ministerio Público independiente e imparcial que, en vez de criminalizar a la gente, cumpla con su obligación de representar los intereses generales de la sociedad e investigar a quienes realmente le hacen daño al país.
Por eso, debemos estar alertas y vigilantes ante el proceso de elección de la nueva persona fiscal general del Estado, pues nuestras luchas y nuestra libertad dependen de ello.
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