| Miércoles 18, Septiembre 2024 |  |
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Justicia electoral desde los sin poder
El sistema electoral está organizado de tal manera que los electores solamente puedan ejercer su voto cada cuatro años para elegir a sus representantes en el gobierno. No hay modo de cambiar a quienes se eligen y son cuestionados por su incapacidad de gestión o por delitos, por muy graves o causas justificadas para que sean separados de sus cargos.
La gente no tiene el poder de hacer justicia cuando el sistema electoral tiene falencias; las instituciones judiciales no son eficaces, y también están politizadas, mezcladas con redes de corrupción, narcotráfico y con tantas denuncias de impunidad.
En nuestro país, lastimosamente, cada proceso de decisiones en las distintas instancias del gobierno se convierte en un largo peregrinaje de conflictos, dimes y diretes entre los tomadores de decisiones, y un largo viacrucis para un pueblo excluido de decisiones fundamentales. Además, toda decisión se convierte en un juego de poder y de negociaciones entre aquellos que tienen el sartén por el mango, para ver quien saca la mejor tajada. Todo queda en confrontaciones, debates infructuosos e inútiles, mientras el pueblo ve y oye desde lejos mientras sigue padeciendo su viacrucis.
Vamos a un proceso de elecciones primarias y generales sin reformas electorales. Sin segunda vuelta, sin ciudadanización de las mesas receptoras de votos, sin restricción de la reelección de alcaldes y diputados, sin la separación de elecciones presidenciales y de diputaciones y alcaldías. Ninguno de estos temas se puede debatir, y la gente nada puede decir porque no se hicieron las reformas necesarias. En estas próximas elecciones seguiremos con el mismo marco normativo que nos ha dejado un reguero de irregularidades y fraudes electorales.
El ambiente electoral sigue partidizado. Si existen tantos pleitos por ver quiénes dirigen el CNE es porque se sabe que desde ahí se pueden meter los intereses de las cúpulas de los partidos por encima de los intereses de la nación. Los partidos hablan de transparencias y de lucha contra la corrupción, pero siguen sin publicar los perfiles de sus candidatos. Y así, nadie puede asegurar que no sigamos teniendo candidaturas vinculadas con el narco y con otros delitos de corrupción.
Hablamos de democracia, pero la legislación sigue sin tomar en cuenta la participación de las inmensas mayorías en decisiones fundamentales en el proceso electoral y en el gobierno una vez electas las autoridades. Después de que se han aireado tantos nombres vinculados con el narco, queda una demanda a gritos: Justicia Electoral.
Si queremos democracia y queremos dejar atrás golpes de Estado, fraudes y narcos en cargos de elección popular, pues exigimos a nuestras autoridades que dejen de ir a paso de tortuga, y den pasos firmes para sentar las bases legales que aseguren la plena participación ciudadana para que los procesos electorales sean libres, transparentes y justos.
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