| Jueves, 05 junio 2025 |  |
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La agenda ambiental hondureña
La ecología se ha convertido en un tema estratégico a nivel global, y en el caso de Honduras, está profundamente ligada al modelo económico basado en la explotación irracional de los bienes naturales. El Sondeo de Opinión Pública del ERIC, exploró la percepción de la ciudadanía sobre dinámicas relacionadas con el extractivismo, y los resultados son contundentes: el 82.1 por ciento de la población está en contra de la explotación minera, una postura crítica frente a las más de 300 concesiones mineras entregadas por los últimos gobiernos.
El impacto ambiental es visible y preocupante. Las altas temperaturas de los últimos años se relacionan directamente con la deforestación, y la población lo tiene claro: el 96.2 por ciento se opone a la venta y tala de los bosques. Además, el 85 por ciento está a favor de establecer una veda forestal, como medida urgente para frenar el deterioro ambiental.
La ciudadanía también muestra rechazo a prácticas agrícolas que afectan el medio ambiente. Tal es el caso de la quema de la caña de azúcar, rechazada por el 63.5 por ciento de la población, lo que refleja una preocupación creciente por las prácticas de la agroindustria que entran en conflicto con la conservación del entorno.
La interconexión entre los distintos problemas ambientales es evidente, a mayor deforestación, explotación minera y construcción de represas, mayor es el deterioro de los ríos y humedales. Esto impacta directamente en la disponibilidad de agua, cada vez más escasa y convertida en un negocio. En este contexto, el 93.5 por ciento de la población se manifestó en contra de la privatización del agua, defendiendo su carácter de bien común.
En cuanto al uso de los recursos hídricos para generación de energía, el 67.7 por ciento de la población está de acuerdo con la construcción de represas hidroeléctricas. Este dato revela una visión más favorable hacia fuentes de energía renovable, aunque persisten debates sobre su impacto ambiental y social.
Esta agenda es una gran oportunidad para que el gobierno, empresa privada y todos los sectores sociales se convoque a un diálogo real sobre los bienes naturales, que desemboque en consensos mínimos sobre la explotación minera, hidroeléctricas y la agroindustria. La población ha dado su palabra, luchemos para que no sea un grito en el desierto.
