| Miércoles 11, diciembre 2024 |  |
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La cárcel en Mocorón y el pueblo misquito
Recientemente, la ministra de Defensa, Rixi Moncada, señaló que el gobierno planea construir el Centro de Reclusión de Emergencias en Mocorón, frente a lo cual existe oposición del pueblo misquito.
El gobierno hondureño debe comprender que cualquier proyecto que se pretenda instalar en territorio de un pueblo originario requiere previamente la realización de una consulta.
La oposición de este proyecto no es un capricho de la comunidad, sino una exigencia de respeto de su identidad cultural y de su vínculo con la tierra y el territorio.
Por ello, el gobierno tiene la obligación de cumplir tres condiciones fundamentales: realizar una consulta previa e informada, garantizar la participación razonable en los beneficios y efectuar un estudio previo de impacto ambiental y social realizado con participación de la comunidad.
Estas condiciones son parte de los estándares desarrollados por el Convenio 179 de la OIT y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales tienen rango constitucional.
Además, son condiciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tres sentencias contra Honduras a favor del pueblo garífuna en los casos Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan.
Y también de lo señalado por la Sala de lo Constitucional en su sentencia 1165-2014 del 23 de junio de 2017 en el que estableció la obligación del Estado de consultar previamente a los pueblos originarios.
Este es un asunto que permitirá confirmar si este gobierno escuchará a los pueblos y respetará la legalidad, o si se impondrá por la fuerza y de manera inconsulta.
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