La sabiduría de la gente y el Sondeo de Opinión Pública

El Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ publicado recientemente refleja que, a pesar del cerco mediático, la sociedad hondureña tiene claro que la situación en el país es grave, como lo han venido señalando diversos organismos internacionales que evalúan el estado de la democracia y el Estado de derecho en el mundo.

Así, frente al Índice de Democracia del diario inglés The Economist que señala que Honduras está a un paso de convertirse en un régimen totalmente autoritario, el 61.7% de la población cree que la democracia no se ha fortalecido en estos 10 años y el 83.9% no confía en el Tribunal Supremo Electoral.

Mientras el Índice del Estado de derecho del Proyecto de Justicia Global señala que Honduras es un país débil en institucionalidad democrática e independencia judicial, el 88% cree que las personas juezas, fiscales y magistradas protegen los intereses de las corruptas y poderosas, y el 82.2% no cree en el Poder Judicial.

Mientras el Índice de Estados fallidos del Fondo para la Paz señala que Honduras es un país en advertencia de convertirse en un Estado fallido por la falta de legitimidad e incapacidad de prestar servicios básicos, el 70.3% cree que el narcotráfico controla las instituciones del Estado y el 88.7% cree que estamos más pobres que hace 10 años.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que el gobierno privilegia la represión frente al diálogo y que la situación de derechos humanos es grave, el 84.4% cree que tal situación sigue igual o ha empeorado, y el 65.1% que el gobierno no respeta a las personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la opinión de la gente de a pie reflejada en el sondeo de opinión pública, Honduras es un narco Estado, con una corrupción extendida en todas las instituciones públicas y con un gobierno sin legitimidad, lo cual se refleja en la muy baja nota de 3.6 que recibe el presidente de facto, y en el 62.7% de la población que piensa que debe salir antes de que termine su mandato ilegal.