-Informe de C-Libre

-Entrevista a relator por la libertad de expresión de la CIDH

En 2015, de acuerdo al informe anual del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), se emitieron 219 alertas por violaciones a la libertad de expresión. El 75 por ciento de las alertas son ataques contra periodistas y comunicadores sociales.

Según el informe, el gobierno de Juan Orlando Hernández es el mayor violador de la libertad de expresión, a través de las instituciones de seguridad y la utilización de normas administrativas.

“En primer lugar el poder ejecutivo visto desde el área de protesta social a través de los militares y policías, y a través de organizaciones como CONATEL – Comisión Nacional de Telecomunicaciones- y diferentes acciones que se han cometido desde el área de salud y educación”, describió Amada Ponce, subdirectora de C-LIBRE.

El año anterior, se registraron 10 asesinatos, siendo las víctimas un director de programa de noticias, tres presentadores de programas de entretenimiento, uno de programación religiosa, cuatro camarógrafos, un operador de controles y un propietario de medio de comunicación.

Ana Ortega, presidenta de la junta directiva de C-LIBRE, comenta que la censura a la libertad de expresión no solo se expresa en las agresiones y asesinatos, sino que también a través del chantaje gubernamental: “y otro tipo, digamos, de hostigamiento que se hace desde el poder, que no necesariamente se tipifica como delito, es el chantaje a través de propaganda pública, amenazas y otro tipo de presiones típicas del poder que limitan la libertad de expresión y acceso a la información”.

Gobierno intolerante

Durante 2015, las agresiones se triplicaron debido al aumento de la protesta social por parte de diversos sectores, resalta el informe.

“Las manifestaciones en las calles se convirtieron en un medio de expresión desde la sociedad hasta las y los estudiantes de nivel medio y superior, incrementando con eso los niveles de ataques contra la libertad de expresión, en su mayoría por parte de los cuerpos represivos del Estado”, remarca C-LIBRE.

Aunque aumentó la protesta social, la frecuencia de agresiones indica que el grupo con mayor número de ataques siguieron siendo las personas que ejercen el periodismo, con un registro de 110 alertas.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comentó que los funcionarios públicos deben expresarse con prudencia para evitar seguir cometiendo agresiones o ataques contra el ejercicio de la libertad de expresión.

“Hablan de funcionarios públicos, de funcionarios judiciales, de policías, por lo tanto, creo que ahí es un desafío y una preocupación importante porque los funcionarios son los que tienen que proteger, resaltar el trabajo que hace la prensa y atenderla, obviamente, tienen derecho a la libertad de expresión los funcionarios públicos pero también tienen el deber de expresarse con cautela”, apuntó Lanza.

Debido a la concentración del poder político institucionalizado, el departamento de Francisco Morazán fue la zona geográfica con la mayor cifra de agresiones registradas, es decir, 150 ataques contra la libertad de expresión.

Un Código Penal para criminalizar

El informe sobre el estado de libertad de expresión, además, numera que aumentaron los procesos judiciales a nivel nacional y “el panorama es desfavorable en materia legislativa” pues se han creado varias normas que restringen la libertad de expresión.

“Está por aprobarse un nuevo Código Penal sin la debida discusión con los diferentes actores sociales, tampoco sin hacer el respectivo estudio de impacto de DDHH, que establece varias nuevas formas de criminalización de la protesta social, también la persecución de supuestos delitos contra el honor que sirve al gobierno de turno para atacar voces críticas”, analiza C-LIBRE.

Uno los casos, más graves según C-LIBRE, es la sentencia condenatoria contra el periodista David Romero Ellner, condenado a diez años de reclusión, en su proceso que se desarrolló durante 2015 y finalizó en febrero de 2016.

Por otra parte, documentaron varios casos de utilización de normas administrativas con la emisión de resoluciones sancionatorias contra empleados y empleadas públicas que opinaron o dieron información de interés público a través de entrevistas brindadas a medios de comunicación.

Edison Lanza comenta que desde el mecanismo universal de protección y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH coinciden que los casos de interés o de funcionarios públicos “no deberían ser objeto de sanción o respuesta penal sino que deberían ser tratos en el ámbito del derecho civil”.

“Porque el uso del derecho penal tiene un efecto inhibitorio desproporcionado y es una forma de castigo más dura que tiene el Estado, por lo tanto, desde el estándar de la Comisión y la Relatoría es que se despenalice –injuria y calumnias-“, sugirió Lanza.

Escuche entrevista a Edison Lanza AQUÍ

El Comité por la Libre Expresión puntualiza que “frente a la presión nacional e internacional ante la escalada de agresiones, en abril de 2015, el Estado aprobó la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia, unos días antes del Examen Periódico Universal (EPU 2015)”.

Sin embargo, a un año de su implementación no ha logrado “la confianza de las y los posibles beneficiarios”. Amada Ponce detalla que hasta la fecha la Ley solo se ha implementado en 38 casos, nueve de ellos periodistas.

“Algunos de ellos –periodistas- ya tenían protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir que hay una doble protección y deberían estar más garantizadas sus vidas y su trabajo”, explicó.

Agrega que el mecanismo de protección se “pone en entredicho” porque  quien lleva el control es la Secretaría de Seguridad, “por lo tanto, y como lo vemos reflejado en el informe contrasta con quienes son los agresores”.