En la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos, está ocupando el lugar central el derecho de libre determinación o derecho de autodeterminación de los pueblos, sin embargo con la proliferación de megaproyectos las denuncias de que este derecho se está violentando de manera sistemática en Honduras han aumentado, a pesar que el Estado es firmante de los tratados internacionales que establece este y otros derechos elementales.
Para los pueblos el derecho a la autodeterminación equivale a la soberanía popular. Sin embargo en la actualidad cientos de comunidades se ven amenazadas por más de 300 nuevas concesiones mineras, 68 concesiones de ríos para la instalación de hidroeléctricas y lo más nuevo es proceso de instalación de las Zonas Especiales de Desarrollo o ciudades modelo.
“Estos proyectos se aprueban sin el consentimiento de las comunidades en clara violación al derecho a la autodeterminación como derecho de un pueblo a decidir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente sin injerencias externas”, indicó el investigador Pedro Landa, quien forma parte del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ.
Aseguró que la libre determinación o autodeterminación abarca la protección de la integridad territorial y esto es lo que provoca el temor para el gobierno hondureño que ve con grado limitado a los sectores originarios como si no fueran capaces de formular su destino.
Obligados a respetar
El 13 de diciembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cuyo articulado reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La libre determinación está también recogida en otros de los documentos internacionales más importantes, como la Carta de las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
“El Estado hondureño está obligado a cumplir con los tratados internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos. En cuanto a los tratados Internacionales, una vez que se ratifica un Tratado Internacional se convierte en una Ley y los poderes del Estado y la institucionalidad de manera obligada lo tiene que respetar”, indicó el también ambientalista Pedro Landa.
Haciendo uso del derecho a su autodeterminación, seis municipios de la zona norte hondureña han dado un paso significativo en rechazo al modelo extractivista, al declararse “territorios libre de explotación minera y de hidroeléctricas”, se trata de: El Negrito, El Progreso, ubicados en el departamento de Yoro; San Nicolás, Santa Bárbara; Balfate, municipio del departamento de Colón; San Francisco y Arizona, en el departamento de Atlántida, fueron los últimos en tomar la determinación.
“Pero existe un problema que la nueva Ley de Minería no contempla este derecho que tienen las comunidades y más bien se ha mencionado que hay una circular para las alcaldías para manifestarles que no es válido las declaratorias realizadas en cumplimiento a demandas de las comunidades”, indicó Juan Mejía, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.
Derecho a la consulta previa
“A partir del golpe de Estado en Honduras en el año 2009, se aceleró el declive en materia de derechos humanos en todo el país, situación que afectó severamente a los pueblos indígenas ante un incremento de las políticas económicas neoliberales y el control territorial a manos del crimen organizado, especialmente en la costa norte del país”, indicó Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.
A renglón seguido dijo que el desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se ha convertido en una política de Estado, a pesar de su campaña mediática de una supuesta protección de los derechos de los pueblos y nuestros territorios.
Al igual con otros sectores del país “el derecho a la Consulta Consentimiento Previo, Libre e Informada, fue obviado o tergiversado en el caso de la construcción de la hidroeléctrica del Patuca III, pasando además a la entrega de 35,000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental frente a la Moskitia al Grupo British Gas, incluyendo las concesiones de más de medio centenar de cuencas hidrográficas muchas de ellas en territorios de los pueblos indígenas a la iniciativa privada, además de múltiples concesiones mineras en comunidades indígenas”, indicó.
“A pesar del desastre ambiental por el cual atraviesa Honduras, especialmente en relación a las consecuencias del cambio climático, las diferentes administraciones gubernamentales en las últimas décadas, han mostrado una enorme indiferencia ante las problemáticas, sin que existan respuestas concretas más allá de una narrativa de desarrollo que podemos considerar obsoleta”, manifestó.
Magaproyectos, pobreza y muerte
“Además de la persecuciones, amenazas, criminalización jurídica, hostigamiento policíaco y militar, la población y organizaciones que nos oponemos a este tipo de proyectos debemos enfrentar el sicariato pagado por empresas o por personas afines reciben beneficios de las mismas”.
Lo anterior lo manifestó Consuelo Soto, de la Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, ubicada al norte de Honduras, quien manifestó que “a consecuencia de nuestra lucha en defensa de los recursos naturales, mi esposo fue asesinado este año y en la actualidad junto a varios compañeros de lucha estamos amenazados a muerte”.
“Por esta situación este año salimos de nuestras comunidades pero al regresar nos enfrentamos con la misma realidad, mi familia y yo estamos amenazados nuevamente. Nos dicen que si seguimos luchando nos va a pasar lo mismo que le pasó a mi esposo y a otros tres compañeros que fueron asesinados hace tres años aquí en nuestra Tribu”, indicó con gran preocupación la líder indígena.
El pueblo Tolupán, está conformado por 31 tribus en los departamentos (provincias) de Yoro y Francisco Morazán. De acuerdo a estudios este sector indígena recibe un ingreso monetario mensual de 300 lempiras (unos 15 dólares), con los cuales viven o sobreviven junto a sus familias. Un 95% de la población Tolupán menor de 14 años sufre desnutrición.
Sin embargo, la riqueza de sus territorios es grande y ahora se ha convertido en una fuente de peligro por quienes quieren explorar sin tomarlos en cuenta. Un 30% de la población Tolupán reporta minerales como plata en su territorios y un 70% reporta oro, “esto no quiere decir que nuestros compañeros Tolupanes son ricos, sino más bien que están sentados en un botín para los corruptos de este país, para las empresas madereras y empresas mineras transnacionales”, indicó Juan Mejía, del MADJ.
“En Honduras estamos a tiempo de articular la lucha contra la mercantilización de los recursos naturales, el acaparamiento de tierras y la mal llamada “economía verde”, en defensa de la justicia social y ambiental que está siendo constantemente agredida por una pequeña élite de poder nacional y el gran capital transnacional” concluyó Mirian Miranda de la Ofraneh.
