Tras las acusaciones del Tribunal Superior de Cuentas –TSC- en contra de la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, por la supuesta compra irregular de calzado para niños y niñas escolares de escasos recursos económicos, el Ministerio Público –MP- anunció que ha iniciado una investigación preliminar, que realiza la Fiscalía de la Transparencia y Combate a la Corrupción.
De acuerdo al informe del TSC, la compra de 42 mil pares de zapatos, valorada en más de siete millones de lempiras, fue realizada de octubre a diciembre de 2010, por el Despacho de la Primera Dama y pagada con fondos del Programa de Asignación Familiar –Praf-.
Yuri Mora, portavoz del MP, dijo a Radio Progreso que esta semana los fiscales a cargo de la investigación del caso “estarían citando a las primeras personas para conocer su versión de que fue lo que sucedió con esta aparente compra irregular de calzado, y, bueno, hay que dejar que siga el curso del caso hasta llegar con los responsables si es que los fiscales determinan que hubo delito”.
Según la investigación del TSC, Rosa Elena de Lobo, esposa del ex presidente nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, ordenó ejecutar la compra mediante el proceso de tres cotizaciones, pasando por alto la ley de indica que se debió hacer mediante licitación pública.
Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en Honduras –TI-, recuerda que las denuncias de injerencia y supuestos actos de corrupción del despacho de la primera dama, se generan desde finales del gobierno de Lobo Sosa: “hace casi dos años empezamos a investigar y a decir ojo con esto, la señora Rosa Elena lo decía: ella no es funcionaria pública; y por eso la pregunta : ¿por qué una persona que no es funcionaria pública, que es una figura que no está en la Constitución tiene tanto poder?”.
Por su parte, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción –CNA-, declaró que dicha institución no iniciará una investigación del caso ahora llamado “El Zapatazo”.
“Nosotros hemos revisado, hemos investigado diferentes instituciones del Estado y en cada una de ellas hemos encontrado situaciones irregulares y hemos presentado información pertinente al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas en donde siempre encontramos actos de corrupción”, dijo Castellanos, al consultarle sobre el nuevo acto de corrupción que salpica al Partido Nacional.
“Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que de ser compartida con esa Fiscalía, provocará que esa Dependencia entable la acción penal correspondiente ante los Tribunales de Justicia respectivos”, apunta el TSC, en un informe remitido al fiscal general, Oscar Chinchilla.
Cabe destacar que Radio Progreso buscó las declaraciones de Daysi de Anchecta, presidenta del TSC, para ahondar en la investigación del caso, sin embargo, la funcionaria se negó a dar la entrevista aduciendo que todo estaba en el comunicado de prensa oficial.
El caso quedará en la impunidad
Horas después de salir a la luz pública el informe que evidencia indicios de responsabilidad penal en la compra de zapatos para el programa “Calzando los niños de Honduras”, la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, reaccionó mediante un comunicado en el que manifiesta que se han creado “señalamientos infundados en contra de un noble programa que benefició a miles y miles de niños de las escuelas públicas de Honduras”.
“El Tribunal Superior de Cuentas perfectamente sabe que el despacho de la primera dama no fue quien administró este programa, sino fue administrado bajo la responsabilidad administrativa del Programa de Asignación Familiar”, aseguró Rosa Elena de Lobo.
Sin embargo, para el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH-, Wilfredo Méndez, las acusaciones o señalamientos hacia la esposa del ex presidente Lobo Sosa de estar involucrada en un acto de corrupción quedarán en la impunidad, así como otros casos en los que se le acusó.
“En otros momentos hubieron, aun estando ella en la gestión pública, señalamientos sobre los temas de los medicamentos, contrataciones directas en las cuales se acusaba de enriquecimiento ilícito a al ex primera dama; eso es un ejemplo claro que la cadena de corrupción es bastante fuerte”, dijo Méndez.
Agrega que el caso quedará en la impunidad ya que “no se hará ningún proceso de investigación, porque el formato de protección a este tipo de funcionarios sigue aplicándose en la misma medida de forma tal que estos funcionarios no tenga la sanción”.
El informe especial No. 004-2013-DASS-PRAF-B del TSC se desprende de una “auditoría financiera y de cumplimiento legal practicado al Praf”, correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012, “que constató hallazgos de varias irregularidades”.
